La ley de amnistía cumple un mes de su entrada en vigor con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los jueces ya han empezado a pronunciarse sobre la aplicabilidad de la norma en sus casos. A los pocos días de funcionar, los altos tribunales emplazaron a fiscales, acusaciones y defensas para que remitieran sus argumentos a favor o en contra.
Hasta ahora, varios juzgados catalanes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han emitido sus decisiones. Pero el punto de mira ha estado en lo que ha decidido la Sala Segunda presidida por Manuel Marchena, que aceptó los delitos de desorden público como amnistiables, pero no la malversación de los líderes de ‘El Procés’.
Además, el juez instructor Pablo Llarena también se negó a amnistiar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, para los que decidió mantener las órdenes nacionales de detención.
A raíz de esta decisión, las defensas de los políticos catalanes anunciaron que agotarían todas las vías y no dudaban en presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
No obstante, la Corte de Garantías va a tener que deliberar otros asuntos relacionados con la amnistía. Durante la tramitación de la norma, varios juristas hablaron de someter algunos de sus artículos a examen en Europa, bajo la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a través de una cuestión prejudicial, o ante el Constitucional.
Precisamente, el Tribunal Supremo, que venía examinando dese hace días varias condenas por atentado contra la autoridad y desórdenes públicos por los altercados ocurridos en las protestas contra la sentencia del 1-O, ha anunciado que ha iniciado los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad.
Como ya argumentó en sus primeros autos, la Sala considera que los dos delitos mencionados están amparados por la ley de amnistía, toda vez que cuestiona si vulnera el principio de igualdad.
“Establece un desigual tratamiento de los delitos cometidos y sus autores exclusivamente determinado en función de su ideología o de sus propósitos políticos”, concluye el Supremo.
Respecto a la cuestión prejudicial, por ahora, la única que ha decidido llevar la ley de amnistía a Europa ha sido la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, sobre la posible malversación de fondos públicos de más de 40 políticos catalanes, entre los que se encuentran los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, tanto en la consulta como en el 1-O.
Otro de los frentes que va a tener que resolver el Constitucional será la oleada de recursos de inconstitucionalidad que provendrán de las comunidades autónomas gobernadas del PP. Regiones como la Comunidad de Madrid ya anunciaron que van a presentarlo bajo el argumento de que es una ley que vulnera el principio de igualdad de los españoles.
La duda está en cuándo van a hacerlo, pues disponen de un plazo de tres meses desde la entrada en vigor para ello. De manera que se prevé que sea inminente.
Todo apunta a que la ley de amnistía va a ocupar la agenda de los tribunales en los próximos meses e incluso años, con un aluvión de recursos hasta que el Tribunal Supremo y el Constitucional no emitan sentencias firmes.
Con todo, fuentes de ambos tribunales han confirmado a Confidencial Digital que este agosto, periodo inhábil para la Justicia, no van a cambiar nada. Cada uno habilitará la denominada “Sala de Vacaciones” como es habitual, sin refuerzos.
Por tanto, tres de los doce magistrados de la Corte de Garantías se quedarán de guardia para tratar asuntos urgentes. Y en cuanto al Supremo, se nombrará un presidente y un juez por cada una de las Salas -civil, penal, contencioso-administrativo, social, militar- para componer su Sala de Vacaciones.
