El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 insta a los ayuntamientos a que se sumen a su investigación para saber cuántos pisos turísticos se anuncian en plataformas digitales sin tener licencia para operar como tales, lo que se considera una práctica comercial desleal.
En concreto, el Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy se ha puesto en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para proponer a los consistorios que se sumen a esta investigación, que se puso en marcha a comienzos de junio. Esta tiene bajo la lupa los anuncios que se publican en plataformas de alquiler turístico de viviendas pero no disponen de licencia para operar como alojamiento vacacional.
Consumo ya adelantó que perseguirá este tipo de actuaciones, porque supondría una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y que se consideraría una práctica comercial desleal.
“En base a estos preceptos, y retomando el convenio que se suscribió entre Consumo y la FEMP para desarrollar un marco común de colaboración en la protección de los consumidores, la Dirección General de Consumo ha enviado una carta a esta federación para ofrecer a las ciudades españolas que puedan unirse a las acciones emprendidas” por Consumo, explica el Ministerio a través de un comunicado “para poner fin a la publicidad de alojamientos turísticos sin licencia”.
También ahonda en que esta acción “llega después de que Consumo enviara requerimientos a plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre qué viviendas estarían incurriendo en esta infracción, pesquisas que ahora se podrían intensificar con la información que puedan aportar los ayuntamientos”.
Por ello, el Ministerio ha puesto sus competencias a disposición de los consistorios para trabajar de forma conjunta en la identificación de esas viviendas.
A partir de ahí se abre la puerta a sanciones. “La Dirección General de Consumo recuerda que dispone de capacidad sancionadora desde el año 2022 y que va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que, según el precepto legal, pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se podría sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido”.
Por otra parte, Consumo señala en su carta a la FEMP el “importante impacto en el modelo de ciudad” que tienen las viviendas turísticas.
También recuerda “la necesaria colaboración que debe haber entre las distintas administraciones” para poder garantizar que se cumplen los derechos de los consumidores y usuarios, así como para velar por una competencia legal en un sector “que profundiza en la habitabilidad de las ciudades”.
