La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que aplique la amnistía a todas las conductas vinculadas con el referéndum independentista del 1-O y con las protestas organizadas por la plataforma Tsunami Democrátic. En sus informes, el Ministerio Público defiende que deben quedar borrados todos los delitos relacionados con esa consulta y con los altercados que se produjeron en Barcelona tras la publicación de la sentencia del procés, incluidos los de malversación y terrorismo que afectan a Carles Puigdemont. También pide que se levante la orden de detención contra el expresident de la Generalitat.
Los escritos se han presentado un día después de que la Junta de Fiscales de Sala, uno de los órganos que conforman la cúpula de la carrera fiscal, apoyara el criterio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de pedir que se aplique la amnistía a todos los delitos relacionados con el 1-O. La Junta se celebró después de que los cuatro fiscales que ejercieron la acusación en el juicio del procés en el Supremo rechazaran por “improcedente” la orden del fiscal general, que les conminó a pronunciarse a favor de aplicar la amnistía también a la malversación. La tesis de García Ortiz contó con el respaldo por la mínima de la cúpula fiscal.
En total son tres los escritos presentados al Alto Tribunal, que pidió al Ministerio Público que se pronunciara sobre la aplicación de la amnistía en los diferentes procedimientos abiertos relacionados con el procés. Uno de los informes es relativo a los líderes independentistas ya condenados —y parcialmente indultados— por la organización del 1-O en contra de la decisión del Constitucional, como Oriol Junqueras; otro a los que no fueron enjuiciados por haberse marchado a Bélgica tras el referéndum, como Puigdemont; y un tercero versa sobre la parte de Tsunami Democrátic que se desgajó de la Audiencia Nacional y fue remitida al Supremo al dirigirse contra dos aforados: el propio Puigdemont y Rubén Wagensberg (ERC).
En relación a los hechos relacionados con la consulta del 1-O, los dos informes los firman la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y uno de los fiscales jefe de lo Penal, Joaquín Sánchez Covisa, después de que los cuatro del procés rechazaran hacer un dictamen con una tesis que no compartían.
Así, los escritos definitivos sostienen que deben quedar amnistiados todos los delitos, incluida la malversación que ha centrado el debate en los últimos días por la diferencia de criterios entre los cuatro fiscales del procés y el fiscal general. Los escritos finalmente presentados sostienen que sólo de esta forma se respeta la voluntad del Parlamento que acordó por mayoría aprobar esta norma.
Así, subrayan que el desvío de fondos para “financiar, sufragar o facilitar” las consultas independentistas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017 “se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de la norma” y, por consiguiente, será amnistiado “por imperativo legal” siempre que “haya sido ejecutado sin un propósito de enriquecimiento”.
Los fiscales se apoyan en varios pronunciamientos del Supremo para concluir que en el procés hubo una “distracción de fondos públicos” pero con “el único propósito” de celebrar esas consultas y recuerdan que la ley fue incluso muy modificada en este punto durante su tramitación parlamentaria para seguir las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Este organismo pidió que la ley estableciera “un nexo causal más estrecho” entre esas consultas y los actos de malversación.
Esa recomendación se plasmó en “una definición precisa y detallada” de los actos susceptibles de ser amnistiados, según recoge el propio preámbulo de la norma. Los fiscales tampoco creen que con la celebración de estos referéndum se vieran afectados los intereses financieros de la Unión Europea, que podría ser otro de los motivos de exclusión de la amnistía.
Respecto a los procesados Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig reclaman que se archive la investigación abierta por el juez Pablo Llarena y que se levanten las medidas cautelares. Y sobre los ya condenados Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa piden que se borren los delitos de desobediencia y malversación —que no fueron indultados—, que se declaren extinguidas las responsabilidades civiles y contables y que se eliminen los antecedentes penales de todos los condenados por el procés.
En relación a Tsunami Democrátic, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, solicita también que se amnistíen todos los delitos, incluido el de terrorismo. El juez que instruye gran parte de esta causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, está convencido de que este procedimiento queda excluido de la ley. Su argumento es que se produjeron en esos hechos actos terroristas y que resultaron heridos de gravedad dos policías, aunque las protestas no las organizó la plataforma.
Por contra, la teniente fiscal del Supremo sostiene que “es claro que ninguno de los hechos investigados en esta causa ha causado de forma intencionada una grave violación de los derechos humanos” ni tampoco muertes, abortos, torturas o tratos inhumanos o degradantes. Estas son las exclusiones que contempla la ley y que, según el criterio de la Fiscalía, tampoco afectan a esta causa.
