El PSOE de Santiago de Compostela está roto. La decisión de sus seis concejales de desobedecer una orden directa de la ejecutiva puede ser demasiado incluso para una agrupación acostumbrada a sobrevivir internamente a base de esparadrapo y de ese gran pegamento que es el poder -han gobernado la capital de Galicia 30 de los últimos 40 años-. La ordenanza sobre viviendas turísticas (VUTs) era sólo la excusa, pero el responsable local, Aitor Bouza, eligió el peor tema en el peor momento para dar al sector que lidera la edila Mercedes Rosón una bofetada en la cara de la ciudad. Estas son las claves de una “vorágine” -el término es del portavoz municipal, Gonzalo Muíños- que se inició el pasado viernes pero que venía incubándose desde hace más de una década.
El PSOE de Santiago siempre tuvo dos almas. Una, la que detentaba el poder orgánico -liderada por el todopoderoso Bernardino Rama- y otra, la llamada universitaria, que tenía como rostro reconocible a Mercedes Rosón. Las dos familias convivieron en una entente cordial mientras Xosé Sánchez Bugallo fue alcalde, pero la calma tensa se convirtió en guerra abierta cuando perdió el poder por un puñado de votos en 2011. Rosón y Paco Reyes se enfrentaron a cara de perro por el liderazgo. Reyes venció para caer estrepitosamente ante la Compostela Aberta de Martiño Noriega, aupado por la subida de las Mareas y las llamadas a la regeneración. Sin embargo, Noriega se convirtió en una especie de anticristo y la derecha se conjuró para echarlo. Para eso, visto el fracaso del PP, optó por el malo conocido. Bugallo regresó para hacerse con el bastón de mando y volver a poner paz entre los suyos. Un espejismo: no fue consciente de cuánto habían cambiado las cosas en ocho años y, tras perder cuatro concejales, buscó un cómodo refugio en el Senado. Las familias se repartieron entonces el grupo municipal casi al 50% y al frente del partido apareció Aitor Bouza, antiguo líder de las Xuventudes Socialistas que contaba con el apoyo del líder del PSdeG, Gómez Besteiro, y el del aparato provincial, conectado a través de Rama, asesor en la Deputación de A Coruña.
Como sucedió durante el gobierno de Compostela Aberta, el PSOE volvía a nadar entre dos aguas. No quiso incorporarse al bipartito BNG-CA -lo que muchos vieron como un veto que sólo buscaba evitar que Rosón fuese la número dos de ese ejecutivo- pero se convertía en socio preferente frente a un PP que acarició la mayoría absoluta. Aritméticamente, su papel en los grandes temas volvía a ser decisivo. Y Bouza, Rama y los suyos no estaban dispuestos a que la línea se marcase en el Pazo de Raxoi -la sede del ayuntamiento- sino en la Casa do Pobo.
Compostela es una ciudad que acaba de alcanzar los 100.000 habitantes y que tiene barrios completamente ahogados por el turismo, sobre todo, el Casco Histórico y los que forman parte del Camino de Santiago. Mientras la bolsa de alquiler tradicional, que ha incrementado sus precios un 33% en el último lustro, apenas supera el centenar de pisos y los miles de estudiantes se pelean por otros 300, el registro de la Xunta (REAT) alcanzaba las 800 VUTs. En 2023 -con Bugallo de alcalde y Rosón al frente de Urbanismo-, PSOE y CA aprobaron una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que restringía las viviendas turísticas a bajos -si eran residenciales- y primeras plantas. Entonces, los propietarios quedaron a la espera de una ordenanza que les permitiese regularizar los que ya estaban funcionando antes de esa modificación.
Tras las elecciones y el cambio de gobierno, era al bipartito BNG-CA al que le tocaba la patata caliente y la alcaldesa nacionalista, Goretti Sanmartín -que se abstuvo en la modificación- había mostrado su intención de buscar una fórmula para dar encaje a esas viviendas preexistentes. Esa era “la expectativa” a la que se referiría el sucesor de Rosón, Iago Lestegás. Sin embargo, los informes jurídicos lo impidieron. Legalizarlas obligaría a algo imposible, “resucitar” -otra vez Lestegás- un planeamiento derogado. Así, la ordenanza que se presentó el lunes a pleno sólo regulaba cómo comunicar al ayuntamiento la actividad como VUT durante 60 días al año de viviendas que se dedicasen al alquiler tradicional. Pero, de facto, supuso cerrar definitivamente el capítulo normativo y dar carpetazo a cualquier posibilidad de “indulto” a 600 viviendas preexistentes.
El viernes 21 de junio, Aitor Bouza y su vicesecretaria, Marta Álvarez Santullano -exconcejala muy próxima a Rama- anunciaron que la ejecutiva municipal había decidido que los seis ediles tendrían que abstenerse en el pleno de tres días después. Eso supondría que la mayoría del PP tumbaría la norma, reducida por Bouza a “trámite administrativo”. “No es un problema de fondo, es un problema de forma”. Empezó entonces todo un ejercicio de equilibrismo para tratar de justificar el giro de 180 grados ante una “medida socialista”, que es como Rosón había reivindicado el corolario a su reforma del PXOM. Por un lado, Bouza pretendía que Sanmartín quedase retratada; por otro, menos explícito, presionar a Rosón y los suyos: o votaban contra su conciencia o eran fieles a sí mismos, arriesgándose a un expediente disciplinario y una posible expulsión.
Tras la rueda de prensa de Bouza, el grupo municipal se sumió en un mutismo absoluto, pero las críticas al cambio de postura arreciaron como una tormenta. No sólo los miembros del gobierno local o políticos de izquierda. Los internautas se volcaron contra el secretario xeral, que multiplicó su presencia en X (antes Twitter) con vídeos en los que intentaba, de forma cada vez más desesperada, defender su postura. Un post del escritor y humorista Carlos Meixide resumía en pocas líneas la situación.
Al tiempo, la ejecutiva municipal mandaba otro mensaje: el domingo, la víspera del pleno, convocaba para el día siguiente, tras la sesión, la reunión donde se decidiría la continuidad del personal eventual del grupo: el jefe de prensa y la jefa de gabinete, antigua mano derecha de Bugallo y otra muestra del alejamiento entre el exalcalde y los suyos tras la debacle electoral. Los concejales -y los asesores- lo entendieron como un aviso: si queréis que sigan, ya sabéis lo que votar. Sin embargo, desde el partido aseguran que todos conocían la decisión desde hacía meses. Otra cosa es que eligiesen el momento menos oportuno para recordarla.
Con el pleno a media tarde, en la mañana se vivió la internacionalización del conflicto. La líder del BNG, Ana Pontón, pedía al PSOE responsabilidad mientras el líder del PSdeG se ponía de perfil. Bouza se presentó siempre como un hombre de Besteiro y el secretario general no lo desautorizó. Antes de la sesión, los pequeños propietarios de VUTs se concentraban ante el ayuntamiento, en una Praza do Obradoiro tomada por los turistas, al grito de “Non somos especuladores”.
Tras las intervenciones -a favor y en contra- de los representantes ciudadanos, Lestegás defendió la ordenanza. La número dos del biapartito, la portavoz de Compostela Aberta, María Rozas, le dio su respaldo. Era el momento del PSOE. Los concejales habían esperado a la hora exacta para entrar en el salón de plenos. En lugar de su portavoz, Gonzalo Muíños -que intervendría después, para refrendarlo y evitar cualquier duda-, habló Rosón. Con la voz quebrada, anunció el voto afirmativo y sus motivos: “Leales con la ciudad, leales con los vecinos, leales con lo que defiende el Partido Socialista en toda España y en Galicia, y con lo que defendimos siempre”. Daba igual ya lo que dijese el PP. Entre quienes aplaudían en el público, cerca del jefe de prensa del grupo -“bienvenidos a mi sentencia de muerte”- estaba la exconcejala Begoña Rodríguez. Elegida en la ejecutiva de Bouza, tardó apenas un par de semanas en abandonarla y no quiso dejar de mostrar su respaldo a sus antiguos compañeros.
La presión de la ejecutiva local, con un grado de injerencia nunca visto sobre los concejales, tuvo un efecto que sus impulsores no esperaban: soldar en una única pieza, por primera vez, un grupo municipal históricamente dividido, y que lo estuvo hasta la misma confección de las listas de las últimas elecciones locales. Si el objetivo era partirlo en dos y librarse de los universitarios mientras los antiguos bugallistas tomaban el poder, el resultado fue el contrario: hacerlos ir todos a una. Muíños y Rosón, rivales históricos, se aliaron contra un enemigo -interno- común. Ahora, unos y otros se enfrentan al expediente que puede dejarlos fuera del partido. Mientras su entorno asegura contar con el apoyo de Ferraz, Bouza pasa la pelota al órgano provincial, del que también forma parte, para que haga una instrucción “inmaculada”. Mientras, el gesto de Rosón, una veterana con décadas de trabajo a sus espaldas, la ha convertido en una nueva y rutilante estrella para buena parte del PSOE pero también para el conjunto de la izquierda. Si nos fiamos del eco de lo sucedido el lunes, la edila emerge surfeando la ola que amenazaba con hacerla naufragar. A Bouza, por su parte, se le está poniendo cara de Verónica Pérez; sí, aquella que gritaba “la única autoridad del PSOE soy yo”. No se preocupen: es normal que no la recordasen.
