La madre y los cuatro hermanos de Iliass Tahiri (el joven de 18 años que falleció el 1 de julio de 2019 atado con correas en pies y manos, boca abajo en una cama del centro de justicia juvenil Tierras de Oria) no se dan por vencidos. Este lunes se cumplen exactamente cinco años desde que se produjera aquel “homicidio por imprudencia grave”, a ojos de la familia. El caso fue archivado hasta en dos ocasiones pero el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Purchena ya tiene sobre la mesa las nuevas conclusiones provisionales de la acusación particular: cuatro años de cárcel para tres vigilantes de seguridad encargados de ejecutar la reducción del joven y para un coordinador empleado por Ginso, la empresa privada que gestiona el centro bajo titularidad pública de la Junta de Andalucía.
Después del archivo del caso en enero de 2020, se debe recordar que en octubre de aquel año la Audiencia de Almería reabrió por primera vez el procedimiento, como así se lo pidió la Fiscalía. Tras el segundo archivo en mayo de 2022, la Audiencia volvió a revocar el sobreseimiento en abril del año pasado, ordenando la reapertura del caso y dando voz a las partes para que vuelvan a pronunciarse cinco años después de aquella trágica muerte.
El relato de los hechos que expone la familia en su escrito de acusación es bien conocida, y se apoya principalmente en la grabación de los momentos previos a la muerte de Iliass, a la que accedió en noviembre de 2019 elDiario.es Andalucía, donde se mostraba cómo el joven, de origen marroquí, fue inmovilizado en una cama por varios miembros de seguridad y personal del propio centro, que tardaron diez minutos en colocarle el sistema de sujeción al completo y que tardaron casi otros diez minutos en darse cuenta de que el joven no reaccionaba porque, en ese intervalo de tiempo, había fallecido. Los diez minutos siguientes, antes de sacarlo por el suelo a rastras de la sala de inmovilización, solo sirvieron para tratar de revivirlo con una repetida e infructuosa reanimación cardiopulmonar.
Recuerda la familia ahora que las personas que le ataron a la cama “obviaron” la ingesta de medicación y sus efectos secundarios, entre otros, la “alteración del ritmo cardíaco” o “dificultad para respirar o tragar”, procediendo “sin intentar hablar con él, ni explicarle nada, ni intentar calmarlo, ni ofrecerle a que se tumbase en la cama voluntariamente, a su inmovilización violenta”. “Sin razón alguna que lo precisara” y “colocando a Iliass boca abajo contra la almohada, sin criterio profesional ni prescripción médica, y por voluntad exclusiva de los acusados, a sabiendas, dada su formación anual, de los riesgos inherentes a su decisión, cuando esta posición es harto peligrosa”, incide su familia. “¿Nadie tenía conocimiento de que tras la ingesta de medicación someterle a una contención decúbito prono sería contraproducente?”, añaden.
Continúa el escrito de acusación que en ese tipo de protocolos de contención “se aconseja que antes de proceder a la sujeción mecánica en casos de agitación aguda sobre todo en pacientes psiquiátricos, y este lo era, que, antes de la contención, se avise al médico y este decida, supervisando el proceso de contención física pudiendo ordenar que se suspenda de inmediato si aprecia algún problema, como una posible parada cardiorrespiratoria”. “No hubo médico presente”, como se aprecia en el vídeo.
“Una persona con la cabeza contra la almohada y con varias personas que no vigilan que el interno pueda respirar, unido a la situación de estrés, que bien pudiera derivar de una situación de contención injusta a la vista de la privación de las grabaciones y a la medicación encontrada en el organismo del menor, sin olvidar que la mecánica de la respiración se veía impedida por encontrase una persona corpulenta sobre su espalda y cuello, implica, cuanto menos, la realidad de una imprudencia grave con resultado de muerte. La muerte de un chico de 18 años de edad”, resume la familia.
“Los cuatro acusados eran garantes de la vida de Iliass. Los cuatro podían percibir en todo momento que no se estaba sino poniendo la vida en peligro de Iliass Tahiri, pues los cuatro actuaban directamente sobre el cuerpo de éste y pudieron ver que las vías respiratorias estaban taponadas contra la almohada y se le estaba impidiendo la mecánica respiratoria mediante el peso de uno de los vigilantes”, sigue el relato de los hechos, haciendo hincapié en que “las imágenes de Iliass cuando entra en la sala de contención no muestran forcejeo con el personal que lo acompaña ni tampoco se visualiza resistencia cuando está acostado decúbito prono (boca abajo) en la cama. Todas las declaraciones sobre la resistencia ofrecida por Iliass en el momento de la contención y que aconsejan que se le realice la misma boca abajo, en contra de lo establecido como norma general en el protocolo, quedan desmentidas por las imágenes grabadas que constan en las actuaciones”.
La inmovilización sobre Iliass se produjo sin la presencia de personal sanitario, al contrario de lo que aseguró la Junta apenas 48 horas después de lo ocurrido. Tampoco se apreciaban en el vídeo las convulsiones de las que habló en su momento el entonces vicepresidente de la Juta, Juan Marín, ni hubo supervisión por parte de personal sanitario como dijo en sede parlamentaria que marcaba el protocolo. El Defensor del Pueblo Español denunció inmovilizaciones con correas de más de seis horas en el mismo centro almeriense. El propio Marín volvió a tener que responder sobre el asunto pero igualmente se negó a asumir cualquier tipo de responsabilidad en lo ocurrido en el centro. La entonces Vicepresidencia y Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ya informó de que aceptaba las sugerencias y de que iba a revisar “una a una” ese tipo de contenciones.
“En Tierras de Oria se les sujetaba a una cama, boca abajo, con los tobillos y muñecas (y a veces el torso) atados a los lados de la cama con correas (...) Los menores no podían utilizar el baño mientras estaban sujetos (a pesar de pedirlo) y en algunos casos se veían obligados a orinarse encima”, reseñó en 2017 el CPT. Un año después, fue el Defensor del Pueblo de España el que denunció ante la Junta de Andalucía determinadas deficiencias en las inmovilizaciones a menores en Oria, que durante este año se han vuelto a visibilizar a raíz de la muerte de Iliass.
Iliass falleció el 1 de julio de 2019 tras aquella inmovilización con medidas de contención y de sujeción mecánica. El juzgado de Purchena sobreseyó las actuaciones en enero de 2020 al considerar que su fallecimiento fue “accidental” y que los trabajadores aplicaron “correctamente el protocolo” (denominado 'Protocolo 9', posteriormente suspendido). La Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso), gestora del centro de Oria, defendió en febrero de 2022 en el juzgado que cumplió “escrupulosamente” con el protocolo. La Fiscalía recurrió en su momento el archivo del caso al considerar que el protocolo antes mencionado era “contrario a derecho” y seguía “poniendo en peligro la vida y la integridad física de los menores” en los centros de Andalucía y Madrid gestionados por Ginso.
