Déclassement es una palabra francesa de difícil traducción. De manera general puede significar desvalorización o relegación, pero también puede hacer referencia a la pérdida de categoría o clase social. En el último mes los expertos están recurriendo a menudo a este término —en todas sus acepciones— para describir el sentimiento que inquieta a una gran parte de la sociedad francesa. También lo señalan como elemento central para explicar el aumento constante en el voto a la extrema derecha en las últimas dos décadas, especialmente desde que en 2002 Jean-Marie Le Pen alcanzase por primera vez la segunda vuelta en la elección presidencial.
“A lo largo de todo este período una parte del mundo político que representaba la sociedad, los comerciantes, las clases trabajadoras, etc... ha desaparecido por completo, ha desertado”, explicaba hace unos días el historiador Pierre Rosanvallon, especialista en cuestiones de justicia social, en una entrevista en televisión. “Vemos cada vez más ciudadanos que se sienten despreciados, inexistentes, aislados. Y, en cierto sentido, Agrupación Nacional [el partido de Marine Le Pen, RN por sus siglas en francés] se ha convertido en el partido central de la vida francesa, el partido de los despreciados, de los olvidados”.
Como ya ocurriera en la última campaña presidencial, la formación de la extrema derecha ha construido su campaña para las legislativas que se celebran este domingo y el 7 de julio en torno a las dos cuestiones que lideran las preocupaciones de los franceses en los sondeos de opinión: poder adquisitivo e inmigración. Pero, de acuerdo con sociólogos y especialistas en opinión pública, las dos cuestiones no pueden entenderse por separado sino que es, precisamente, en la interrelación entre ambas, presentadas bajo el prisma de ese miedo al déclassement, donde está una de las claves de ese voto.
“En muchas encuestas se intenta jerarquizar la importancia de las llamadas preocupaciones socioeconómicas (como el poder adquisitivo) y de las llamadas cuestiones de identidad (dónde se suele poner la inmigración). Pero, en realidad, cuando hablas con los votantes, esa categorización no tiene sentido; para ellos la inmigración es también una preocupación económica, vinculada a la cuestión del poder adquisitivo, al empleo, a las ayudas sociales que reciben, al valor de su vivienda, al acceso a servicios públicos de calidad”, señalaba hace unos días a Libération el sociólogo Félicien Faury, que acaba de publicar un nuevo trabajo sobre los votantes de la extrema derecha.
En este contexto, el partido de Marine Le Pen integra esas preocupaciones en su tradicional discurso contra la inmigración. Presenta a los migrantes como una amenaza tanto para la seguridad como para la economía, a menudo con ejemplos sacados de la crónica de sucesos o de las redes sociales como único argumento. “RN es la Francia del miedo: miedo a ser degradado, a ser invisible. Lo que interesa a los dirigentes de ese partido es que sigan existiendo esos miedos y están dispuestos a hacer cualquier promesa para alcanzar el poder”, decía este lunes en una entrevista en Le Monde el líder sindical Laurent Berger, figura de las protestas contra la última reforma de las pensiones en Francia.
“Impedirlo requiere respuestas concretas para ese resentimiento social que expresa el voto a la RN”, añadía Berger. “Porque estas elecciones van sobre la dificultad de ganarse la vida dignamente con el trabajo, sobre el rechazo a la reforma de las pensiones, sobre la relegación social, sobre la desigual distribución de la riqueza, sobre los desiertos médicos [zonas donde no hay acceso al sistema de salud], sobre la desaparición de los servicios públicos y de los planes de solidaridad en las regiones”.
Precisamente la degradación de los servicios públicos es otro de los motores del descontento que alimenta el voto de la extrema derecha. En su nuevo libro, La France d'après, Jérôme Fourquet, director del Instituto Francés de Opinión Pública, utiliza los resultados electorales en varios territorios para demostrar la correlación entre el aumento del voto a Agrupación Nacional entre 2002 y 2022 y el cierre una serie de servicios públicos (juzgados, hospitales con paritorios, etc.).
Cierres que son “dolorosos para los residentes y para los políticos locales”, que los viven como una “desvalorización” del estatus de su pueblo o ciudad y que “fomentan el sentimiento de ser considerados ciudadanos de segunda clase”. Una realidad que combina además la desaparición de organizaciones que sirven como intermediarias entre el poder del Estado y los ciudadanos, con una mayor dependencia del coche —por ejemplo, cuando aumenta la distancia a los servicios sanitarios—, todo ello en un contexto de inflación y de aumento de los precios del carburante.
Los expertos matizan que una parte de este crecimiento tiene que ver con otros factores, por ejemplo el hecho de que Jordan Bardella, el presidente del RN y candidato a primer ministro, haya conseguido llegar a nuevos votantes jóvenes a través de su popularidad en redes sociales, o la presencia constante de los temas de extrema derecha en los medios de comunicación del millonario conservador Vincent Bolloré.
Pero también el miedo a la relegación social está permitiendo llegar a nuevos electores, en la clase media, un segmento de la población que tradicionalmente rechazaba los extremos. En las elecciones europeas una gran parte de estos electores ha votado a la extrema derecha (la abstención también ha sido alta en este grupo). De acuerdo con un análisis del instituto OpinionWay, el 33% de los hogares con ingresos medios de entre 2.000 y 3.500 euros al mes votaron por la lista de Jordan Bardella. Entre 2019 y 2024 se estima que el apoyo a la extrema derecha ha aumentado 15 puntos en las llamadas profesiones intermedias.
“El miedo a la pérdida de categoría es central en todo el sentimiento de pertenencia a la clase media hoy en Francia”, indicaba Fourquet en una entrevista en Le Figaro. Y aportaba un dato para subrayar el argumento: en un estudio realizado el pasado otoño por la Fundación Jean-Jaurès dos tercios de los encuestados afirmaban considerarse clase media; en la misma encuesta el 71% consideraba que no reciben la suficiente ayuda por parte de los poderes públicos.
Ese sentimiento se ve exacerbado por las insuficiencias en el sistema público, en particular en la sanidad y la educación. “Sabemos que un factor especialmente representativo del voto a RN es un nivel bajo de formación escolar. Pero detrás de eso, que es un mero dato estadístico, lo que veo en mis encuestas es un problema ante el sistema educativo; la ausencia de títulos les sitúa en una situación de desamparo de cara a su futuro profesional, tanto para ellos como para sus hijos, todo en un contexto en el que se tiene la impresión de que la educación pública se degrada”, subrayaba el sociólogo Felicien faury.
La extrema derecha también ha conseguido recuperar en el voto femenino, en el que ha avanzado 10 puntos entre 2019 y 2024. La precarización financiera de las familias monoparentales —mayoritariamente femeninas— se cita a menudo como explicación de ese resultado. Máxime, en un contexto en el que en este segmento de la población en Francia, la situación de pobreza alcanza al 32,3% (por un 14,5% a nivel nacional). “Eliminando la herencia virilista y sexista de su padre, Marine Le Pen se ha presentado a los votantes como una mujer moderna, madre, divorciada, trabajadora y, como ella misma dice, sensible a la causa femenina pero no feminista”, resumía hace unos días la filósofa Camille Froidevaux-Metterie.
