Las personas que denuncian casos de corrupción en empresas y en la Administración todavía no están protegidas. A pesar de existir una ley que supuestamente vela por su seguridad, la realidad es que nada ha cambiado desde su entrada en vigor porque los poderes públicos no han cumplido con las obligaciones.
A día de hoy sigue sin crearse la Autoridad Independiente de Protección del Informante, la cual debería haberse configurado el pasado febrero, ni se ha presentado la estrategia contra la corrupción, que vence en septiembre.
“Cada mes de retraso son oportunidades de perseguir la corrupción que se pierden y de proteger a las personas que han denunciado o quieren denunciar y sufren represalias por ello”, ha denunciado Safira Cantos, la directora general de la Fundación Hay Derecho.
Hay Derecho coordina un proyecto de la Comisión Europea para analizar la situación de protección de los denunciantes de corrupción en el país.
Su labor principal es comprobar si la legislación española ha transpuesto correctamente la directiva europea ‘whistleblowing’ (la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión).
Sin embargo, Cantos ha recordado que esta directiva tenía un margen de aplicación que finalizaba en 2021. Y no solamente la legislación española llegó con retraso, pues la transposición de la directiva se hizo el año pasado con la Ley 2/2023 de 20 de febrero, sino que todos los mecanismos de protección que establecía la norma todavía no se han puesto en marcha.
La directora de Hay Derecho, que es miembro de la comisión de integridad del foro del gobierno abierto que trata el tema de la ley, ha asegurado que fuentes del Gobierno han anunciado que la aprobación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante en Consejo de Ministros “es inminente”.
Esta institución será “el pilar básico del sistema institucional en materia de protección del informante”, según la norma, y obligará a proporcionar canales externos para que los ciudadanos puedan informar de irregularidades garantizando su impunidad a nivel estatal, pues ya existe una institución territorial en Cataluña, la Comunitat Valenciana, Illes Balears, Navarra, Principado de Asturias y Andalucía.
Cantos ha reprochado al Gobierno que la persona designada al frente de la autoridad no será elegida a través de un concurso público, sino que es un nombramiento discrecional.
“Nos habría gustado que se hubiera abierto un procedimiento público de selección y que no sea una persona nombrada por afinidad a los partidos que tienen la mayoría en el Gobierno. Gobierne quien gobierne las autoridades de control deberían proveerse por mecanismos que aseguren la independencia de las personas que están al frente”, ha aseverado.
Asimismo, Hay Derecho ha defendido que la persona elegida debe tener un criterio independiente y estar comprometida con la democracia y la lucha contra la corrupción.
“En nuestra opinión la ley española es más restrictiva porque establece más obstáculos y restricciones para denunciar la corrupción que no están justificados en la directiva comunitaria”, ha explicado Cantos.
Para la directora, la “inminente” autoridad estatal de protección del informante tiene que proteger de manera efectiva a estas personas sin que reciban represalias, además de romper con la “cultura del favoritismo” en las plazas públicas, que también son corrupción.
Otra de las cuestiones que establece la ley reguladora de la protección de los llamados ‘whistleblowers’ es aprobar una estrategia contra la corrupción, cuyo plazo termina este septiembre.
Cantos ha confirmado que este plan estatal se está desarrollando pero no se sabe ni el enfoque ni el contenido, lo que demuestra una “falta de transparencia” y una falta de participación de la sociedad civil.
En las disposiciones adicionales de la norma también aparece la obligación de las empresas y administraciones de habilitar un sistema interno de información en el plazo de entre tres y nueve meses. Un compromiso que debería estar vigilándose por la autoridad estatal mencionada y la cual todavía no existe.
“Es un sinsentido que pongas en marcha obligaciones a todas las demás administraciones, a las empresas privadas y que, sin embargo, el ministerio de Justicia no haya tenido el tiempo de aprobar la autoridad que debe velar por todo este proceso”, ha destacado la directora de Hay Derecho.
En este sentido, Cantos ha denunciado que es “indignante” e “incoherente” que para los particulares haya consecuencias cuando incumplen algún plazo, pero las administraciones queden, por regla general, exentas.
Por el momento, se desconoce cuántas empresas han puesto en funcionamiento los canales internos.
La ley encarga el presupuesto de la autoridad estatal al Ministerio de Justicia hasta que no cuente con una financiación propia.
En este sentido, la razón por la que todavía no se ha creado la institución no es por la falta de presupuesto del ministerio. Cantos ha señalado que esta obligación se conoce desde el año 2019 y ha habido tiempo de previsión.
