A España le ha costado 13 años cumplir los límites legales de dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire y todavía rebasa los de ozono troposférico en algún punto, pero ya se le echa encima el calendario. Si 2023 fue el primer curso en el que ninguna ciudad rebasó el tope de NO2 vigente desde 2010, para 2030 serán rebajados a la mitad. 25 ciudades presentan una concentración de ese gas más allá de ese límite.
De hecho, si se revisan todos los contaminantes incluidos en la legislación –como ha hecho Ecologistas en Acción en una revisión anual– se comprueba que dos tercios de la población española vive en zonas donde la contaminación supera los umbrales que serán ley en 2030. Son algo más de 32 millones de personas. Para el caso del ozono troposférico, todavía se incumple la normativa actual en gran parte de la Comunidad de Madrid y algunas zonas del interior de Catalunya (Prepirineu y Plana de Vic)
“La calidad del aire en España ha mejorado respecto a los años 2022 y anteriores a la pandemia”, es la conclusión del trabajo de los ecologistas. Y analizan: “El factor esencial ha sido el consumo de combustibles fósiles y electricidad –que se redujo el año pasado– y que las fuentes renovables de energía cubrieron más de la mitad de la demanda de electricidad”.
En abril pasado el Parlamento Europeo votó a favor de los nuevos límites de contaminación que propusieron la Comisión y los estados miembro. “Los actuales están totalmente obsoletos”, juzga el responsable del informe, Miguel Ángel Ceballos. Así, el NO2 y las micropartículas PM10 pasan de 40 a 20 microgramos por m3. Para el ozono se pasa de permitir 25 superaciones anuales del umbral de los 120 microgramos a solo 18 ocasiones. En todos los casos, son niveles más permisivos que los trazados por la Organización Mundial de la Salud.
Las administraciones tienen pues unos seis años para prepararse de cara a estos nuevos límites más estrictos. En el anterior ciclo, los límites ya anticuados aparecieron en la normativa en 1999 y fueron de obligado cumplimiento en 2010. España cumplió en todo su territorio con la ley, respecto al NO2, en 2023. Y para el ozono troposférico todavía incumple en algunas zonas.
Por eso el informe sobre la calidad del aire de la organización, además de utilizar la legislación actual, le pasa el filtro de lo nuevo ya aprobado al aire que respiramos.
El ozono troposférico (O3) está viéndose empujado estos últimos años debido al calor de récord mezclado con la contaminación que sale, sobre todo, de los tubos de escape de los vehículos.
“El extremado calor estival contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono, en especial durante las cuatro olas de calor de julio y agosto”, concluye el informe. En esos meses se superaron 15 veces el umbral de alerta a la población, las cifras más altas desde 2015. El cambio climático se confirma así como “un factor de primer orden en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire por partículas y ozono”.
Este contaminante se produce por las reacciones que provoca la incidencia de la radiación solar sobre otros compuestos –como el NO2– que son liberados a la atmósfera. Por eso su estación de picos de concentración es, sobre todo, el verano. Y por eso pueden detectarse altos niveles en zonas alejadas de los núcleos urbanos.
Ese carácter de polución en el medio rural hace que también sea relevante la acción oxidativa que el ozono troposférico tiene sobre la vegetación (que incluye los cultivos). Dos terceras partes de la superficie cultivable en España se ve afectada por un exceso de este contaminante “que puede reducir la producción de las cosechas hasta un 20%”, afirma Ceballos.
El famoso gas NO2 –cuyas concentraciones elevadas en Madrid, Barcelona y Granada supusieron una sentencia contra España por parte del Tribunal de Justicie Europeo– cayó en 2023. Eso hizo que, por primera vez, ningún área metropolitana presentara niveles fuera de la legalidad.
“La causa principal fue, probablemente, la renovación y menor dieselización del parque circulante de vehículos”, cuenta el análisis. Con todo, hay un amplio grupo de ciudades distribuidas por la península y los archipiélagos que tendrán que reforzar sus planes anticontaminación para conseguir, en seis años y medio, estar dentro de las nuevas exigencias legales.
Los muncipios, según los datos oficiales recopilados por la organización ambientalistas, son: A Coruña, Algeciras, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Ceuta, Córdoba, Donostia-San Sebastián, Gijón, Girona, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Talavera de la Reina, València, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
La coordinadora de Ecologistas, Carmen Duce, ha recordado que una de las principales medidas para rebajar la polución del tráfico es la creación de zonas de bajas emisiones, obligatorias por ley para las ciudades de más de 50.000 habitantes, pero que “solo hay 22 en marcha (de más de 140) y si se analizan al pormenor, muchas son bastante lamentables como el caso de Sevilla,, que solo incluyó la isla de la Cartuja o Zaragoza que utilizó la zona ya peatonalizada del centro. U otras ciudades que solo prevén activar cámaras en las zonas cuando haya picos de contaminación”.
Respecto a las partículas finas (PM10), en las Islas Canarias, 2023 presentó los terceros peores datos de la última década.“En la mitad de las estaciones de medición se pasó el valor límite diario vigente, con una tendencia creciente estrechamente relacionada con el cambio climático global”.
