Carles Puigdemont se arrepiente ahora de la fuga que protagonizó hace un mes, en Barcelona. Su defensa le había advertido de que, en caso de ser detenido y encarcelado, tenía previsto recurrir la decisión del Supremo de privarle de libertad y forzar así al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre si se le debe aplicar la Ley de amnistía.
El ex president utilizó tres pisos distintos en Barcelona para su articular aparición antes de la investidura de Salvador Illa, según se ha sabido ahora. Después de hablar desde el estrado, se escondió en un piso hasta las ocho de la tarde, y abandonó España aprovechando que los Mossos d’Esquadra habían levantado la Operación Jaula.
Ahora, en el exilio de Waterloo, Carles Puigdemont le está dando vueltas a esa operación de presentarse por sorpresa en Barcelona, personándose en un escenario, donde pronunció las palabras “Todavía estamos aquí”, para a continuación escapar, evitando una detención por los Mossos.
Según fuentes independentistas, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, el líder de Junts ha confesado en privado a sus más íntimos que “se equivocó” con esa estrategia, y en concreto, no habiendo propiciado su detención.
Un reconocimiento que, ha asegurado también, no realizará públicamente en ningún caso. Ahora, está considerando de nuevo que le conviene un “choque frontal” con los jueces que rechazan que se le aplique la amnistía.
Según fuentes cercanas al líder de Junts, la opción que se había diseñado, en caso de entrar en prisión, era presentar un primer recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la decisión de Llarena de encarcelar al ex president.
Al tratarse ya de ‘una causa con preso preventivo’, los magistrados del Supremo tribunal tendrían que acelerar la resolución de esas alegaciones.
Y, una vez que se pronunciase, la defensa de Puigdemont acudiría directamente al Tribunal Constitucional contra la previsible decisión de la Sala de mantenerlo entre rejas.
Las fuentes del entorno del exjefe del Govern catalán explican también que al Constitucional se le hubiera planteado que no se puede mantener en prisión a una persona a la que se le debe aplicar la amnistía, para así forzar al TC a pronunciarse sobre la norma, aunque solo sea en ese punto.
Otras fuentes del entorno del político secesionista opinan, sin embargo, que el órgano de garantías no entraría de lleno sobre la medida de gracia, y que se iría manifestando poco a poco sobre sus distintos aspectos.
En el entorno del líder de Junts han concluido que, si se hubiera producido una detención cuando estuvo en Barcelona, la consecuencia habría sido que se aceleraría la aplicación de la recién aprobada Ley de Amnistía, porque obligaría a las autoridades judiciales a tomar decisiones y, en su caso, aplicar esa ley, con lo que, en un plazo corto habría quedado en libertad.
Ahora, Puigdemont sigue en el exilio belga, a la espera de una aplicación de la amnistía que se está retrasando debido a los recursos al Tribunal Constitucional y a la justicia europea, una demora que en ámbitos independentistas creen que será “larga”.
Por ese motivo, el ex president catalán ha vuelto a plantearse provocar ahora ese “choque frontal” con los jueces, con el objetivo de acelerar el proceso.
