El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha convocado para este miércoles una nueva reunión del grupo de trabajo en el que tienen que regularse los alquileres por temporada, que quedaron fuera de la Ley de Vivienda aprobada hace algo más de un año y que se han convertido en un coladero para evitar cualquier tipo de control en los precios.
Una regulación que pasará por acotar el uso de este tipo de arrendamientos. Fuentes del Ministerio encabezado por Isabel Rodríguez señalan que “los contratos temporales en España ya están regulados en la LAU”, en referencia a la Ley de Arrendamientos Urbanos “y tienen una finalidad clara. Es necesario que sigan existiendo estos contratos, pero no con el fin de producir un fraude o abuso de Ley”.
La ministra ya adelantó el viernes en Barcelona que estos alquileres temporales “deberán acreditarse”. Es decir, justificar el porqué de su temporalidad, ya sea por estudios, investigación o por motivos laborales.
“No puede ser que se salten los derechos por la puerta de atrás”, aseguró. “Es importante garantizar que los que necesitan un alojamiento temporal lo puedan tener, pero que no se use la figura del alojamiento temporal para limitar la oferta de vivienda de residencia habitual. Vamos a combatir el fraude por todos los medios”.
Fuentes del Ministerio indican que el miércoles se “pondrá encima de la mesa una propuesta de desarrollo normativo que se ha estado trabajando en el grupo de trabajo, que mandataba la Ley de Vivienda”. También, la “absoluta determinación del Gobierno en este asunto. Vamos a tomar una decisión con rigor y seguridad jurídica”.
En anteriores reuniones del grupo de trabajo han estado presentes el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas; y el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero; además de representantes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Derechos Sociales y Agenda 2030 y de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia del Gobierno.
También, organizaciones como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, CCOO, UGT y CEOE, el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas, el Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, así como la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y la Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas.
La reunión del grupo de trabajo se produce solo unos días después de que los Sindicatos de Inquilinos presentasen en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para regular este tipo de arrendamientos y, también, los de habitaciones. Una propuesta respaldada por grupos parlamentarios de Sumar, Podemos, Esquerra, EH Bildu y BNG y que pasa por limitar a seis meses la justificación de este tipo de alquileres.
