De repente, la fisonomía de la legislatura andaluza ha cambiado drásticamente. Las sentencias del Tribunal Constitucional que están exculpando o rebajando la condena a la antigua cúpula del Gobierno socialista por el fraude de los ERE han inyectado esteroides a un PSOE catatónico desde el fallo del Tribunal Supremo, que en 2022 dictó cárcel para el expresidente José Antonio Griñán, e inhabilitó para cargo público al expresidente Manuel Chaves, entre otros condenados.
Los socialistas han cambiado el guión de su estrategia de oposición en Andalucía -de la defensa al contraataque-, se han remangado para recuperar y limpiar su pasado político, resarcir a sus últimos gobernantes y atacar brutalmente al PP y al Gobierno de Juan Manuel Moreno, a quien acusan de haber organizado el “montaje” de los ERE y “una cacería política” contra el PSOE sin la cual “hoy no sería presidente”.
Desde el lunes, los socialistas amenazan con querellarse con cualquier dirigente del PP que siga “calumniando” al PSOE andaluz, anunciando la primera querella contra Elías Bendodo, vicesecretario del partido, sin que aún se haya sustanciado. Este miércoles han señalado directamente a Moreno. “Él es el jefe de la banda que promovió esta cacería política”, ha denunciado la portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, en una de las comparecencias más duras que ha pronunciado en la Cámara.
La consigna del partido que hoy pilota Juan Espadas es que todos sus dirigentes -diputados, alcaldes, concejales de este a oeste de Andalucía- respondan enérgicamente en estos términos a las acusaciones del PP, que sigue señalando al PSOE-A como responsable de un fraude masivo de 680 millones, en alusión a la partida presupuestaria de la que salieron las ayudas fraudulentas (pero también las legales, que a día de hoy sigue pagando el Gobierno de Moreno a los prejubilados).
“Sí, hicieron un montaje para que pareciera que el PSOE y su presidente y su gobierno habían robado dinero a los andaluces, lo cual es falso”, ha defendido Férriz ante la prensa, reiterando que “el PP jamás hubiera gobernado en Andalucía de no ser por el apoyo de la extrema derecha y de que pusieron en marcha la mayor cacería jurídica, política y mediática de la historia contra el Gobierno socialista”.
La portavoz socialista ha elevado el tono por encima de las críticas que el lunes vertió el propio Espadas, amenazando con querellas por injurias en los tribunales a cualquier cargo del PP que siga sosteniendo la teoría del “robo generalizado”. “El PP sólo sabe jugar sucio. La cúpula de la cacería que ha llevado a la cárcel a personas inocentes hoy se sienta en San Telmo. Los cooperadores necesarios de esta cacería han sido premiados y hoy ocupan cargos en la Junta. Limpiamente no podían gobernar en Andalucía y se dedicaron a destrozar a empleados públicos honestos, a manchar la historia del PSOE, a matar políticamente al adversario porque no podían democráticamente con ellos”, ha denunciado.
En un momento de su comparecencia, y a preguntas de los periodistas, Férriz ha respondido con un rotundo “sí” cuando le han preguntado si consideraba que el Gobierno de Moreno es “ilegítimo”. Tras la rueda de prensa, la portavoz socialista ha rectificado y matizado esta declaración. El PP llegó al poder tras las elecciones autonómicas de 2018, gracias a un pacto de Gobierno con Ciudadanos y al apoyo externo de Vox. En 2022, Moreno logró mayoría absoluta con 58 diputados.
La corrupción ha sido un tema prácticamente vedado para los socialistas andaluces en su labor de oposición al PP, precisamente porque cualquier intento de señalar irregularidades en el Gobierno de Moreno -por ejemplo, amagan desde hace un año con llevar a los tribunales los contratos a dedo con la sanidad privada- se daba de bruces con el caso ERE. Los populares aireaban que el macrofraude que condenó a 22 exaltos cargos socialistas, incluidos dos expresidentes, era “el mayor caso de corrupción de la historia de España”, y así acallaban las críticas de sus rivales.
El Constitucional está corrigiendo estos días las sentencias condenatorias de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo, denunciando la falta de pruebas, borrando delitos como la malversación, subrayando que se han vulnerado los derechos fundamentales de los socialistas condenados -entre ellos la presunción de inocencia- y ordenando la puesta en libertad de quienes llevaban año y medio en prisión, caso de Miguel Ángel Serrano, el exdirector de la agencia pública, IDEA, el órgano pagador de los ERE, que abandonó la cárcel este martes.
Ahora el PSOE andaluz se ha desatado el corsé que le ha maniatado durante los últimos 15 años y ha trazado una estrategia para legitimarse ante sus electores que va en tres direcciones: la primera es desacreditar a Moreno y al PP andaluz, personado en la causa de los ERE, subrayando que ha sido la “guerra sucia” lo que le convirtió en presidente.
La segunda es resarcir políticamente a sus exdirigentes, los últimos gobiernos socialistas, devolviéndoles el carné del partido que tuvieron que entregar tras ser imputados por fraude. La tercera es de más largo recorrido. “La misión es que no haya ni un solo andaluz que no conozca todos los detalles de esta cacería política, de destrozar al adversario cuando no se puede ganar limpiamente. El jefe de esta banda no tuvo ni un escrúpulo y hoy gobierna Andalucía. Ese va a ser nuestro principal cometido, nuestro principal fin”, ha sentenciado Férriz.
La respuesta del PP a las sentencias exculpatorias del caso ERE la ha marcado su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que este martes admitió su “dificultad” para confiar en la credibilidad del Constitucional, de mayoría progresista, y donde se sienta como magistrado el exministro socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía entre 1997 y 2001.
Los consejeros de Moreno también han salido a vapulear al TC, desde el titular de Justicia, José Antonio Nieto, al de Presidencia, Antonio Sanz, o el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco. Nieto, que fue secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy, ha calificado las sentencias del Constitucional como “una sublimación del escándalo”. Sanz, que pilotó la estrategia de desgaste contra el PSOE-A por el caso ERE siendo secretario general del partido, ha tildado de “escándalo judicial” los fallos del TC, asegurando que “ponen en peligro total” que la Junta pueda recuperar el dinero defraudado.
Los populares han registrado este miércoles una proposición no de ley para que el Parlamento andaluz respalde a las instituciones judiciales en la lucha contra la corrupción, subrayando que “no deben extralimitarse en la interpretación de la legalidad ordinaria, e intentar pretender revisar la valoración de los elementos probatorios en las decisiones condenatorias de los ERE”, ha explicado su portavoz parlamentario, Toni Martín. La iniciativa se votará en el Pleno del próximo jueves.
Martín ha comparecido tras las duras acusaciones de Férriz contra el PP, tildando su rueda de prensa como “la más delirante de la historia del Parlamento andaluz”, y afeando al PSOE su interés por “reescribir la historia” de los ERE.
El diputado popular ha mostrado su asombro por que la portavoz socialista respondiera que el Gobierno de Moreno es “ilegítimo” -algo que luego ella misma ha rectificado-. “¿Ilegítimo? ¿De verdad el PP es culpable de que haya dirigentes socialistas en la cárcel? Esto es preocupante. Cuesta encontrar en Europa un partido de izquierdas más radical que el PSOE andaluz, con declaraciones que rozan el fanatismo”, ha dicho.
Tras las sentencias del Constitucional, el PP andaluz está refrescando algunas partes del extenso sumario del caso ERE, actualizando partes de la investigación que constatan que hubo un fraude de ayudas sociolaborales, que se pagó a intrusos -personas que se beneficiaron de un ERE en empresas donde nunca trabajaron-, que altos dirigentes de la Consejería de Empleo usaban una partida presupuestaria dotada de 680 millones de euros para repartir ayudas de forma arbitraria y discrecional, y que también gastaron parte de ese dinero en “juergas y cocaína”.
Esta parte de la investigación no es la que está enmendando el Constitucional, que se limita a revisar la llamada “pieza política”, es decir, la tesis de que detrás del fraude había todo un plan preconcebido, que incluía las leyes presupuestarias debatidas y aprobadas por el Parlamento andaluz. Los populares no han renunciado a esa tesis y siguen cifrando el fraude en la totalidad de la partida de los ERE. “El PSOE arrasó en esos años con las oportunidades de Andalucía, retorcieron el sistema para usarlo en sus intereses políticos. Pedro Sánchez quieren blanquear esa actitud con esa especie de amnistía encubierta, el mayor escándalo de la historia de España”, ha sentenciado Martín.
En el debate de política general, celebrado en el Parlamento andaluz hace unos días, Moreno volvió a poner el énfasis en la trascendencia del caso ERE y subrayó el dinero que su gobierno había logrado recuperar de lo defraudado. La Junta, desde que gobierna el PP, ha ingresado más de 27 millones “de los 62 millones que la Justicia y el Tribunal de Cuentas han acordado para su devolución a las arcas públicas”. Además, sigue reclamando otros 135 millones en las decenas de piezas de la macrocausa que siguen abiertas.
A día de hoy, los tribunales siguen investigando 134 causas abiertas de los ERE, con algunos ex altos cargos de la Junta imputados; hay 61 pendientes de juicio y se han dictado sentencias en otras 17 piezas, la mayoría condenatorias. “Que salgan a la calle a preguntar a los andaluces si el caso ERE fue un caso de corrupción pantagruélico o un invento del PP”, ha sentenciado Martín, calificando la actitud del PSOE de estar “instalados en la indecencia política y la poca vergüenza”.
