Movimiento Sumar busca un apoyo masivo en las calles que sirve de apéndice a la presión que ya ejerce desde el Gobierno para que el Partido Socialista se abra a regular directamente los precios de los alquileres. El partido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, está intentando movilizar a todos sus simpatizantes para que acudan a cualquiera de las múltiples manifestaciones que hay convocadas en las próximas semanas en defensa de la vivienda como derecho consagrado en la Constitución y para que el Ejecutivo legisle para frenar la tendencia alcista de los precios.
Los socios de Gobierno llevan meses intentando convencer a los socialistas de regular una materia que compete, exclusivamente, al Ministerio de Vivienda dirigido por Isabel Rodríguez. Aunque Díaz asegura que puede forzar el debate en el seno del Ejecutivo gracias a un artículo de la reforma laboral —como adelantó ECD—, en el partido admiten que no pueden abordar a fondo el problema sin la participación directa de la cartera dirigida por los socialistas.
En un comunicado remitido a los inscritos en Sumar, el portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, califica la situación de "emergencia nacional". "El mercado inmobiliario es un agujero para el estado del bienestar", afirma. "Hay una mayoría popular amplia que sabe que el Estado debe defender el derecho a la vivienda digna", continúa Errejón.
El portavoz concluye pidiendo a todos los remitentes que se organicen con las "organizaciones sociales y vecinales" para que las movilizaciones tengan "éxito".
El equipo de Díaz ha detectado que cualquier medida impulsada desde el Ministerio de Trabajo se ve empañada en parte por el problema de la vivienda. "Da igual cuánto subamos el salario mínimo", afirma una fuente del Ministerio, "todo se lo come la vivienda". En Sumar admiten que necesitan reactivar a su electorado, y sin abordar el problema de los alquileres, lo consideran imposible.
En consecuencia, la formación no ha esperado a un acuerdo con el PSOE y lleva semanas planteando distintas propuestas. La última, cortar el grifo a las autonomías gobernadas por el PP que no apliquen la ley de vivienda, una medida que ha terminado aceptando Rodríguez auqne con un matiz: premiará a aquellas que sí la pongan en marcha.
El siguiente objetivo para Sumar pasa por prohibir la compra de vivienda para especular; esto es, que no se puedan comprar casas en zonas tensionadas que no vayan a servir como vivienda habitual.
El pasado 17 de septiembre, la formación de Díaz ya hizo pública una hoja de ruta con todas las iniciativas que proponía en materia de vivienda y alquileres. A las dos mencionadas anteriormente, añadían crear medio millón de viviendas públicas en las zonas con los precios más elevados, con un precio de 400 a 600 euros mensuales.
También regular el alquiler vacacional, cerrar todos los pisos turísticos ilegales y desincentivar este tipo de arrendamientos subiendo los impuestos: tanto el IVA como el IRPF. Sumar propuso entonces que el Estado se hiciese cargo de la vivienda e hipoteca en caso de desahucio para evitarlos.
