Carles Puigdemont se subió este jueves a un estrado en Barcelona ante sus seguidores, defendió la independencia de Cataluña y desapareció. En unas horas en las que han arreciado las críticas desde ámbitos políticos y de la seguridad a la actuación de los Mossos, mandos de la Policía Nacional lamentan no haber actuado ante la pista que les llegó sobre las urnas del 1-O.
La huida de la Justicia del líder de Junts, iniciada en 2017, vivió este jueves un nuevo capítulo en Barcelona, en el tramo entre el Arco del Triunfo y el Parlament, donde no se registró su entrada.
Al cierre de esta edición, se desconocía el paradero de Carles Puigdemont. Los Mossos activaron la ‘Operación Jaula’ con controles por toda la red viaria de Cataluña, pero el despliegue no dio resultado.
Dos agentes de la policía autonómica catalana, uno de ellos propietario del coche en el que se habría producido la nueva fuga de Puigdemont, han sido detenidos y acusados de colaborar en la huida. También se ha citado a declarar a Jordi Turull, estrecho colaborador del expresident.
Antes de la nueva fuga de Carles Puigdemont, tras la que protagonizó tras la declaración unilateral de independencia (DUI) a finales de octubre de 2017, el referéndum del 1-O es también un recuerdo amargo para los miembros de los servicios de inteligencia e información, que en los meses previos al 1 de octubre trataron de bloquear la logística de la votación ilegal organizada por el Govern de Puigdemont, sin conseguirlo.
En las semanas previas, en septiembre de 2017, la Guardia Civil sí incautó miles de papeletas, citaciones postales a los miembros de las mesas electorales, carteles y otros documentos, en naves industriales, imprentas y empresas postales, y registró varias oficinas de departamentos del Govern.
Pero ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni el CNI lograron interceptar las urnas antes del 1 de octubre.
Se sospechaba que el gobierno catalán no iba a utilizar las urnas tradicionales, las que emplea en elecciones autonómicas, y que planeaba adquirir en el extranjero miles de cajas para el referéndum ilegal de independencia.
Mandos de la Policía Nacional que estuvieron directamente implicados en el operativo para impedir el referéndum, y para vigilar los preparativos del gobierno de Puigdemont dirigidos a la secesión de Cataluña, revelan, en círculos restringidos, algunos datos del trabajo de investigación previo al 1-O.
Confidencial Digital ha tenido acceso a ese relato.En él, un mando explica que a la Policía Nacional le llegó una información, “que parecía buena”, sobre dónde podían encontrarse almacenadas urnas que se iban a utilizar en el referéndum ilegal.El problema es que la fuente de la información, la persona que se la contó a la Policía Nacional, poco después se desdijo y lo negó todo.
El caso es que la Policía Nacional no llegó a actuar en ese lugar. Pasados más de seis años, el mando policial citado aún lo lamenta: “No sabemos si, a lo mejor, habría sido clave esa información para interceptar las urnas del 1 de octubre”.
Hay que tener en cuenta que, en las semanas previas al 1-O, a los servicios de información llegaron numerosas pistas, algunas acertadas, otras equivocadas, sobre preparativos secretos del Govern para montar el referéndum.
Confidencial Digital reveló, en julio de 2017, que la Guardia Civil había reforzado el despliegue en Cataluña con doscientos agentes del Servicio de Información.
Para los registros y detenciones, los jueces que actuaron contra los preparativos del referéndum echaron mano sobre todo de la Guardia Civil. Este cuerpo logró la colaboración de “confidentes” en imprentas y en empresas de mensajería de Cataluña, lo que facilitó que se detectaran locales donde se habían impreso papeletas y otro material, y donde se iban a distribuir las citaciones a los miembros de las mesas.
Pero también la Policía Nacional movilizó a sus agentes, sobre todo a los de las brigadas provinciales de Información en Cataluña, con especial protagonismo de la de Barcelona.
Se da por hecho que también algunos funcionarios de la Generalitat, contrarios a la independencia, suministraron información a las Fuerzas de Seguridad.
La incautación de papeletas y otros documentos no impidió el referéndum. De ahí que, tras el 1-O, se desatara un muy duro cruce de acusaciones entre servicios de inteligencia e información.
Desde la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ministerio del Interior se culpó al Centro Nacional de Inteligencia de haber fracasado en su misión, que habría consistido en detectar la compra de urnas en el extranjero y haber averiguado cuándo, cómo y por dónde iban a ser introducidas en Cataluña.
Mandos del CNI se defendieron de esas acusaciones culpando a las Fuerzas de Seguridad de “chapuza policial”.
Sobre el dispositivo para introducir en Cataluña y distribuir más de 2.000 urnas de plástico con el escudo de la Generalitat, sin que se enteraran los servicios de inteligencia e información españoles, se han publicado reportajes y libros, principalmente de periodistas de medios catalanes.
El más detallado es ‘OperacióUrnes’, que, sólo dos meses después del referéndum, publicaron dos periodistas, Laia Vicens y Xavi Tedó, del diario Ara. Se trata de un libro claramente de parte, dedicado a glorificar la estrategia independentista, que logró escapar a los agentes españoles.
El libro relata que las urnas se compraron en China, y que llegaron en barco al suroeste de Francia. Allí las recibieron simpatizantes del independentismo catalán, que las ocultaron en naves industriales. La compra la realizó un empresario independentista.
A partir de ahí, se puso en marcha una red de colaboradores, de lo que se denomina “independentistes de pedra picada”: es decir, militantes de grupos decididamente independentistas desde hace décadas, y no “conversos recientes”.
Las urnas se trasladaron desde el sureste de Francia (“Catalunya Nord”, para los nacionalistas) a Cataluña en el verano, antes de los atentados yihadistas del 17 de agosto, que provocaron un aumento de la vigilancia en la frontera entre España y Francia.
Fueron transportadas en camiones y furgonetas y, ya en Cataluña, se distribuyeron con una especie de sistema piramidal. Muchas personas guardaron varias decenas de urnas en los garajes o trasteros de sus casas. La forma de las urnas, con una tapa que se podía abatir, permitía acumularlas de forma que ocuparan poco espacio.
Cabe apuntar que en esa zona del sureste de Francia hay franceses que simpatizan con el nacionalismo catalán.
Viven también allí algunos catalanes que se marcharon de España en los años 70, 80 y 90 porque estaban implicados en grupos terroristas nacionalistas y organizaciones políticas a ellos vinculadas: Front Nacional de Catalunya (FNC), Front d’Alliberament Català (FAC), Exèrcit Popular Català (EPOCA), Partit Socialista d’Alliberament Nacional-Provisional (PSAN), Independentistes dels PaïsosCatalans (IPC) y, sobre todo, Terra Lliure y su brazo político Moviment de Defensa de la Terra (MDT)
Todo eso se ha conocido a posteriori, y siempre según versiones de periodistas cercanos al independentismo catalán, que omiten nombres y datos para que no se identifique a las personas implicadas, si bien todo apunta a que muchos de ellos eran militantes a incluso concejales de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, el partido de Jordi Pujol), de la CUP, y miembros de organizaciones como Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana.
Aunque, como ya se ha dicho, aún escuece el fracaso de no haber encontrado las urnas, mandos policiales relativizan el posible éxito en el caso de haberlas incautado.
“Si hubiéramos encontrado las urnas, habrían votado en bolsas de basura o en cajas de cartón”, es la conclusión a la que llegan.
Alguna vez se ha apuntado que la “opción B” del Govern de Puigdemont era volver a utilizar las urnas de cartón y plástico que usó Artur Mas en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
Responsables policiales recuerdan que, cuando se incautaron las papeletas, el Govern animó a los votantes a imprimirlas en sus casas.
Las Fuerzas de Seguridad intervinieron el centro tecnológico de la Generalitat y anularon el censo elaborado para el 1-O, pero informáticos al servicio del Govern duplicaron el censo, y se estableció un “censo único” para que cualquier catalán pudiera votar en cualquier lugar de Cataluña, y no sólo en su ‘colegio electoral’ asignado.
Es decir, consideran que el referéndum se iba a celebrar sí o sí, por mucho que se hubieran abortado los preparativos logísticos de la votación.
Sólo ven una forma de que no se hubiera celebrado la votación: “Si los Mossos se hubieran plantado ante el Govern de Puigdemont”.
Sin embargo, la Prefectura mandada por Josep Lluís Trapero aceptó organizar un despliegue aparentemente para cumplir la orden judicial de clausurar los puntos de votación, pero en realidad diseñado para fracasar, ya que se mandó a los Mossos en parejas y los colegios se encontraban ya rodeados por decenas de activistas por la independencia.
