El Reglamento de destinos del personal militar profesional contempla tres formas de asignación de estos destinos: libre designación, concurso de méritos y provisión por antigüedad.
“Son destinos de libre designación aquellos para los que se precisan condiciones profesionales y personales de idoneidad, que apreciará discrecionalmente la autoridad facultada para concederlos entre los que cumplan los requisitos exigidos para el puesto”, los define ese reglamento.
Los destinos de libre designación provocan en ocasiones críticas internas en las Fuerzas Armadas, también en la Guardia Civil, y alguna que otra batalla que llega a los tribunales, por parte de quienes los consideran una forma de nombrar “a dedo”, de “enchufar”, a militares con menos méritos que otros aspirantes a un mismo puesto.
Confidencial Digital ha consultado una sentencia reciente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que ha estimado el recurso que interpuso un teniente coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire, para tratar de anular la decisión de la subsecretaria de Defensa de adjudicar a otro oficial el destino al que él aspiraba: destino que se cubría por el sistema de libre designación.
La Subsecretaría de Defensa publicó en mayo de 2021 una serie de vacantes, entre ellas, una en la Unidad de Asuntos Saharauis y Pagaduría de Pensiones.
Se trata de un destino en Las Palmas de Gran Canaria, que tiene como misión abonar las pensiones que corresponden a los saharauis que pertenecieron a la Agrupación de Tropas Nómadas y a la Policía Territorial del Sáhara, hasta que España abandonó el Sáhara Occidental en 1975.
El teniente coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire protagonista de este caso optó a esa plaza en la Unidad de Asuntos Saharauis y Pagaduría de Pensiones.
Junto a él se presentaron otras cuatro personas. La plaza fue finalmente asignada a un comandante del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire.
Ese teniente coronel que no había logrado el destino presentó primero un recurso de reposición en el Ministerio de Defensa, que no recibió respuesta, y después acudió a la Audiencia Nacional con un recurso contencioso-administrativo.
Solicitó que se anulara la orden que adjudicó el puesto al otro oficial, y que se retrotrajera el procedimiento “para que se definan, y razonen, los siguientes componentes esenciales de este concurso de destinos por el sistema de libre designación”.
En primer lugar, reclamó que Defensa motivara las razones por las que ese destino en la Unidad de Asuntos Saharauis y Pagaduría de Pensiones se cubría por libre designación, según la Relación de Puestos Militares.
También pidió que la Audiencia Nacional obligara al ministerio a especificar expresamente las características profesionales y personales necesarias y su relación con las misiones del puesto.
De igual forma, solicitó que se razonaran “los motivos por los que no es adecuado el sistema de concurso de méritos; que es el que preceptúa, como ordinario”, el Reglamento de destinos del personal militar profesional.
Además, pretendía que se convocara un nuevo proceso para la provisión del puesto, eso sí, antes informándole de “la forma en la que las distintas características profesionales y personales se acreditarán dentro del procedimiento y unas directrices de cómo deberán ser valoradas”.
En el recurso ante la Audiencia Nacional, el teniente coronel realizó acusaciones muy duras. Afirmó que la Subsecretaría de Defensa había seguido “un procedimiento esencialmente voluntarista pues las funciones del puesto a cumplir y las características que deberían reunir los peticionarios no se han concretado, salvo posteriormente y una vez conocidos quiénes son aquéllos”.
Es decir, sostuvo que la administración, el Ministerio de Defensa, decidió “inventarse” esas funciones y características, para seleccionar al “mejor” candidato.
El oficial recurrente señaló la anomalía que, a su juicio, supuso que el subdirector general de Gestión Económica del Ministerio de Defensa elevara a la Subsecretaría de Defensa no una, sino dos propuestas sucesivas, y distintas, sobre cómo se habían valorado las cualidades de cada candidato.
Denunció que ambas propuestas de adjudicación fueron “simples ejercicios para intentar justificar una asignación que se había decidido mucho antes de iniciarlas, no motivadas ni razonadas, vacías de contenido efectivo y que se han realizado tarde y por rellenar el expediente”.
Es decir, que acusaba a ese alto cargo de Defensa, y a los responsables del proceso, de conceder la plaza “a dedo” al comandante, y de tratar de justificarlo después para aparentar que todo había sido legal.
Los magistrados de la Audiencia Nacional estudiaron la documentación del expediente y comprobaron que “en efecto constan hasta dos propuestas de orden de asignación de la vacante, ambas formuladas por el subdirector general de Gestión Económica”.
Ese alto cargo del ministerio firmó el 30 de junio de 2021 una propuesta en la que otorgó 19 puntos al comandante al que dieron el puesto, y 15,5 al teniente coronel que recurrió.
Días después, el mismo subdirector general aprobó “lo que llamaremos Propuesta 2”, según la sentencia, en la que el ganador tenía 11 puntos, y el teniente coronel, 9.
Los jueces compararon las dos propuestas y advirtieron “diferencias y otros aspectos significativos”.
Por ejemplo, la propuesta 1 valoraba la “Edad” además de la “Antigüedad”, explicando que ambas cualidades son “valoradas por los pensionistas y sus representantes, siendo de mayor importancia la primera de ellas”. Además, se indicaba ce que a la antigüedad se le otorgaban puntos “dividido por dos”.
“En cambio, en la propuesta 2 la edad -que recordemos, en la otra propuesta era una cualidad de mayor peso que la antigüedad- desaparece y se expresa que la antigüedad se valora como mérito profesional con 2 puntos al más antiguo y con 1 al siguiente -de forma distinta, por tanto, al sistema anterior-”, detectaron los magistrados, según esa propuesta “por ser este un criterio generalmente aceptado para valorar la experiencia del candidato”.
Otra diferencia: la Propuesta 1 incluía la “Experiencia en Pagadurías” porque al ser un puesto en aquélla “se necesita tener experiencia en este asunto, si bien se considera que ser miembro de alguno de los cuerpos de Intendencia es suficiente”, mientras que la Propuesta 2 valoraba “la experiencia en pagadurías, habilitaciones o SEAs [secciones económico-administrativas], sin considerarse imprescindible, sí se valora dada la labor de la Unidad” con 1 punto “a cada uno de los candidatos ante la similitud de perfiles”.
De igual forma, en las dos propuestas se valoraba y justificaba de forma distinta la “continuidad”, es decir, la posibilidad de una mayor en el destino, algo que se tendría en cuenta por “el conocimiento de la cultura de los pensionistas y sus representantes y de los trámites a realizar en las zonas a las que habitualmente tiene que desplazarse”.
La Audiencia Nacional constató “las esenciales diferencias existentes entre ambas propuestas, sobre cuya existencia ninguna explicación razonada se ha dado por la Administración en ninguno de sus escritos procesales”.
Eso le llevó a concluir que desconocía, al igual que se quejó el teniente coronel, “cuáles y en qué términos han sido valoradas a los candidatos las concretas condiciones personales y profesionales en atención a lo establecido en el artículo 8.2 del Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de destinos del personal militar profesional, en orden a realizar la propuesta de asignación de destino que fundamentó la resolución recurrida”.
Al no constar una explicación sobre la valoración de los perfiles de los candidatos al puesto, no resultaba posible “poder llevar a cabo el correspondiente control judicial del debido ejercicio de la facultad discrecional en la asignación de la vacante por libre designación”, control judicial que exige la jurisprudencia.
Por eso, la Audiencia Nacional concluyó que “no cabe sino anular la actuación administrativa impugnada”.
Estimó parcialmente el recurso del teniente coronel y anuló la adjudicación del destino en la Unidad de Asuntos Saharauis y Pagaduría de Pensiones”, por no resultar ajustada a Derecho”.
Lo que no asume la sentencia es la alegación del teniente coronel de que la Subsecretaría de Defensa realizó una “actuación puramente voluntarista” que “parece configurado (...) más con la clara intención de no asignarme la plaza que de resolver con equidad”.
Según los magistrados, esa queja “no se cohonesta con la realidad de lo acontecido, visto que la vacante fue solicitada por cuatro personas más”.
