La Policía Nacional ha detenido al responsable de la empresa que explota el Medusa Beach Club, el local de ocio ubicado en la Playa de Palma que se hundió la noche del pasado 23 de mayo y que provocó el fallecimiento de cuatro personas: una trabajadora del pub, de 23 años y originaria de Navarra, dos turistas alemanas de 20 y 30 años y un cliente senegalés de 44 años, Abdoulaye Diop, que en el instante del suceso se encontraba tomando un café en el lugar. Diop recibió en 2018 la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por salvar la vida de un bañista.
El Grupo de Homicidios se hizo con las investigaciones a partir de los informes técnicos elaborados por el Ajuntament de Palma, que determinaron que el colapso se produjo en una cubierta que estaba siendo utilizada como terraza pese a no disponer de licencia de actividad ni autorización para ello. La estructura no había sido reforzada para dicho uso y, como consecuencia de la sobrecarga de peso de la misma junto al de los clientes que en ese momento ocupaban el espacio, acabaron desplomándose tanto la terraza como la planta baja del local.
Los agentes han arrestado al responsable de la empresa que explotaba el negocio por la presunta comisión de cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y seis por lesiones graves por imprudencia.
En el momento del hundimiento, en la terraza había una mesa de 12 comensales holandeses, además de estar presentes el encargado y una trabajadora. Esto, unido a que era una estructura antigua que no estaba preparada para soportar tanto peso (el de una reforma ilegal de 2013 y el de las personas que estaban encima), acabó provocando el derrumbe. El jefe de Bomberos de Palma, Eder García, explicó tras los hechos que no es posible afirmar que el local sobrepasara el aforo porque, al carecer de licencia para utilizar la terraza, no existía aforo como tal. “Allí arriba no debería haber habido nada”, señaló.
Pasadas las 20.30 horas, la estructura se vino abajo, provocando a su vez el hundimiento de la planta baja, que se llevó por delante la bóveda de marés que la sostenía y que acabó impactando contra el sótano, en el que se ubica otra discoteca que en ese momento se encontraba vacía, el Coco Rico. Las víctimas cayeron desde una altura de tres o cuatro metros.
Tal como explicó en rueda de prensa el alcalde de Palma, Jaime Martínez, la cubierta había sido reconvertida como terraza en 2013 sin licencia de actividad ni autorización para ser utilizada como tal. Los datos catastrales del inmueble, construido en 1972, únicamente reflejan, de hecho, la existencia de la planta baja, que dispone de uso comercial. Desde entonces, la cubierta había ido acumulando sucesivas reformas que, combinadas con la afluencia de personas que había en el momento del desplome -y a la recolocación de las mesas para acoger a un grupo de doce personas-, provocaron el colapso de la estructura.
Las obras llevadas a cabo en 2013 consistieron en la ejecución de forjados de unos 40 metros cuadrados, además de dos muros de obra adosados a las paredes de los edificios laterales de unos 14 metros de longitud y una escalera de acceso a la cubierta. Los trabajos fueron entonces realizados por un socio del propietario que desde 2021 regenta el Medusa Beach Club, y que entonces ostentaba la gestión de un restaurante mexicano ubicado en el mismo espacio del derrumbe. Eder García comentó que en 2013 la propiedad llevó a cabo una solicitud de obras en la cubierta existente que se denegó, pero que los trabajos “se hicieron igualmente”.
Siete años después, en 2020, el Ayuntamiento de Palma acordó sancionar con 4.500 euros a la empresa propietaria por infracción grave al ejecutar dichas obras sin licencia, tal como informaron Diario de Mallorca y Cadena Ser. Cabe destacar que ninguno de los expedientes de Disciplina Urbanística sobre estas obras de 2013 hacen referencia a la zona del derrumbe, es decir, que la propiedad no tocó esa parte en concreto. Asimismo, este invierno también se realizaron obras, pero según el jefe de Bomberos de Palma fueron un “lavado de cara del local”. Por ejemplo, se pintaron las paredes y se cambiaron los muebles. El propio local promocionaba entre sus seguidores de Instagram esta “nueva terraza”, desde donde los clientes podían disfrutar de vistas privilegiadas a la bahía de Palma.
El alcalde manifestó que en 2023, además, el inmueble recibió una Inspección Técnica de Edificios (ITE) desfavorable, aunque no se comprobó por parte del Ayuntamiento de Palma si la propiedad había ejecutado las actuaciones encaminadas a subsanar las deficiencias. “Si una ITE es desfavorable, se tienen que hacer las actuaciones pertinentes por parte de la propiedad”, comentó Martínez. Preguntado por la prensa por cómo es posible que una terraza ilegal esté a la vista y pueda explotarse económicamente sin problemas, Martínez se limitó a defender a los “excelentes profesionales” del Consistorio que “cumplen sus funciones y obligaciones”.
En este punto, Martínez apeló a la responsabilidad de los propietarios. “No podemos poner un funcionario en cada uno de los 5.000 locales que hay en Palma”, incidió. Al ser preguntado sobre si no era visible que la cubierta estaba funcionando como terraza desde hacía varios años, recalcó: “No se puede tener a un funcionario delante de cada local que hay en Palma”. La rueda de prensa finalizó con un “no sé a qué se refiere”, la respuesta que ofreció Martínez cuando un periodista le preguntó cómo es posible que, durante una década, “ese local haya operado como haya querido sin que el control del Ayuntamiento funcione”, en palabras del reportero.
