El Partido Popular tiene un total de 101 asesores en el Congreso de los Diputados, según confirman a Confidencial Digital fuentes populares. 91 trabajan directamente para el grupo parlamentario, al igual que otros 59 empleados más con cargo de ayudantes. Los diez restantes asesoran o asisten a los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de la Cámara Baja, y también a los presidentes de las comisiones. Sin embargo, ninguno de ellos detectó que la enmienda introducida por Sumar en el anteproyecto tramitado antes del verano suponía la reducción de la pena a más de 40 miembros de la banda terrorista ETA.
Ningún diputado del Hemiciclo se opuso a la enmienda que convalida a los presos el tiempo que hayan pasado en cárceles de otros países europeos. Una normativa comunitaria, de obligada aplicación para todos los países miembros, que ya impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014. El Ejecutivo del PP, a punto de cometer el mismo error que Génova ahora, introdujo una enmienda para que solo se aplicara esta convalidación a los condenados a partir de 2010, dejando fuera a casi todos los sentenciados por terrorismo.
La enmienda de Sumar elimina dicho apéndice, pero ni el PP, ni Vox, ni Unión del Pueblo Navarro —que se han manifestado en contra de estas rebajas— advirtieron esta consecuencia que el Gobierno enmarca dentro del derecho europeo.
Hay que recordar, sin embargo, que la reforma de este proyecto habría salido adelante aunque estos tres grupos hubiesen votado en contra, gracias a los votos del PSOE, Sumar y el resto de socios parlamentarios que también votaron a favor.
El conjunto de asesores de los populares se reparte en función de qué puesto ocupen y de a quién sirvan. Hay distintos tipos de asesores: los denominados como tal, los asistentes —divididos en A, B y C—, los asistentes técnicos —separados también en dos subgrupos, A y B—. La diferencia entre estos puestos también implica una diferencia en el sueldo. Son datos públicos recogidos por el portal especializado democrata.es.
Los asesores, independientemente del cargo al que ayuden, suman 36 y tienen un sueldo de 63.557 euros. Es decir, el PP destina 2.288.052 euros anuales solo a este equipo. Los asistentes están formados por un equipo de 21 personas y cobran 31.778 euros cada uno —667.338 euros en total—. El partido también tiene dos asistentes A —con un coste anual de 35.751 euros cada uno—, once asistentes B, 39.723 euros cada uno —436.953 euros en total—, y nueve asistentes C, con un salario anual de 43.695 euros —393.255 euros en total en esta categoría—.
Cuatro de los nueve asistentes C trabajan directamente para las vicepresidencias de la Mesa del Congreso que ostenta el PP. Bajo la actual distribución, los populares se hicieron con una vicepresidencia segunda, en manos de José Antonio Bermúdez de Castro, y una vicepresidencia cuarta, ostentada por Marta González.
También mantienen dos secretarías, la tercera, ocupada por Isaura Leal, y la cuarta, por Guillermo Mariscal, para la que trabajan seis de los asistentes B —tres para cada uno—. Todos los asistentes tienen la función de ayudar al diputado en su tarea política, así como el seguimiento de toda la actividad parlamentaria en el Hemiciclo y las comisiones.
Otros diez asistentes trabajan para los presidentes de comisiones parlamentarias.
Al margen de este despliegue de asesores, el PP tiene 15 diputados en la Comisión de Justicia que debatió el texto que tampoco repararon en las consecuencias penales para los condenados por terrorismo que tendría la enmienda de Sumar.
El PP invierte 5.228.436 euros en asesores al año en los 101 asesores y asistentes que tiene empleados en el Congreso de los Diputados. Solo superado por el Partido Socialista, que a pesar de tener 17 escaños menos, tiene cinco asesores más —un total de 106—.
Entre los dos principales partidos, suman el 70% de los asesores contratados por todas las fuerzas parlamentarias en el Congreso de los Diputados —207 de 307—.
La enmienda de Sumar aprobada sin un solo voto en contra por el Congreso de los Diputados beneficiará a 43 condenados por terrorismo en España, según cálculos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Veintitrés de ellos con delitos de sangre, como Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, uno de los asesinos con más crímenes a sus espaldas de toda la banda terrorista, como el asesinato de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez o Fernando Múgica. Con la nueva normativa saldrá de prisión en 2025.
También verán reducidas su estancia en la cárcel Anboto, líder histórica de ETA, o José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, quien mató a concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril en 1998 y pondrá fin a su condena también el año que viene. Según el periódico ABC, la reducción de las penas alcanzará los 380 años de prisión entre todos los etarras beneficiados de esta enmienda.
El TEDH se pronunció en 2018 antes las denuncias de los condenados por terrorismo en España después de que el Gobierno de Rajoy les impidiera convalidar las penas. El tribunal de garantías rechazó que se estuviesen negando los derechos a los reos, pero no entró a valorar si el Ejecutivo español había aplicado correctamente la normativa. Una tarea que compete al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que aún no se ha pronunciado al respecto.
