Cinco años, seis meses y 21 días después, el PP ha decidido –¡por fin!– que era buena cosa cumplir la Constitución. La renovación del Consejo General del Poder Judicial que se acaba de anunciar pone fin a una de las anomalías democráticas más graves desde que entró en vigor la Constitución: al bloqueo intolerable de uno de los poderes del Estado por parte de la derecha, que se negaba a cumplir la misma ley que reformó el Gobierno de Mariano Rajoy.
¿Qué habría pasado si hubiera sido la izquierda quien se hubiera negado a renovar el Poder Judicial, incumpliendo durante más de un lustro el mandato constitucional? ¿Por qué delito habrían procesado a los responsables? ¿Prevaricación? ¿Rebelión? ¿Sedición? ¿Alta traición?
Hemos normalizado tanto lo ocurrido en este tiempo que se nos olvida incluso que no es la primera vez. Que pasa siempre que el PP pierde el Gobierno y se queda en la oposición. Que –viendo lo barato que resulta– es probable que nos vuelva a pasar.
Pero vayamos al acuerdo. Que hay varias cosas importantes que explicar.
Los nombres y trayectorias de los nuevos vocales del CGPJ los puedes consultar aquí. Del lado progresista, son diez: cinco de Juezas y Jueces para la Democracia (Ricardo Bodas –que estuvo afiliado a esta asociación, aunque ahora ya está jubilado–, José María Fernández Seijo, Esther Erice, Lucía Avilés y Carlos Hugo Preciado), una fiscal de la Unión Progresista de Fiscales (Inés Herreros) y tres juristas: Argelia Queralt, Bernardo Hernández y Luis María Contreras.
Del lado conservador hay otros diez, la gran mayoría ligados a la Asociación Profesional de la Magistratura: los jueces Alejandro Abascal, Ángel Arozamena, José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga, José Antonio Montero y Esther Rojo y Gema Espinosa. Hay también una fiscal, Pilar Jiménez. Y otros dos juristas: Isabel Revuelta y José Luis Costa Pillado.
Diez a diez, la mitad para cada sector. Y solo falta por conocer quién presidirá el CGPJ. Distintas fuentes aseguran que –por primera vez– será una mujer, y se especula con el nombre de Pilar Teso, que es magistrada del Tribunal Supremo y no pertenece a ninguna asociación, aunque se la considera progresista.
De ser ella la presidenta, o alguien similar, el resultado general es positivo y representativo de la realidad del país. No hay perfiles ultras entre los propuestos por el sector conservador –como reconocen vocales de ambos bloques–. Tampoco ningún nombre entre los progresistas que pueda enardecer a la derecha porque haya tenido recientemente una responsabilidad en gubernamental –Ricardo Bodas, magistrado emérito del Supremo, fue entre 20 UU 03 y 2007 director general de Justicia en el Gobierno de Zapatero, pero de esto han pasado 17 años ya–. No es un mal acuerdo, para lo que podría ser. No es un mal consejo, que tiene una importante tarea que realizar.
Al margen de estos nombres, PSOE y PP han pactado una serie de reformas para el Poder Judicial. En esencia, al 90%, son los mismos cambios que habían acordado hace casi dos años, en octubre de 2022, cuando Feijóo no se atrevió.
El acuerdo fija una serie de incompatibilidades para los nombramientos a este órgano: que no haya nadie que haya tenido un cargo político en los cinco años anteriores, un requisito que también se extiende al fiscal general. Regula la vuelta a los tribunales de los jueces y juezas que pasen por la política –tendrán que tomarse una excedencia de dos años, aunque sin perder su salario durante este tiempo–. Y también encarga a este nuevo CGPJ que prepare una propuesta de reforma al Parlamento sobre la elección de los vocales de procedencia judicial, que tendrá que estar apoyada por una mayoría de tres quintos del nuevo consejo.
Solo hay un añadido más sobre el acuerdo al que PSOE y PP llegaron en 2020: el papel de la comisión de calificación. Supone establecer un procedimiento menos arbitrario para cada nombramiento que haga este nuevo CGPJ. Que sea un proceso más objetivo, donde se valore los méritos de cada candidato por algo más que la afinidad ideológica o personal.
No es una mala solución.
También hay un nuevo nombramiento que estaba previsto ya: el del magistrado del Tribunal Constitucional que corresponde al Senado y que le tocaba elegir a la derecha –sustituye a otro conservador que fue baja por motivos de salud–. Será José María Macías, que salta del actual CGPJ en funciones –era el líder de la derecha allí, y también el más duro contra el Gobierno y la ley de amnistía– al Tribunal Constitucional. Como ejemplo de ese mensaje de “despolitizar” las instituciones que tanto pregona el PP no parece el candidato ideal.
En el Constitucional, pese a la entrada de Macías, se mantiene una mayoría progresista: 7 a 5. Pero la decisión del exministro socialista Juan Carlos Campo de inhibirse de cualquier votación sobre la amnistía y otros asuntos que tuvieran relación con su paso anterior por el Gobierno dejan esa mayoría bastante más ajustada: 6 a 5, nada más. Es una batalla que sin duda la derecha ahora dará, y que esperamos que no acabe como la histórica y desastrosa sentencia del Estatut, que también ocurrió durante un periodo en el que se suponía que el sector progresista tenía la mayoría en el Constitucional.
En teoría –dicen tanto el Gobierno como la oposición– el acuerdo se circunscribe solo a estos nombramientos. En la práctica otras fuentes aseguran que no será así, y que este pacto es solo el primero para otras negociaciones que están ya en marcha, como el consejo de RTVE, o los nombramientos en la CNMC o el Banco de España.
Con esta renovación, Alberto Núñez Feijóo cierra al fin el episodio más turbio de su etapa como líder de la oposición. El líder popular fue incapaz, casi dos años atrás, de soportar la enorme presión que sufrió por parte de los medios conservadores para no renovar. Falta aún por conocer cuál será la respuesta de esos mismos medios y del ala más ultra de su partido, que encabeza Isabel Díaz Ayuso. Aunque la amiga de Javier Milei no pasa en estos momentos su momento más álgido, con ese ciudadano particular que paga la casa en la que vive pendiente de qué condena tendrá. Por lo que parece, no protestará.
En la práctica, el acuerdo también supone para el PP admitir al fin una incómoda realidad: que hay Gobierno para rato, por mucho que repitan que no.
