El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sale del bloqueo tras más de cinco años con el mandato caducado. PSOE y PP han anunciado un acuerdo de renovación que llega tras varios intentos frustrados y que pone fin a una situación de interinidad que se remonta a diciembre de 2018. Los conservadores, que salieron de la Moncloa en junio de ese año, se han resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado, la que decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura.
El acuerdo, cerrado finalmente en Bruselas tras la mediación de la Comisión Europea, incluye el reparto de los 20 puestos que compondrán el órgano de gobierno de los jueces, con 10 candidatos propuestos por el PSOE y 10 por el PP. Por el momento, no ha trascendido quién presidirá el órgano, que será elegido por los vocales previo pacto de los partidos.
El acuerdo, que ha sido oficializado por ambas formaciones, incluye medidas para reformar el sistema judicial que han facilitado el desbloqueo. Principalmente, la presentación de una proposición de ley orgánica que “reforzará la independencia del Poder Judicial”, en línea de la demanda del PP de transitar hacia un modelo en el que los jueces tengan más voz en la elección de sus miembros. Los negociadores también han pactado el nombramiento de un magistrado del Tribunal Constitucional. Será el actual vocal José María Macías, considerado el hombre fuerte de la derecha en el CGPJ.
La citada proposición de ley contempla dejar en manos del nuevo CGPJ la redacción de un proyecto de ley que reforme el método de elección de los vocales. Es el mismo modelo que, primero, Pablo Casado; y después, Feijóo, habían admitido en los intentos previos de renovación que acabaron frustrándose.
El pacto confirma que el final del ciclo electoral de 2024 y el ultimátum lanzado por Pedro Sánchez han abierto una nueva ventana de oportunidad para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. En los últimos días, de las declaraciones públicas de Alberto Núñez Feijóo y de sus portavoces desaparecieron algunas exigencias que eran inamovibles para el PP hace apenas semanas y que la formación conservadora llevaba esgrimiendo más de un lustro para evitar el acuerdo.
“Todo lo que sea avanzar en la independencia judicial, el PP lo firmará”, dijo la semana pasada Feijóo. Este movimiento insufló optimismo a los negociadores de la Moncloa, aunque no terminaban de fiarse después de que, en octubre de 2022, Alberto Nuñez Feijóo rompiera en el último momento un acuerdo que estaba cerrado ante las críticas internas y de las terminales mediáticas más conservadoras. Hasta la actual, esa era la ocasión en la que más cerca se había estado de acordar la renovación.
Tras el acuerdo político, los nombramientos no serán efectivos hasta que reciban el aval de las Cortes Generales, que son las encargadas por ley de designar a los veinte vocales del órgano. Su nombramiento requiere mayoría cualificada de tres quintos en ambas cámaras por lo que la participación de PP y PSOE es necesaria. De ahí que se repartan los puestos previamente. Cada una de las Cámaras –el Congreso y el Senado– elige a diez vocales: cuatro entre juristas con más de 15 años de ejercicio y seis jueces o magistrados que estén en activo. Estos últimos son escogidos de una lista a la se accede con el aval de 25 jueces o de una asociación judicial. Después, los 20 vocales elegirán al presidente acordado previamente por los dos grandes partidos.
El pacto pone fin a una situación agonizante. Hasta ahora, el órgano al que corresponde la organización de los juzgados y tribunales estaba funcionando con un pleno mermado (con 16 de sus 21 miembros: diez conservadores y seis progresistas), un segundo presidente “por sustitución” que también ha amenazado con dimitir y con unas atribuciones limitadas. En marzo de 2021, PSOE y Unidas Podemos acordaron cambiar la ley para impedir al CGPJ hacer nombramientos cuando está en funciones. Hasta entonces, un órgano caducado había acordado 74 nombramientos clave en la cúpula judicial. El Tribunal Constitucional avaló esta reforma, aunque ha provocado que en el Tribunal Supremo las plazas sin cubrir alcancen las 25.
Los más de cinco años de bloqueo han sumido al CGPJ en una inédita situación de degradación que se ha puesto de manifiesto en la cada vez más tensa relación entre los vocales, que acumulan el desgaste de cinco años de interinidad; pero también en los choques con el Ejecutivo de coalición. Los más recientes, a raíz de la insistencia de la mayoría conservadora en hacer un informe crítico con la ley de amnistía antes incluso de su aprobación o de la designación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
