El Gobierno aprobó la pasada legislatura la ley de vivienda, que trataba de paliar la subida de los precios del alquiler y facilitar el acceso a un hogar a los ciudadanos con menos recursos. Un año después de su entrada en vigor, el Ejecutivo admite que hay “un agujero” en el texto que la convierte en ineficaz: no haber regulado los pisos turísticos.
Por ese motivo, en las últimas semanas, las dos fuerzas que componen el Ejecutivo -tanto el Partido Socialista como Sumar- han lanzado iniciativas para poner coto a los arrendamientos turísticos, que, por ejemplo, en Madrid, representan ya el 25% de las viviendas del centro.
El anterior Gobierno tardó meses en llegar a un acuerdo con Unidas Podemos sobre la ley de vivienda. Se establecieron topes a las subidas del alquiler y se delimitaron las zonas tensionadas donde topar los precios, pero desde Sumar admiten que ninguna autonomía ha aplicado con eficacia la norma, salvo Cataluña, la región con el mercado más inflado.
Los partidos regionalistas -Compromís, Más Madrid, En ComúPodem- que conforman Sumar reclaman medidas estatales urgentes. La vivienda se sitúa ya como el principal objetivo de las fuerzas progresistas.
El pasado 10 de julio, Más Madrid puso en marcha una recogida de firmas para solicitar que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cierre todos los pisos turísticos que considera “ilegales”: un total de 25.000 inmuebles, que han crecido un 400% en los últimos años, aseguran desde Más Madrid en un escrito a los madrileños.
Sumar y PSOE reconocen ahora que la norma no influye en uno de los factores que consideran clave para el alza de los precios. En la formación encabezada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, califican el alquiler turístico y de temporada como “el principal agujero de la ley”.
“Es una trampa que utilizan las grandes empresas para elevar los precios y expulsar a los vecinos”, aseguran. Añaden que el 80% de los compradores de viviendas en zonas tensionadas son extranjeros.
Los dos partidos se han puesto manos a la obra y, aunque no se plantean reformar la ley, sí trabajan en distintas medidas. Las del PSOE tienen un carácter más comedido; Ferraz propone que los vecinos de la comunidad deban dar permiso a un propietario para dedicar su vivienda al alquiler turístico. Una idea que en Sumar tachan de “ineficaz”, e incluso la califican como “dejación de funciones” por parte del Gobierno del que forman parte.
La coalición de Díaz propuso subir impuestos al alquiler turístico, tanto IRPF como IVA, -como adelantó ECD-. Una medida que exigen como requisito para votar a favor de los presupuestos generales de Estado de 2025.
A esta petición, añaden otra: prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas si los compradores no van a vivir en ellas. Esto es, poner fin a la adquisición de segundas residencias en estos territorios.
También plantean obligar a que se cumpla la ley de vivienda en todas las autonomías, aunque eso invada las competencias regionales, y poner un límite a la compra de inmuebles por parte de los Fondos de Inversión. “Solo ven negocio en la vivienda”, afirman.
PSOE y Sumar tienen más que difícil sacar adelante cualquier medida en la Cámara Baja. Los apoyos del Ejecutivo difieren de los que tenía la pasada legislatura. La entrada de Junts como actor necesario para alcanzar la mayoría absoluta ha dificultado cualquier entendimiento con Esquerra Republicana, clave también para conseguir 178 diputados. Solo han logrado aprobar tres leyes y tres decretos ley, en seis meses.
El pasado verano, el Gobierno cedió a EH Bildu y ERC todo el protagonismo de la ley de vivienda. Ambas fuerzas la presentaron en el Congreso de los Diputados y la explicaron antes los medios. Ahora, PSOE y Sumar aseguran que fue un error no haber regulado los pisos turísticos, y plantean medidas por separado, al margen del Gobierno, aunque sin mucha esperanza de poderlas sacar adelante.
