El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ya ha transferido los 96 millones de euros públicos al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, unas cantidades que le corresponden al polémico empresario alemán Matthias Kühn, después de haber ganado un largo pleito al Govern balear por unos terrenos que eran de su propiedad. El Ejecutivo autonómico ya había abonado estas cantidades que, sin embargo, estaban consignadas en el TSJIB a la espera de la decisión final que tomara el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma. Las cantidades se han mantenido retenidas hasta ahora porque aún quedaba por resolver cómo se iba a abonar la deuda de más de 11 millones de euros que Kühn, a través de diferentes empresas, mantiene con Hacienda.
Sin embargo, según ha avanzado Última Hora y confirman fuentes del TSJIB a elDiario.es, los tribunales han rechazado el intento de la agencia tributaria balear y estatal para intentar que parte de la indemnización fuera primero a abonar los impagos de impuestos de las diferentes sociedades de Matthias Kühn. El diario local mantiene que el Juzgado de lo Mercantil rechazó acumular en un mismo procedimiento los distintos concursos de acreedores de cinco empresas que dependen de la empresa principal, Balearic Management Investments Consultants. De momento, la decisión allana el terreno para que los 96 millones de euros lleguen a las arcas de Kühn a través de la empresa Birdie Son Vida S.L.
Los terrenos por los que la Justicia ha considerado que Kühn debe ser indemnizado eran propiedad de la empresa Birdie Son Vida S.L. El Tribunal Supremo dictó sentencia firme recientemente, pero el conflicto se retrotrae a la época del socialista Francesc Antich (2007-2011). El Supremo recordó que hubo un procedimiento que finalizó mediante un auto del 23 de julio de 2013 que aprobó un acuerdo transaccional, entre el Govern del PP de José Ramón Bauzá (2011-2015) y Birdie Son Vida S.L. Este acuerdo reconoció el carácter urbano de los terrenos de la urbanización de Muleta II en el Port de Sóller.
Sin embargo, el Ejecutivo progresista de Armengol (2015-2023) aprobó la Ley 12/2017 de urbanismo de les Illes Balears, que recalificó los terrenos como suelo rústico protegido (ANEI), imposibilitando que Muleta II se pudiera reincorporar como suelo urbano en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Sóller. Así, la Justicia consideró que este cambio normativo impidió que los terrenos de Kühn se pudieran reincorporar como suelo urbano al PGOU de Sóller, como dictaminó un auto anterior del Supremo en julio de 2013.
Cabe recordar que la Fiscalía investiga al magnate por la creación de una supuesta red de empresas pantalla precisamente para eludir el pago de más de 11 millones de euros a la Agencia Tributaria. El empresario alemán defiende que las deudas que mantiene con el fisco son de empresas en concurso de acreedores. En un comunicado que fue facilitado a elDiario.es por su defensa legal, afirmó que el supuesto fraude fiscal a través de sociedades pantalla -que está siendo investigado por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción- “se refiere a la deuda que existe de las sociedades del grupo que se encuentran en concurso de acreedores desde 2016 y 2019”, en las que el empresario cesó como administrador. Por tanto, asegura, “no tiene deudas en ejecutiva con el fisco a nivel personal”.
En marzo de este año, funcionarios de la Agencia Tributaria registraron el domicilio del empresario e incautaron el contenido de sus ordenadores, ya que el fisco sospecha que Kühn creó una red de empresas pantalla para evitar el pago de sus deudas, que superan los 11 millones de euros. El registro del domicilio de Kühn se produjo con su presencia que, por otro lado, contó con la preceptiva autorización judicial, según informó Diario de Mallorca. El empresario, ligado al sector turístico e inmobiliario de lujo, habría rechazado poner a disposición de la investigación las contraseñas de sus equipos informáticos que tiene por objeto estudiar los datos que hay almacenados en ellos. Los inspectores investigan una maraña de empresas que presuntamente se habrían constituido con el fin de camuflar los beneficios procedentes de operaciones inmobiliarias y eludir sus obligaciones tributarias, según el diario local. Un caso que ha terminado llegando a la Fiscalía Anticorrupción de Balears.
