El Gobierno lleva meses estudiando medidas para acortar el periodo de instrucción que tienen los jueces en la tramitación de los casos. Aunque se había planteado la posibilidad de sancionar a los magistrados que incumplieran los plazos, sin embargo la opción más probable en este momento pasa por remunerar a los afectados.
El Estado recompensaría al investigado en caso de que las pesquisas se archiven finalmente.
El plan para reducir plazos se ha planteado en Moncloa tras la apertura de casos como el del Tito Berni y la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente.
En privado, distintos ministros socialistas aseveran que ha habido casos “graves”, en los que los jueces han alargado instrucciones a sabiendas de que no existía materia delictiva.
Uno de los ejemplos que suele utilizar Sumar son los presuntos casos de financiación ilegal de Podemos que el juez Manuel García-Castellón ha instruido durante años. Finalmente, la propia Audiencia Nacional ordenó al magistrado el cierre de la última línea de investigación, descartando cualquier indicio delictivo en las cuentas del partido morado tras años de sospecha.
Moncloa tiene en cuenta este tipo de casos cuando plantea limitar los periodos de instrucción, lo mismo que otros que han afectado al Partido Socialista.
Aunque no han tomado una decisión sobre cómo ejecutar esta reforma, sí han barajado varias posibilidades, desde establecer criterios que, de no obedecerse, acarrearían una sanción al juez; hasta indemnizar al investigado en caso de que la causa, finalmente, se archive. Esta última se postula como la opción más probable.
El motivo es que cualquier medida que afecte directamente a los jueces levantaría una polémica que el Gobierno quiere esquivar a toda costa, mientras que la remuneración del afectado tendría dos efectos positivos, según entienden en Moncloa: ayudaría a lavar su imagen, y supondría una recompensa del Estado por el daño causado.
En las últimas semanas, Moncloa ha rechazado involucrar a los jueces en el paquete de regeneración democrática que sí afectará a los medios. Tras los cinco días de reflexión en los que Sánchez meditó entre dimitir o seguir en el cargo por los “bulos” —tal y como los define Moncloa— sobre su mujer, en el Gobierno comenzaron a diseñar una serie de medidas “en favor de la democratización de los medios de comunicación”, explicaron entonces en el Ejecutivo. Iniciativas que también afectarían a la judicatura, pero finalmente Sánchez desechó esta idea, como adelantó ECD.
Esta última decisión, tomada por la parte socialista del Gobierno, no ha gustado en Sumar. En el sector más izquierdista del Ejecutivo consideran que los jueces tienen un sesgo conservador que lleva a que la justicia resulte imparcial e inclinada siempre hacia el mismo lado de la balanza.
La formación liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, incluye a toda la judicatura entre los poderes —junto con la prensa— a los que en teoría se les presupone neutralidad, pero que, a su juicio, no lo ponen en práctica.
Sin embargo, se muestran cautos y tampoco quieren adelantar medidas sin consensuarlas antes con el PSOE, aunque no verían con malos ojos poner cierto coto a las instrucciones judiciales. En Sumar comparten que las investigaciones de los magistrados se alargan en casos que llegan a rozar la prevaricación.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ya actuó contra el alargamiento de los casos judiciales, en plena explosión de casos de corrupción que afectaban al partido, tanto a nivel nacional como autonómico.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, revirtió esta medida al poco de llegar a La Moncloa, a pesar de haberla criticado durante años en la oposición por considerarla una forma de torpedear la justicia.
Ahora, es el Ejecutivo de coalición el que quiere acortar estos plazos de nuevo para que el proceso de instrucción no se “eternice”, según aseveran fuentes del Ejecutivo.
