Victoria judicial del magnate del acero, José María Aristrain, después de que el Supremo haya revivido la acusación contra él por el mayor fraude fiscal de la historia de España. El Tribunal Superior de Madrid ha decidido confirmar su absolución en la causa que investigaba maniobras ilegales del empresario en la venta de un piso para evitar perder la casa. Los jueces reconocen que existen “signos de simulación en el traspaso patrimonial censurado” en este segundo caso pero añade que son insuficientes para estimar los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado y condenarle.
En este caso la Agencia Tributaria y la Fiscalía denunciaban que el magnate del acero, una de las 25 mayores fortunas del país, puso en marcha una estrategia societaria ilegal para evitar el embargo de un piso y pagar menos IVA. Una de sus sociedades, llamada Pioninin SL y controlada por él al 99,99%, era propietaria del exclusivo inmueble y se encontró con una deuda de 660.000 euros por el IVA de varias obras realizadas en la casa, que no era deducible.
La solución que encontró el empresario fue que su propia sociedad le vendiera el inmueble por un precio de cinco millones y medio de euros, un pago aplazado durante un lustro según las acusaciones “sin ninguna garantía, ni requisito adicional ni inscripción registral”. Todo, según la Fiscalía y Hacienda, para esquivar los embargos y no perder la casa.
La operativa fue descubierta cuando el juzgado que le investigaba por el fraude de más de 200 millones de euros registró las propiedades del magnate en 2011 y encontró cuatro planos de un despacho de arquitectos para un proyecto en una casa de Madrid. El cliente no era Aristrain sino la sociedad Pioninin SL y el objetivo era evitar la subasta.
La Fiscalía llegó a pedir cuatro años de cárcel para él por frustración en la ejecución y solicitó la nulidad de la compraventa del piso, mientras que la Abogacía del Estado pidió la mitad de años de presidio. La Audiencia Provincial de Madrid optó por absolverle el pasado mes de octubre, al entender que no había pruebas suficientes de que el objetivo de toda la operación fuera dejar de pagar impuestos o esquivar el embargo: “No ha quedado probado que enajenase el inmueble con el fin de perjudicar a la Agencia Tributaria”, dijo esa sentencia.
Según ha sabido elDiario.es, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado los recursos con los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pretendían que su juicio se repitiera pero ante distintos jueces de la Audiencia Provincial. Las acusaciones entendían que su sentencia absolutoria había incurrido en “criterios contradictorios” a la hora de absolverle, a los que el TSJM contesta: la sentencia sí “distingue” entre Aristrain y su empresa y el aplazamiento del pago de los cinco millones y medio por la compra del piso tenía origen en una falta de liquidez “debida a esos embargos por una imputación por delitos fiscales que terminó en sentencia absolutoria.
Otro de los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público es que para Aristrain y su empresa era “previsible” que en toda esa operación empezara un proceso de ejecución, y que todas las maniobras que pusieron en marcha tenían por objetivo “defraudar las expectativas del acreedor”: la Agencia Tributaria. Los jueces reconocen que la operación fue sospechosa: “Hemos de convenir en la existencia de signos de simulación en el traspaso patrimonial censurado”.
Entre otros indicios, el TSJM cita “la desaparición del crédito” en los balances de la empresa durante varios años así como en sus cuentas anuales. También el “escaso precio” atribuido a la casa, que se vendió por 5,5 millones cuando un año antes la empresa lo contabilizada en 20 millones de euros. También que “a pesar de esto” la Comunidad de Madrid “dio por bueno el valor de la compraventa”.
En contra de esto y a favor del magnate, el TSJM explica que el valor objetivo de la casa había mermado, que esa compraventa “no sustraía el bien o al menos no lo salvaguardaba” ya que pertenecía a Aristrain en vez de a su empresa y que, además, “se llevó a cabo en escritura pública y sin opacidad”.
Esta sentencia del Tribunal Superior de Madrid fue notificada a finales del pasado mes de abril y todavía es recurrible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Un Tribunal Supremo que unas pocas semanas después notificaba una segunda sentencia que no traía tan buenas noticias: su juicio por el mayor fraude fiscal denunciado en la historia de España, del que había salido absuelto, debía repetirse.
La Fiscalía había llegado a pedir hasta 60 años de prisión para él por un fraude que superaba los 200 millones de euros, considerado como el más voluminoso en haber sido llevado a juicio ante un tribunal español. En total, según las acusaciones, llegó a los 211 millones a las arcas públicas repartidos entre los impuestos que no pagó por sus dividendos (131,9 millones), el IRPF (7,1 millones) y el Impuesto de Patrimonio (2,8 millones) y, finalmente, los 69 millones que tampoco abonó una de sus empresas por el Impuesto de Sociedades.
La Fiscalía entendió que todo era un “montaje puramente artificial” para pagar menos impuestos pero fue absuelto por la Audiencia de Madrid en una decisión que posteriormente confirmó el Tribunal Superior de Justicia de la capital. El Supremo ha devuelto el caso a la fase inicial para que se repita el juicio y que se examine con detalle una de las claves del caso: si España era o no era en ese momento “el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos” de Aristrain.
La repetición de este juicio por el fraude de 211 millones de euros pone en valor la importancia de la absolución que acaba de confirmar el Tribunal Superior de Madrid sobre la compraventa del piso en la calle Zurbano. Una confirmación por parte del Tribunal Supremo dejaría al magnate del acero sin cuentas pendientes ante la repetición de su juicio por el fraude fiscal masivo.
