Dos ministros y cuatro secretarios de Estado que cesaron en noviembre, al no ser mantenidos en el puesto en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, comenzaron en diciembre a cobrar la indemnización tras el cese que la ley reconoce a ciertos altos cargos de la Administración General del Estado.
El Portal de Transparencia ha actualizado la lista de indemnizaciones tras el cese que se abonan a ex altos cargos.
Seis de ellos cesaron entre noviembre y diciembre, con motivo de la formación del nuevo Gobierno de España, integrado por el PSOE y Sumar.
Del nuevo Consejo de Ministros se cayeron bastantes nombres que hasta entonces ostentaban una cartera ministerial: Miquel Iceta (Cultura y Deporte), Ione Belarra (Derechos Sociales y Agenda 2030), Alberto Garzón (Consumo), Pilar Llop (Justicia), Joan Subirats (Universidades), Irene Montero (Igualdad), José Manuel Miñones (Sanidad), Héctor Gómez (Industria, Comercio y Turismo) y Raquel Sánchez (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana).
La web Maldita.es ya informó en diciembre de la lista de los ministros y secretarios de Estados recién cesados que habían solicitado la indemnización que pueden percibir durante los dos años siguientes al cese.
Ahora que se ha actualizado la lista de perceptores, se comprueba que sólo dos ex ministros pidieron en los siguientes meses a la formación de Gobierno percibir esa compensación.
Se trata de Irene Montero y de Alberto Garzón. Ambos comenzaron a cobrar el 1 de diciembre la indemnización, y en principio tenían derecho a percibirla mensualmente hasta el mes de noviembre de 2025.
La cantidad fijada es de 5.346 euros al mes. La pensión ha aumentado desde 2023, cuando a los ministros les pagaban 5.294,34 euros mensuales.
Montero ha sido elegida diputada de Podemos en el Parlamento Europeo en las elecciones del pasado 9 de junio. Su nuevo sueldo de eurodiputada es incompatible con la indemnización por ex ministra, por lo que dejará de percibir esa pensión.
En cuanto a Garzón, el ex ministro de Consumo y ex coordinador general de Izquierda Unida también ha pedido autorización a la Oficina de Conflictos de Intereses tras su cese para realizar actividades privadas.
Le autorizaron en marzo a colaborar con El Diario.es, y también para trabajar en la consultora Acento. En este último caso, las críticas desde la izquierda a Garzón por trabajar para lo que se tilda de “lobby” del ex ministro socialista José Blanco (que cuenta con ex dirigentes del PP y del PSOE) le llevaron ya en febrero a anunciar que renunciaba a trabajar para Acento.
Del resto de ex ministros no hay noticia de que hayan pedido la indemnización. Algunos ya tienen otros sueldos públicos, como diputados en el Congreso (Iona Belarra) o como embajadores (Miquel Iceta, Héctor Gómez).
Ángela Rodríguez ‘Pam’, que fue secretaria de Estado de Igualdad y por tanto ‘número dos’ de Irene Montero en el ministerio, también empezó a cobrar en diciembre la indemnización a la que tienen derecho ciertos altos cargos.
Rodríguez percibe una cantidad notablemente mayor que su antigua ‘jefa’. El salario de los secretarios de Estado es mayor que el de los ministros, y lo mismo pasa con las indemnizaciones por cese: la ex secretaria de Estado de Igualdad recibe cada mes, desde diciembre de 2023, una pensión de 7.403,12 euros.
Podrá cobrar esa cantidad también hasta noviembre de 2025.
Nacho Álvarez cesó como secretario de Estado de Derechos Sociales. Sólo llegó a cobrar 5.357,75 euros, porque a las semanas volvió a su antiguo puesto de profesor de universidad.
Entre diciembre y mayo también comenzaron a cobrar la indemnización por cese otros tres ex secretarios de Estado: Antonio Julián Rodríguez Esquerdo (ex secretario de Estado de Justicia), Carme Artigas Brugal (ex secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial) y Rosa Ana Morillo Rodríguez (ex secretaria de Estado de Turismo).
A estos ex altos cargos del Gobierno de España se suma otro ex de la administración que empezó en marzo a percibir la indemnización pública que se les paga durante dos años, en los que quienes han ocupado estos puestos tienen limitaciones e incompatibilidades para trabajar en empresas privadas.
Jaime Alfonsín cesó en febrero como jefe de la Casa del Rey, tras casi diez años junto a Felipe VI.
El 1 de marzo empezó a cobrar una pensión a la que tiene derecho hasta febrero de 2026.
Se trata de la indemnización más elevada: Alfonsín cobra 10.074,80 euros al mes.
