El Ministerio de Cultura ha anunciado que inicia los trámites del procedimiento para la extinción de la Fundación Francisco Franco. Lo hace “porque se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”. Comienza un proceso que finalmente dependerá del dictamen de un juez tras la emisión de informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, del Registro de Fundaciones y de la Abogacía General del Estado.
Esta actuación da “cumplimiento a lo establecido en la Ley de Memoria Democrática, en el marco de las funciones del Protectorado de Fundaciones”, indica la cartera de Ernest Urtasun, respecto a ese organismo que es competencia del ministerio cultural. En la nota remitida a los medios, el Ministerio anuncia que “como primer paso, se inician las actuaciones previas dirigidas a obtener información y elementos de juicio que motiven el inicio del procedimiento para instar judicialmente la extinción”.
Urtasun ha publicado en sus redes sociales un vídeo anunciando este procedimiento y citando a la Ley de Memoria Democrática, que dice que “concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo”.
El Ministerio de Urtasun ya había anunciado en abril sus planes para extinguir esta fundación, a pesar de sus intentos por esquivar la ley. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha trabajado coordinadamente con el de Cultura, dijo en ese momento que se haría con esta fundación “y toda otra que defienda al dictador o vanaglorie a quienes defendieron el franquismo”. La anomalía española de contar con organizaciones que hacen apología del fascismo no acaba en la Fundación Nacional Francisco Franco. A ella se suman otras como la Fundación José Antonio Primo de Rivera o la Fundación Blas Piñar, líder histórico de la extrema derecha y fundador de Fuerza Nueva.
El procedimiento del Ministerio de Cultura se desarrollaría en tres fases. La primera, el inicio de actuaciones previas que ahora comienza, consiste en la petición de informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal.
La segunda será la apertura del procedimiento, que comenzaría con la comunicación del expediente a la mencionada fundación y la apertura del correspondiente periodo de alegaciones.
Por último, se solicitaría un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual el Ministerio de Cultura elaboraría una resolución para instar judicialmente la extinción. Finalmente, la resolución del procedimiento será decisión de los jueces.
Gran parte de las actividades de la fundación franquista se han dirigido a intentar revertir por vía judicial las acciones llevadas a cabo por los Gobiernos en aplicación de las leyes de memoria, una excepción española en la lucha contra los fascismos señalada por Europa. Así fue con los cambios en los callejeros que realizó el Ayuntamiento de Madrid durante la legislatura de Manuela Carmena en 2017 y que la fundación recurrió en los tribunales para 52 calles, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid detuvo esa vía y dictaminó que la fundación solo podía pleitear por dos de ellas, aquellas que aludieran expresamente al dictador.
El año pasado, esta fundación llevó a los tribunales al Ministerio de Defensa para recurrir el cambio de la denominación del Batallón Bandera Comandante Franco por Bandera España.
Esta organización lleva años funcionando como un lobby para ensalzar al dictador utilizando la justicia y peleando contra la memoria histórica. Anteriormente había participado en el proceso judicial para que un pueblo de Soria no cambiara su topónimo en el que se ensalzaba al general Yagüe, conocido como el 'carnicero de Badajoz' por sus sangrientas ofensivas en la Guerra Civil tras el golpe de Estado de 1936 que acabó con la legalidad republicana.
