El Gobierno renuncia a introducir medidas contra los jueces que, en palabras de Pedro Sánchez, “tratan de influir en la política” dentro de su prometido plan de regeneración democrática. El presidente anunciará las principales líneas el miércoles, en el Congreso, pero sus iniciativas se limitarán finalmente al ámbito de los medios de comunicación.
Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a la parte socialista del Ejecutivo, el paquete de medidas se trabaja en La Moncloa desde hace varias semanas con la “máxima discreción”. No obstante, en el equipo del presidente admiten que “aún está todo muy verde y las concreciones llegarán a partir de septiembre”.
El Gobierno cuida en público las formas, pero en privado diversos ministros trasladan que están “escandalizados” con el auto del Tribunal Supremo que ha dejado en papel mojado la ley de amnistía, con el argumento de que sí hubo enriquecimiento personal de los líderes del ‘procès’ condenados por malversación porque se ahorraron el dinero que tendrían que haber puesto de su bolsillo.
La ley aprobada por el Congreso establecía que quedaban eximidos todos los delitos de malversación, salvo en los casos de “beneficio personal de carácter patrimonial”.
Tras los cinco días de reflexión a finales de abril para decidir si seguía o no al frente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció medidas contra los jueces porque, aseguró, las “denuncias falsas” que se presentan ante los tribunales están contribuyendo a “minar la credibilidad y el prestigio” de una institución básica para el funcionamiento de la democracia.
El presidente se presentó ante la opinión pública como víctima de una “oposición destructiva” y de la “máquina del fango de PP-Vox”, horas después de que se conociera que su esposa, Begoña Gómez, había sido imputada por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los planes del presidente, Pedro Sánchez ha renunciado ahora a tomar decisiones de fondo en la línea de impedir que la Justicia, que considera que está dominada mayoritariamente por los conservadores, se convierta en una especie de ariete de oposición al Gobierno.
El presidente recula, y paraliza las medidas contra “los Marchena, los Peinados”… Había anunciado, sin mayor concreción, medidas que reforzasen la responsabilidad de los jueces cuando toman decisiones como estirar artificialmente procesos que quedan en nada pero tienen graves consecuencias políticas, o tratan de influir en la política.
En ese contexto, Sánchez se ha pronunciado en varias ocasiones sobre las acusaciones de ‘lawfare’ o guerra sucia judicial que sus socios parlamentarios y de coalición también llevan tiempo denunciando, y en concreto sobre las causas abiertas por presunta corrupción contra su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.
En el entorno del líder del PSOE lanzan, por ejemplo, duras críticas contra el juez Juan Carlos Peinado, que lleva el proceso contra la esposa del presidente del Gobierno, pero, sin embargo, creen que “quedará en nada”, y que no se puede hacer mucho más que esperar hasta que se archive el caso por ausencia de pruebas.
Además, sobre el freno a la amnistía por el Tribunal Supremo, Sánchez está convencido de que no es necesario tomar medidas específicas, porque esas maniobras de algunos jueces van a propiciar que los independentistas sigan más tiempo vinculados al Gobierno, ya que saben que tumbar el actual Ejecutivo y abrir la puerta al PP y a Vox podría suponer que sus líderes no lleguen nunca a ser amnistiados.
En La Moncloa creen firmemente que, queriendo complicarle la vida al Gobierno, jueces como Manuel Marchena, Juan Carlos Peinado o Joaquín Aguirre (son los nombres que se citan), en realidad están cohesionando aún más la mayoría que apoya al Gobierno.
La batalla entre un sector importante de la justicia y el Ejecutivo ha dominado los últimos años de Pedro Sánchez.
El Supremo ya dejó en papel mojado la reforma de la sedición y la de la malversación en 2022, pero ahora con el Constitucional, con mayoría progresista, ha cambiado la perspectiva del presidente.
En el equipo de Sánchez están convencidos de que el Constitucional enmendará la plana al Supremo y rematará la aplicación de la ley de amnistía para todos los procesados, también los líderes independentistas. Los demás tribunales ya están amnistiando a los segundos niveles, e incluso a los policías procesados por la represión de las protestas del ‘procès’.
Esa situación va a provocar un escenario extraño durante unos meses: los líderes seguirán condenados, como Oriol Junqueras con su inhabilitación hasta 2031, o perseguidos, en el caso de que huyeran de la justicia como Carles Puigdemont, pero todos los demás habrán sido amnistiados.
Por lo tanto, el ‘plan de regeneración democrática’ se limitará finalmente a actuar en el ámbito de los medios de comunicación.
Aunque el Gobierno no ha querido detallar en qué consistirá la regulación de los medios que lleva semanas planeando, sí ha deslizado algunas de las cuestiones que quiere modificar: la publicidad institucional y la transparencia. Esto es, el dinero que las Administraciones otorgan a dedo a los medios.
Respecto a los medios de comunicación, Pedro Sánchez ha venido cargando en los últimos meses contra los “digitales o páginas web” que a su juicio no son medios informativos (los ha calificado de “pseudomedios”), y que están “pervirtiendo” el debate público.
Considera que hacen un uso “espurio” de las redes sociales, y sostiene que están financiados por gobiernos autonómicos o municipales del PP y de Vox o por “determinadas empresas”.
