La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este jueves que el Ministerio que dirige está estudiando desde el punto de vista jurídico si se pueden emprender “acciones penales” contra la alcaldesa de València, María José Catalá, por su rechazo a poner la bandera LGTBI en el balcón del consistorio por la celebración del Orgullo.
Catalá justificó su decisión en que “el Ayuntamiento de València no pone banderas en el balcón, pero no por el día del Orgullo; no lo pone por el día del ELA, ni el día del Alzheimer, ni el día del cáncer”.
La ministra ha dicho que se debe estudiar la posibilidad de emprender acciones penales porque son “declaraciones que nos interpelan a todos y nos sorprenden de esa manera tan terrible y desagradable, yo creo que hay algo más”, ha explicado en una entrevista en Rac1.
Redondo lo ha dicho al preguntársele si cree que la decisión de Catalá y las declaraciones del diputado de Vox en Extremadura Javier Bravo, contra la implantación del número de teléfono 028 para informar de los derechos de las personas LGTBI, pueden suponer un delito. Bravo cargó contra la medida y se burló del colectivo LGTBI: “Pertenezco a la Asociación de Familias Numerosas y a lo mejor también queremos pedir un número para que nos asesoren y nos apoyen; o a lo mejor la Asociación de Bigotudos que Fuman también quieren otro número”.
La ministra Redondo considera que esta declaración del diputado extremeño “es realmente constitutiva de delito, y la de la alcaldesa hay que estudiarlo”. “Desde luego, desde el punto de vista jurídico, nada es blanco o negro, todo es interpretable”, ha indicado Redondo.
En ambos casos, Redondo considera que “se está yendo contra un colectivo intentando limitar sus derechos y sus capacidades de desarrollar libertad y en igualdad sus vidas y sus proyectos de vida”, por lo que se muestra convencida de que se encuadran en el tipo penal.
