El gobierno de España está a la espera de confirmar oficialmente la excarcelación de dos ciudadanos españoles en Venezuela, según han señalado a EFE fuentes del Ministerio de Exteriores.
De acuerdo con este ministerio, las familias de estos españoles informaron el sábado al Consulado español en Caracas de que habían sido excarcelados, reseñó la agencia.
Este fin de semana se registraron las primeras excarcelaciones en varios centros penitenciarios del norte del país de los 2.400 presos políticos detenidos por el régimen de Nicolás Maduro tras las protestas contra las presidenciales del 28 de julio.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que su despacho pidió ante los tribunales revisar 225 casos del total de detenidos tras las presidenciales del 28 de julio -estimado en 2.400 personas por el Ejecutivo-.
Saab explicó, en una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que esta decisión se tomó «luego de exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios» y en coordinación con tribunales.
De acuerdo con fuentes diplomáticas consultadas por el ABC, «los dos presos políticos españoles -cuya identidad se mantiene bajo anonimato- salen en condiciones muy peculiares, con régimen de presentación periódica ante el juez y con la promesa de no hacer declaraciones».
El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, anunció el 14 de septiembre que los españoles Andrés Martínez Adasme, de 32 años de edad, y José María Basoa Valdovinos, de 35 años, habían sido detenidos en Puerto Ayacucho debido a un complot supuestamente orquestado por la oposición y que tenía como objetivo asesinar Maduro y otros líderes chavistas.
Según Caracas, ambos estaban vinculados con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algo que el gobierno español ha negado en todo momento.
El 4 de octubre, durante su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español, José Manuel Albares, dijo que tras haber confirmado la identidad de los dos detenidos el gobierno venezolano finalmente había autorizado que pudieran ser visitados por el cónsul en prisión y recibir así protección consular. Sin embargo, hasta finales del mes de octubre esta visita no se habría producido.
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