El Gobierno no se aclara sobre si debe presentar la senda de déficit en el Consejo de Política Fiscal. Aunque este órgano solo tiene capacidad consultiva, debe pronunciarse sobre el techo de gasto, ya que se trata del instrumento que coordina la Hacienda Estatal con las comunidades autónomas en materia fiscal. Las autonomías ya dieron su visto bueno al objetivo marcado por el Ejecutivo antes de que el Congreso de los Diputados lo tumbara el pasado 16 de julio. Ahora hay ministros que abogan por no refrendar el límite de déficit ante las autonomías mientras altos cargos de Moncloa consideran obligatorio tener que llevarlo de nuevo al Consejo.
El techo de gasto que aprobó el Consejo de Ministros del pasado 10 de septiembre es el mismo que en julio. Se trata del tope de autonomías y ayuntamientos para gastar en 2025, una cifra clave para dar paso a la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Antes del verano, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a los gobiernos de todas las regiones, aprobó la nueva senda de déficit, más beneficiosa para los territorios que la actual.
Sin embargo, la Cámara Baja tumbó el techo de gasto a mediados de julio con el “no” de Junts. Ahora, el Ejecutivo ha optado por retrasar la votación en el Congreso —prevista para el pasado 26 de septiembre— a la espera de conseguir más apoyos y evitar otra derrota parlamentaria que dejaría en jaque as cuentas generales del próximo año.
Algunos ministros con mando en plaza consideran que al ser el mismo déficit que ya aprobó el Consejo de Política Fiscal, no tiene por qué ser sometido de nuevo a la votación de las autonomías, pero no concretan qué articulado del reglamento o de la ley de financiación autonómica (LOFCA) lo permite.
Aunque las autonomías —mayoritariamente gobernadas por el PP— votaron “sí” a la senda de déficit, los populares rechazaron aprobarla en el Congreso. Ahora, el Gobierno asume que los territorios en manos del PP se opondrán a la senda si se celebra un nuevo Consejo.
Aunque no se trata de una votación vinculante, sí se trata de un órgano consultivo que sugiere al Ejecutivo a actuar en una dirección u otra. Aunque un informe de la Comisión de Expertos sugirió que “deje de ser un órgano consultivo y de deliberación y sus acuerdos puedan ser vinculantes”.
El Ministerio de Hacienda quiere evitar una negativa del conjunto de las regiones, pero no termina de aclarar cómo podrían esquivar la consulta a los consejeros de cada gobierno regional.
El primer apartado del artículo 3.2 de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas recoge textualmente como una de las competencias del Consejo: “La coordinación de la política presupuestaria de las Comunidades Autónomas con la del Estado”. El artículo tercero regula todas las ocupaciones de este órgano. En el apartado octavo insiste en que debe coordinar “todo aspecto de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado que, dada su naturaleza, precise de una actuación coordinada”.
Ni la ley ni el reglamento especifican excepciones por las que la senda de déficit no deba pasar por la evaluación de los consejeros de Hacienda de las autonomías. Un argumento que defienden altos cargos de Moncloa, seguros de que deben llevar el techo de gasto al Consejo de Política Fiscal de nuevo, a pesar de que ya obtuvo el apoyo de los territorios en la última reunión.
El nuevo déficit que ha propuesto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, otorga mayor flexibilidad a las autonomías, que podrán gastar más.
La Comunidad de Madrid tendría 1.583 millones de euros más para gastar en caso de que el PP apoyase la senda que ha planteado María Jesús Montero. La más perjudicada.
A Cataluña, casi con las mismas cifras, iría seguida de Andalucía, también con un gobierno popular, que perdería 1.090 millones de euros. La Comunidad Valenciana, 764 millones de euros; Galicia y Castilla y León, 400 millones de euros, y tanto Aragón como Extremadura, unos 200 millones, aproximadamente. Todas gobernadas por el PP.
El total que dejaría de invertirse roza los 7.000 millones de euros. El 80% del mismo pertenecen a autonomías dirigidas por los populares —unos 5.500 millones—.
