El martes 18 de agosto la defensa de Carles Puigdemont y Toni Comín presentó un escrito a el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidiendo que se le impute una sanción disciplinaria al juez Pablo Llarena por el “retraso injustificado” en la tramitación y resolución de los recursos de reforma presentados a la decisión de no aplicarles la Ley de Amnistía, según ha contado elDiario.es.
El recurso de reposición fue presentado el 8 y el 9 de julio por el abogado de Puigdemont y Comín pidiendo al juez Llarena que reconsiderara su decisión. Según ha podido consultar Confidencial Digital en la página de transparencia del CGPJ los recursos del tipo presentado por el expresident suelen tardar siete meses en ser tramitados y resueltos, es decir, que en diciembre se podría esperar una resolución.
En general, los procesos de la sala de lo penal del Tribunal Supremo suelen tardar hasta diez meses dependiendo del delito, incluso, hay asuntos como los de recursos de casación según la Ley 5/95 que tardan hasta 13 meses en ser tramitados y resueltos.
Es importante acotar que la Ley de Amnistía fija un plazo de dos meses para resolver los recursos. Sin embargo, en este caso ECD ha podido saber por expertos en la materia, jueces y catedráticos, que el juez Llarena al no considerar los hechos amnistiables no debe cumplir ningún plazo de tiempo.
Esta denuncia, que ha presentado Puigdemont contra el juez Llarena, se contempla en la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial donde se considera una falta “la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales”, y una falta grave “ el retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye falta muy grave”. Esta última, que es la que denuncia el expresidente catalán, puede resultar en la suspensión de funciones de hasta tres años o el traslado forzoso.
El uno de julio el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, acordó mantener las órdenes de detención contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y los exconsejeros huidos y procesados por rebeldía Toni Comín y Lluís Puig, a los que se les atribuye un delito de malversación.
El juez explicó que los procesados obtuvieron los medios para desde su liderazgo “satisfacer su antojadizo interés” a cargo de los contribuyentes de Cataluña “eludiendo sufragar sus deseos o afanes con detrimento de su fortuna personal”. De esta manera, se declaró que la malversación operó en beneficio personal.
Gonzalo Boye, abogado del expresident y Toni Comín, presentó el recurso frente a esta decisión bajo la justificación de que ninguno de los dos acusados se enriquecieron personalmente y que la decisión iba en contra de la voluntad del legislador.
En Confidencial Digital hemos contado previamente que la Comisión Disciplinaria del CGPJ archiva muchas de las quejas que hace el público sobre las decisiones de los magistrados.
La mayoría de estos descontentos tienen que ver con la misma causa por la cual se queja Carles Puigdemont: los retrasos injustificados en la iniciación, tramitación o resolución de sus causas. Como fue explicado previamente, la sanción depende de la gravedad, pero en España han sido sancionados por esta medida ocho jueces. Tres magistrados fueron suspendidos durante tres meses y siete días, mientras que otros cinco fueron multados a pagar entre 600 y 3000 euros.
