¿Amnistía? ¿Qué amnistía?. El Tribunal Supremo se subleva ante la norma. Ninguna sorpresa. Aznar ya dijo aquello de que “el que pueda hacer que haga, el que pueda aportar que aporte y el que se pueda mover que mueva”. Algunos magistrados, con sus declaraciones y sus escritos, ya habían emitido señales de que así lo harían. Y Feijóo, tras la aprobación de la ley en el Congreso, ya vaticinó que la derrota de la misma no había sido posible en las Cortes, pero que lo sería en los tribunales.
Así que el Supremo ha movido ya ficha y declarado no amnistiable el delito de malversación de caudales públicos en la causa del procés. En consecuencia, mantiene las órdenes de detención de Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluìs Puig. Igualmente, no levanta la inhabilitación a Junqueras, Turull, Romeva y Bassa al entender, en una motivación un tanto exótica, que sí hubo enriquecimiento personal de carácter patrimonial, que es el hecho que excluía la norma del olvido penal. Los jueces Llarena y Marchena argumentan que los políticos independentistas malversaron porque no pagaron de sus bolsillos el referéndum del 1-O
La intención del legislativo era obvia, pero los jueces no están por la labor de aplicar la norma porque entienden que todo ha sido consecuencia de una chanfla con motivaciones políticas. Exactamente lo que desde el independentismo y algunos sectores progresistas achacan a los togados desde hace tiempo: que anteponen su ideología a criterios estrictamente jurídicos.
La decisión de este lunes anticipa en todo caso lo que ya se preveía, que serán el Constitucional y la justicia europea quienes resuelvan el alcance de la norma. Esto además de complicar aún más la gobernabilidad de Catalunya, cuyas formaciones políticas andan en pleno proceso de negociación para una posible investidura. Puigdemont ha elevado el tono de la crítica, tratado de “mafiosos” a los jueces y evocado a la mafia siciliana al hablar de “La Toga Nostra”, pero ahora se encuentra ante la tesitura de decidir si cumple con su palabra de regresar a España para la sesión de investidura, si es que se celebra y no se repiten las elecciones, o se arriesga a cruzar los Pirineos y ser detenido.
Salvador Illa, por su parte, tendrá que emplearse a fondo en sus habilidades negociadoras para convencer a ERC de que no atienda los cantos de sirena de Puigdemont en favor de la unidad independentista contra el Estado represor. Y los republicanos, decidir si quieren seguir siendo una copia de Junts o transitar por una senda propia. De momento, y no parece que sea ésta una buena señal para Illa, el expresident y quien fuera su número dos en el Govern de la Generalitat y vicepresidente, Oriol Junqueras, se vieron el pasado domingo en Waterlooo después de varios años sin mantener contacto, aunque tanto Junts como ERC han querido desvincular el anuncio del Supremo de las negociaciones de la investidura.
Aún así todo se complica. La anhelada normalización de la política catalana, el choque entre los poderes judicial y legislativo y, lo más grave de todo, la percepción que la ciudadanía tiene de la justicia. No en vano, el 60% de los españoles desconfía de los jueces, según una reciente encuesta de Simple Lógica para elDiario.es, en la que la mayoría de afirma que en nuestro país existe ‘lawfare’ en alguna de sus manifestaciones: judicialización de la política o instrumentalización de la justicia. Un 44% señala directamente además que hay casos de persecución judicial. Y es que en lo que respecta al procés, una cosa es hacer justicia y otra muy distinta, hacer de justiciero, que es el papel que algunos togados parecen desempeñar con la aplicación de la amnistía.
Si alguien aún tiene alguna duda, ahí están los audios publicados por Canal Red del juez Joaquín Aguirre, el instructor del caso Voloh sobre la trama rusa del procés, en los que se ufana, en plena negociación entre Junts y el Gobierno para cerrar la ley de amnistía, de haber tumbado la norma y, meses después, de que haría caer al Ejecutivo de Sánchez. “Me han dicho que ayer lo de la ley de amnistía se tumbó por mí”, afirmó dos días después de firmar un auto con el que prorrogó, a pesar de que la Audiencia de Barcelona le había pedido que la cerrara por falta de nuevos indicios.
Nada de todo ello hubiera sido posible si en España no hubiera habido un gobierno como el de Mariano Rajoy, hoy ilustre comentarista deportivo, que hizo dejación de sus funciones, no quiso buscar soluciones políticas al conflicto con Catalunya y endosó a la judicatura la misión de salvar a España del indepentismo. De aquellos polvos, estos lodos y el afán justiciero de algunos jueces de pensamiento mucho más que conservador.
