El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) ha decretado la anulación de la adjudicación a la cooperativa catalana Grup La Pau de la contrata de ambulancias programadas o no urgentes de Bizkaia y de Álava por haber recibido una sanción “muy grave” de la Inspección de Trabajo, en concreto por retrasos en el pago de nóminas a los trabajadores. Este tribunal dependiente del área de Hacienda y Finanzas estima parcialmente un recurso del sindicato UGT, que en mayo había alertado de que la normativa estatal de contratos veta a empresas con este tipo de infracciones. En paralelo, el sindicato LSB-USO tiene recurrida también por los mismos motivos otra adjudicación con Grup La Pau, en este caso para el servicio especial de las fiestas de Bilbao.
Osakidetza tiene externalizado el grueso del servicio de ambulancias. Hay dos grandes contratos. Por un lado, está el transporte sanitario urgente (ambulancias amarillas). Fue renovado en 2023 por unos 147 millones de euros. Grup La Pau lo gestiona en Álava y en Bizkaia y Ambulancias Gipuzkoa en ese territorio. Por otro lado, está el transporte sanitario programado o no urgente (vehículos azules y blancos), que debería haberse renovado en mayo. Se iba a distribuir del mismo modo entre las dos firmas. UGT logró una paralización cautelar con el recurso que afecta exclusivamente a la parte de Grup La Pau. Esta empresa, además de esa sanción “muy grave”, tiene otras 22 de carácter “grave” en solamente un año.
Aunque la sanción no es aún firme, como siempre había alegado Grup La Pau, el OARC entiende que esa argumentación “no es significativa” porque una mera impugnación judicial no debe hacer que desaparezca en un concurso la evaluación de la “fiabilidad” de una compañía. Se de la circunstancia de que el anterior equipo de Salud, con la consejera Gotzone Sagardui al frente, se había opuesto al recurso de UGT y había defendido la adjudicación a Grup La Pau porque si no hay sanción “firme” tampoco debe haber “prohibición de contratar”.
Fuentes del área de Salud, ahora dirigida por el doctor Alberto Martínez Ruiz y que no tiene nombrado a su equipo, explican que la resolución retrotrae el expediente contratación a una fase previa a la adjudicación y que, ajustando algunos puntos, podría repetirse la misma adjudicación a la misma compañía. Añaden que están analizando en profundidad la resolución del OARC y que realizarán más comentarios próximamente.
El recurso de UGT, que llegó a denunciar haber recibido “intensas” presiones para que lo retirara, motivó que la compañía alegara que la no obtención de la mejora de la financiación prevista en el contrato, próxima al 24%, no sólo le impedía cumplir con el nuevo convenio pactada con las centrales (que recoge subidas de hasta el 30%) sino que le abocaba a la “quiebra” como empresa. Estimaba un escenario de pérdidas millonarias (de hasta 9 millones de euros al finalizar el 2024) y planteó un descuelgue del convenio vigente con rebajas unilaterales del salario de un 12% desde el verano y hasta otoño, cuando preveía que iba a ganar en el OARC el contencioso contra UGT. Como el servicio ya lo prestaba Grup La Pau en Álava y Bizkaia, desde mayo se opera con una prórroga del contrato anterior.
