El Supremo de Estados Unidos ha decidido que Donald Trump, y cualquier presidente o expresidente, “tiene derecho a inmunidad absoluta frente a procesos penales por acciones dentro de su 'autoridad constitucional’”. Ahora bien, el fallo apunta también que “no hay inmunidad para actos no oficiales”.
La decisión del Supremo tendrá claras implicaciones en los tres juicios penales que aún tiene pendientes Trump, dos de ellos federales, donde ya ha intentado alegar que los hechos por los que se le juzga están vinculados con su presidencia y, por lo tanto, gozaría de inmunidad presidencial. Ahora la cuestión será discernir hasta donde llegan los actos presidenciales y los actos privados.
El fallo es una victoria para Trump, ya no solo por la posibilidad de acabar librándose de los cargos que se le imputan, sino también porque dilatará aún más los juicios penales donde la fiscalía deberá demostrar que los actos por los que se acusa Trump no eran actos presidenciales. La decisión de los magistrados da más alas a la campaña del expresidente para volver a la Casa Blanca justo después de arrinconar la semana pasada a su rival, Joe Biden, en el debate de la CNN.
La defensa de Trump decidió recurrir a la máxima instancia judicial después de que el tribunal de apelaciones de Washington le denegara la inmunidad por la comisión de posibles delitos mientras era presidente. En total, a Trump se le acusa de cuatro: dos relacionados con obstaculizar la certificación del resultado de las elecciones del 2020 que se llevó a cabo en el Congreso el 6 de enero, uno de conspiración por intentar impedir el recuento de votos de las elecciones, y otro por haber intentado privar a la ciudadanía de un derecho protegido por la ley federal, concretamente el de voto.
El solo hecho de haber conseguido que el Supremo aceptara la apelación y tuviera que deliberar sobre la inmunidad presidencial ya fue una victoria para Trump. El aplazamiento del juicio hasta saber la decisión del Supremo ya garantizaba que el veredicto por el caso de Washington no saliera hasta pasadas las elecciones. A esto, se le suma la posibilidad de que si Trump gana las elecciones del 5 de noviembre y es investido presidente, incluso podría perdonarse a sí mismo. Aunque esto sigue generando debate entre los expertos legales.
La conclusión del Supremo no solo afecta al caso de Washington, sino que con mucha probabilidad tendrá efectos sobe parte de los cargos que se le imputan en los otros dos casos que siguen en pie: el estatal de Georgia por intentar revertir el resultado electoral de 2020 y el de los papeles clasificados de Mar-a-Lago.
El fallo se ha hecho de rogar, y no ha llegado hasta el 1 de julio, cuando normalmente el Supremo emite todas sus decisiones durante el mes de junio. La última vez que se tuvo que dilatar el calendario judicial fue durante la pandemia en 2020. Tomar una decisión sobre la inmunidad presidencial de Trump no era una cuestión fácil, ya que se trata de un fallo histórico que afectará a todos los futuros presidentes. Durante la vista oral del pasado 25 de abril en el caso Donald Trump contra Estados Unidos, la defensa del magnate volvió a llevar al extremo su teoría sobre la inmunidad presidencial y defendió que un presidente goza de inmunidad incluso si, mientras está en el cargo, ordena asesinar a sus rivales políticos. Solo el Congreso, mediante un impeachment, podría juzgarle, argumentó el abogado de Trump, John Sauer, que retorció aún más el argumento llegando a defender la inmunidad en casos tan extremos como el de que un presidente ordenara un golpe de Estado.
Para demostrar que su cliente no buscaba el beneficio personal, sino que se preocupaba de una cuestión que afecta al país, Sauer insistió que Trump no quería una inmunidad total para él y que debía de ser imputado por su conducta privada. Pero que si se trataba de actos oficiales debía de gozar de dicha inmunidad. Es decir, la vara de medir que proponía el abogado de Trump para decidir cuando se aplicaba la inmunidad o no, era si se trataba de actos oficiales o personales. Hecho que generó bastante de debate entre los nueve magistrados, no solo porque la difusa línea que diferencia lo oficial de lo personal, sino también porque seguía siendo igual de peligroso dar inmunidad plena en los actos oficiales, ya que daría casi un poder total al presidente del país.
Esto último despertó importantes recelos entre los jueces progresistas del Supremo, que recordaron a la defensa de Trump que precisamente había un gran riesgo en dar total inmunidad a una de las personas más importantes del mundo. Por el contrario, Sauer sugirió que si el presidente del país no podía contar con la inmunidad para tomar decisiones, su actuación podría verse condiciona. Un razonamiento ante el cual los jueces conservadores (quienes son mayoría) sí que se mostraron más receptivos.
Por ejemplo, el juez Samuel Alito expresó la preocupación de que si los presidentes no podían retirarse en paz sabiendo que no serían perseguidos podía alimentar los deseos de aferrarse al poder. En las últimas semanas, Alito se ha visto envuelto en una cruda polémica por haber colgado la bandera americana bocabajo los días antes de que Joe Biden tomara posesión. La bandera bocabajo es un símbolo que muchos de los asaltantes llevaban durante el asalto al Capitolio el 6 de enero.
