La hija de Ana Olmeda tiene ahora 12 años y ha requerido en su infancia de terapias de acompañamiento en su desarrollo. Esta familia ha podido costear las terapias que requiere y que pueden suponer (dependiendo del caso) hasta 500 euros al mes, pero no es la situación de todos los 9.000 menores susceptibles de recibir esta atención en Canarias, una comunidad con un elevado índice de pobreza y exclusión social. “Es totalmente injusto, porque el que tiene dinero se lo paga y el que no se queda en el camino”, señala Miguel Llorca, otra de las personas que junto a Olmeda ha luchado en estos años desde la Plataforma de AT y Derechos de la Infancia (PATDI-Canarias). Las familias denuncian que pese a que desde 2019 existe una ley autonómica, no se cumple: faltan recursos, personal, formación y agilizar la lista de espera para las valoraciones, por ejemplo.
El Libro Blanco de la Atención Temprana la define como “el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de cero a seis años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos”. Contar con una red pública es esencial porque, si se invierte en atención temprana, muchos de esos menores no van a tener necesidad de continuar siendo atendidos. “Si no les damos la atención en los primeros años, estamos generando personas dependientes”, remarca Llorca. Hace unos días, la plataforma transmitió su “hartazgo” ante los incumplimientos de la Ley por parte de las administraciones y anunció que el equipo que ha venido luchando en los últimos años abandona la primera línea. “Estamos cansados de mentiras, no queremos que nos sigan engañando más”, incide Olmeda.
Según explican tanto Olmeda como Llorca, hay una lista de espera de al menos un año para que los menores sean valorados, una cuestión que achacan a que aún no se han abierto todas las unidades de atención temprana que se habían acordado. “En todas las islas hay lista de espera, pero donde más se acentúa es en Tenerife, porque falta la creación de la tercera unidad de atención temprana que iría al sur”, indica Llorca.
Contar con una red pública es esencial porque, si se invierte en atención temprana, muchos de esos menores no van a tener necesidad de continuar siendo atendidos
De hecho, de las once unidades comprometidas para arrancar con la puesta en marcha de la red pública, aún falta por crear una en Tenerife, pero, además, los miembros de la plataforma inciden en que todas las que sí que están funcionando, incluso la última inaugurada recientemente en Lanzarote, no cuentan con el personal que establece la Ley. “En cuatro de ellas faltan trabajadores sociales, en todas falta el psicomotricista y en tres como mínimo faltan psicólogos”, apunta Llorca. Las únicas unidades que aseguran que sí que funcionan de acuerdo a la norma son las de La Gomera y el Hierr.
Además, se incumple con la formación que deberían tener los especialistas, que además de ser, por ejemplo, fisioterapeuta o terapeuta ocupacional debería contar con un curso de posgrado: un máster en atención temprana o como mínimo cuatro años de experiencia, explica Llorca, que además participó con otros miembros de la plataforma en la elaboración de la ley canaria.
Los miembros de esta plataforma de familias inciden en que en Tenerife y Gran Canaria se incumple el protocolo de derivación que establece la norma y que la frecuencia de la intervención con el menor y su familia “es insuficiente”, así como la permanencia en las citadas unidades, que finaliza en muchos casos, cuando el menor es escolarizado. Es decir, los menores en Canarias aún se escolarizan fundamentalmente a partir de los tres años y después pueden acceder a una beca para recibir esa atención temprana, aunque previamente tienen que ser valorados por unos equipos específicos. Recuerda que las becas se otorgan en función del nivel de renta, por lo cual no es un derecho universal. “Por otro lado, la ayuda en el mejor de los casos es de 1.800 euros al año, que en un gabinete privado te da para unos cuatro meses”, indica. “Estamos favoreciendo la privatización de un servicio que la ley recoge que tiene que ser público”.
Olmeda destaca que la atención es insuficiente porque a los menores que no tienen beca apenas se les ve cada quince días y “mandan a las familias para que tengamos que aprender a ser terapeutas de nuestros”, apuntan. Esta madre reconoce que el modelo de atención temprana ideal es el basado en las familias, pero incide en que el menor necesita las dos cosas: terapia por parte del profesional y que las familias en el día a día sepan cómo dar continuidad a esas terapias, “pero la parte profesional no puede dejar de existir para quitarse la lista de espera”, aclara. “Cuando empecé, mi hija tenía cuatro años y ahora tiene 12. Mi hija no ha acatado la atención temprana del Servicio Canario de Salud. Mi hija tuvo logopeda del SCS una vez a la semana hasta los siete años, terapia ocupacional una o dos veces al mes, pero el resto yo se lo he pagado todo”, resume.
Otra de las cuestiones que reclaman es contar con ficha financiera y el Plan Integral de Atención Temprana, que aseguran que el actual Gobierno se comprometió a tenerlo en junio para que entre en los presupuestos del próximo año. “Estamos acabando junio y todavía no se ha presentado el plan que tenía que elaborar la comisión técnica para llevarlo a la Consejería de Sanidad”, advierte Llorca, que lamenta que este plan debió estar en 2020 pero ahora tampoco llega.
“Para el próximo año vamos a estar sin recursos, no sabemos si esa tercera unidad en Tenerife se va a abrir, más las que nosotros proponemos que deberían estar abiertas en los próximos cuatro años, porque si no hay presupuesto no van a abrir”. En total, la plataforma plantea que se debería llegar a un mínimo de 20 unidades en el Archipiélago en los próximos años y que lo ideal sería que existieran cinco en Gran Canaria, cinco en Tenerife, tres en Lanzarote y Fuerteventura, dos en La Palma y una en El Hierro y La Gomera.
Este redacción ha intentado contactar con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que es el área que lleva la mayor parte de la responsabilidad en Atención Temprana y la creación de unidades, para conocer su postura sobre las reivindicaciones de la plataforma y los retos pendientes, pero aún no ha obtenido respuesta.
