Independencia .- El Ministerio Público solicitó al Tribunal Colegiado de Jimaní que sean condenados a penas de 30 y 20 años de prisión, los miembros de la red criminal dedicada altráfico ilícito de migrantes, desmantelada mediante la Operación Iguana.
La red también cometió delitos contra la administración pública, porte ilegal de armas y secuestro.
El órgano persecutor solicitó una condena de 30 años de prisión contra los acusados Delson Manuel Medina Díaz, Juan mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán.
En cambio pidió una pena de 20 años contra Roberto Méndez Pérez, coordinador del puesto fronterizo en Jimaní, de la Dirección General de Migración (DGM), como el inspector de Migración, Johan Rosario Castillo, y Deivi Novas Reyes, quienes fueron procesados por los citados delitos.
Además, instó que la acusada Dominga Guzmán sea condenada a 2 años de prisión suspendida, por complicidad en el tráfico ilícito de migrantes.
Las procuradurías especializadas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representadas por los procuradores fiscales litigantes Aleika Almonte, Jhensy Víctor y Miguel Crucey, formularon la solicitud ante los jueces Alejandro Antonio García Cruz, Elaine del Pilar Lluberes y Freidy Hernández White, quienes se reservaron el fallo para el próximo jueves, 10 de octubre, a las 10:00 de la mañana.
La PETT, encabezada por la procuradora general de corte Yoanna Bejarán Álvarez, desarrolló la Operación Iguana en el año 2022 con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, mediante los cuales fue desarticulada esta red que utilizó a la frontera domínico haitiana como centro de operaciones.
Durante los allanamientos, el Ministerio Público arrestó a los acusados y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros.
El proceso
El Ministerio Público, con el apoyo del Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración, dio inicio a la investigación penal en diciembre del año 2021 contra los miembros de la red, logrando la obtención de pruebas que les vinculan al tráfico ilícito de migrantes y secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, así como de otros hechos de tráfico ilícito de migrantes.
Los acusados además recurrían a la amenaza y al chantaje para la obtención de soborno. Igualmente, privaban de su libertad y mantenían en cautiverio a las personas objeto de tráfico ilícito hasta recibir el pago exigido para la liberación de las personas retenidas o secuestradas, llegando inclusive a recurrir a las amenazas para la recepción de los pagos.
Los procesados realizaban diferentes funciones dentro de la red criminal. Respecto a Volquez Guzmán, el expediente señala que utilizaba la casa de su madre Dominga Guzmán (con total conocimiento de esta) para la retención de los migrantes hasta lograr el pago exigido o las condiciones necesarias para su liberación.
El grupo es acusado de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como la Ley 583 sobre Secuestro.
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