El Tribunal Supremo ha dejado a José Manuel Baltar, senador del PP y expresidente de la Diputación de Ourense, a un paso del banquillo por conducir a 215 kilómetros por hora. La magistrada que ha investigado el caso ha decidido procesar al político por un delito contra la seguridad vial y ha preguntado a la Fiscalía si debe abrir juicio oral contra él. El Ministerio Público ya pidió su condena cuando el caso se tramitó ante un juzgado de Zamora, antes de que fuera elegido senador y quedara aforado ante el Tribunal Supremo.
Tal y como reveló elDiario.es, agentes de la Guardia Civil pararon el coche de la Diputación de Ourense que conducía Baltar en abril de 2023 a 215 kilómetros por hora. Una velocidad que casi duplicaba el máximo permitido de 120 kilómetros por hora en ese tramo de la A-52 en la provincia de Zamora en sentido Madrid. Fue sancionado pero, además, los agentes abrieron un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial.
Baltar pagó la multa y además se enfrentó a un proceso penal que arrancó en un juzgado de la localidad zamorana de Puebla de Sanabria, diligencias que fueron enviadas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cuando Baltar dejó la Diputación y fue elegido senador con el Partido Popular. Un proceso judicial en el que Baltar, sin éxito, ha intentado evitar el banquillo con dos argumentos: que si fue multado por la vía administrativa ya no puede ser condenado por lo penal, y cuestionando también que realmente condujese a 215 kilómetros por hora.
Sus argumentos no evitaron que la magistrada instructora, Ana Ferrer, abriera una causa contra él y pidiera el suplicatorio a la cámara baja para poder juzgarle. Tampoco han evitado que, una vez concedido el permiso por parte del Senado con el voto de su propio partido, haya puesto en marcha los trámites para que se siente en el banquillo: procesado por un delito contra la seguridad vial, el paso previo a la apertura de juicio oral y la celebración del propio juicio.
El primer paso será que la Fiscalía explique si cree que Baltar debe ser juzgado y condenado, algo que ya ha expuesto en el pasado. Cuando el caso se tramitó ante un juzgado de Zamora, el Ministerio Público llegó a pedir que fuera multado y que se quedara un año sin carnet de conducir, calificación que ahora debe confirmar la Fiscalía del Tribunal Supremo.
La magistrada Ana Ferrer, que ha investigado el caso, no tiene dudas de que el senador del PP debe sentarse en el banquillo. Su conducta, si se declara probada en una sentencia, es una de las “estadísticamente más arriesgadas para la seguridad en el tráfico rodado”. Actitudes como la de Baltar, conduciendo a casi 100 kilómetros por hora por encima de lo permitido en este tramo, “incrementa inadmisiblemente el riesgo de daños personales y materiales”. Las pruebas contra él, dice la instructora, no dejan margen para no llevar el caso a juicio: el atestado, los resultados del radar y todas las ampliaciones de la documentación le señalan.
