La denuncia y la protesta son las únicas opciones que le quedan a los familiares de detenidos en el contexto postelectoral en el estado Lara, y que fueron trasladados a Tocuyito. Como un reencuentro desgarrador calificaron la visita que les permitieron luego de casi dos semanas de su llegada a la cárcel de Carabobo. Los vieron flacos e irreconocibles.
“A mi esposo no lo reconocía, estaba demacrado, demasiado delgado, estaba chivuo”, relató con voz entrecortada desde Barquisimeto una de las afectadas.
Todo fue impactante para ella. Su esposo no podía hablar, no tenía fuerzas para proyectar la voz. “Me dijo que está bien, pero solamente ellos y las personas que están ahí con ellos son los que saben el día a día, porque ellos nos dicen que están bien, pero la realidad es que no lo están”.
Antes de esa visita que les permitieron el 3 de octubre, luego de varias que les suspendieron desde el 25 de agosto cuando fueron trasladados a Tocuyito, los familiares pensaban que les estaban dando, al menos, las tres comidas diarias. Pero lo que constataron es que ni siquiera les permiten recibir luz natural.
Tampoco les permitieron ingresar artículos de higiene personal ni medicamentos. “Él no me quiso decir ninguna información, no sé si era porque alrededor de la visita había custodios”.
La esposa de otro de los detenidos también salió impactada de Tocuyito. “Están flaquísimos, sin ánimo, no sabemos cómo los están tratando ahí de verdad. Por eso pedimos que los traten bien, y que queden en libertad, porque todos son inocentes”.
Traumático. Con esa palabra definió la esposa de otro de los detenidos en Lara la visita en la cárcel de Tocuyito.
“Yo nunca había pasado por este proceso en mi vida. Estaba asustada porque había muchos funcionarios, todos encapuchados, no tenían una identificación o algo que me dijera un apellido o un nombre, no vimos caras solamente apodos como la culebra, el pirata, cosas así”.
Al entrar al penal de Tocuyito, recibieron una charla en las que les informaron que no podían tocar a sus familiares, ni acercarse a ellos, de lo contrario, los esposarían y se los llevarían o, en caso de autorizar una segunda visita, no se les permitiría.
“Nos escoltaron a un cuarto, a un sitio donde nos tomaron unas fotos y unos datos, luego a otro cuarto más donde nos tuvieron ahí un rato para pasar a un pasillo largo. Antes de eso nos revisaron, nos pasaron por una máquina, así como para ver los metales, luego nos metieron a unos cuartos donde nos quitamos la ropa, a mí particularmente no me tocaron ni nada”.
Lo siguiente fue caminar por un pasillo largo, donde estaban unos mesones largos y ahí sus familiares con las manos amarradas con un precinto. No pudieron abrazarlos, ni acercarse, solo hablar por 40 minutos frente a funcionarios armados y encapuchados.
“Ellos se veían totalmente descuidados, mi esposo es gordo y está excesivamente delgado y se ve pálido, peludo y no nos permitieron ni pasarle una botella de agua ni jabón de baño”.
Cuando salieron les dieron otra charla. “Nos dijeron que debíamos ser portavoces de que los habíamos visto bien y que los atendían. Yo, sinceramente, salí en crisis y en pánico de ahí, no podía parar de llorar”.
La angustia de ellas aumentó cuando, antes de salir de Tocuyito, les dijeron que esa sería la única visita. “La espera de respuestas se extiende a semanas, hemos pasado de 15 a 20 días en incertidumbre frente al penal”.
Siendo residentes del estado Lara, la situación para ellos se complica muchísimo. «Trasladarnos hasta Valencia nos cuesta mucho, el gasto es bastante fuerte».
Su núcleo familiar es reducido con solo tres personas que trabajan. «Contamos con los vecinos y amigos que han colaborado muchísimo».
El temor se apoderó de los familiares hasta este martes 8 de octubre, cuando decidieron protestar frente al edificio nacional, donde se encuentran los tribunales de Lara.
Un grupo de familiares protestó en las puerta de los tribunales de Lara (Foto: Cortesía)
“Siguen pasando los días, no los han presentado en tribunales para la audiencia preliminar y ayer mi esposo me llamó otra vez desde Tocuyito y solamente preguntó cómo estaba”.
Otros detenidos han manifestado en esas llamadas que están desesperados y piden a sus seres queridos que hagan algo para salir de la cárcel.
“Mi esposo es un padre de familia, tiene tres niñas, yo no trabajo, no puedo trabajar porque tengo una bebé de meses, el sustento de mi hogar es él y es inocente, porque el día que a mi esposo lo detuvieron, mi esposo estaba trabajando”.
El acceso a información sobre el estado legal de los detenidos es escaso. «Vamos a Caracas y nos pelotean, no nos dan nombres de su abogado ni detalles de su defensor público«, relató la tía de uno de los detenidos.
Aunque saben que hay abogados del Ministerio Público involucrados, carecen de claridad sobre su identidad y su rol.
La situación se complica aún más con la suspensión de audiencias. «Ya estaban pautadas unas para el día de ayer y para el día de hoy y fueron suspendidas».
El 31 de julio, cerca de las 6:30 p.m. fue detenido uno de estos larenses. Ese día, como tantos otros, estaba trabajando en su oficio de cauchero, reparando una moto.
“Él salió a probar la moto que estaba arreglando y se paró en una bodega cerca de nuestra casa. Ahí fue cuando apareció un grupo de funcionarios y lo detuvieron. No le dijeron el por qué. Él les explicaba que estaba trabajando, que no andaba haciendo nada malo. Pero lo señalaron de inmediato: como andaba lleno de grasa, sucio, le dijeron que andaba en la guarimba”.
Desde ese momento, todo cambió para esa familia. Es padre de tres niñas y está ahora en el penal de Tocuyito, a más de 100 kilómetros de distancia. “70 días lleva allá. En la primera audiencia, el 6 de agosto, le dijeron que sería sometido a 45 días de investigación, pero esos días se han extendido sin respuestas claras”.
Ella misma tuvo que reunir pruebas y trasladarse hasta Caracas para demostrar su inocencia. Videos, testimonios de vecinos, todo para mostrar que su esposo no se encontraba donde la policía dijo que lo había detenido. Fue en Macuto, el barrio donde viven, y no en Cabudare como consta en el acta.
“Casi no sé de él. Ha llamado tres veces, y siempre habla rápido, solo para decirme que está bien, que tiene todo lo que necesita”. Pero cuando logró visitarlo, la realidad la golpeó como un puño cerrado.
Sin aviso, a las 3:00 a.m. del 25 de agosto se lo llevaron a Tocuyito en uno de los autobuses Transbarca que habilitaron para tal fin y tardó días en confirmar su ubicación.
Otro caso es el de un mototaxista de 34 años, quien fue abordado por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando se encontraba frente a una bodega cercana a su casa. Lo mandaron a quitarse la ropa y lo sentaron en la acera. Sin más, se lo llevaron.
“Los funcionarios lo señalaron de guarimbero. Le dijeron que le iban a cortar el cabello. Lo llevaron de comisaría en comisaría. Fuimos a pie, porque nadie quería llevarnos en carro por miedo. Preguntamos en todas partes y nadie nos decía nada”.
No fue sino hasta las 11:30 p.m. que logró encontrarlo en la sede de la PNB de la calle 48. Al día siguiente los funcionarios publicaron un video en Instagram donde mostraban a un grupo como «terroristas». Desde entonces, la incertidumbre ha sido su única compañía.
“A ellos los tienen a todos como si fueran una banda delictiva, pero no se conocían, no sabían quiénes eran. Los agarraron en distintas comunidades y los metieron a todos en la misma causa. ¿Cómo pueden ser una banda si no se conocían? Nosotros conseguimos pruebas, videos, de que fue a plena luz del día cuando se los llevaron, no de noche, como ellos dicen”.
En tribunales no les dieron respuesta durante la protesta. Ellos seguirán alzando la voz hasta conseguir la libertad de sus seres queridos.
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