Una Embajada de España no puede convertirse en el escenario de un delito. Un delito de chantaje y coacción a un refugiado en un recinto inviolable. El presidente electo de Venezuela, reconocido como tal en los Estados democráticos, y negado en España por el cinismo socialista, se amparó en la inviolabilidad de una embajada, la española, para no ser detenido por las hordas de Maduro, Cabello, Cilia, Zapatero, los hermanos Delcy –la de las maletas– y Jorge Rodríguez, Monedero y Úrsula von der Leyen, que son la misma cosa o algo muy parecido. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, amparado por el desamparo de la Embajada de España, fue conminado a firmar un documento carente de valor y garantía por el que se comprometía a reconocer la victoria electoral del criminal Maduro a cambio de su libertad y su exilio en nuestro país. Con semejante coacción, Zapatero y Albares nos convirtieron en delincuentes a todos los españoles, porque la Embajada de España no es un chalé propiedad del Gobierno. Es la representación diplomática de un Estado –todavía– libre y democrático. Entretanto, ya con don Edmundo en España, las cámaras Alta y Baja, Senado y Congreso de los Diputados, aprobaron reconocer al político exiliado como presidente electo de Venezuela. Y la Eurocámara lo mismo. Se dice que el embajador de España no intervino en el chantaje, pero su inacción, aunque se produjera siguiendo las órdenes del ministro Albares, le convierte en cómplice de la coacción. O firma esto o ya sabe lo que le espera–. Lo que le esperaba era la detención, el ingreso en una de las cárceles del reconocido bestia, y quizá una «muerte fortuita e inesperada» en una de las galerías carcelarias.
Observen con atención la escena fotografiada. El presidente electo firma, mientras los hermanos «gangster» observan el acto de la rúbrica con la victoria reflejada en sus expresiones. ¿Quién les permitió entrar en nuestra Embajada? ¿Quién les autorizó a chantajear a un presidente electo? ¿Quién ofreció a los hermanos el territorio español –la Embajada de España en cualquier nación forma parte de nuestro territorio-, para atemorizar a un refugiado cuyo único delito perpetrado en Venezuela fue el de ganar con una diferencia abismal de votos al animal de Maduro? ¿Quién siguió desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid la consumación del chantaje, minuto a minuto? España no puede tener un ministro de Asuntos Exteriores entregado de lleno al despacho de influencias de Zapatero, que en el caso que nos ocupa, es el que manda y ordena por encima del propio presidente del Gobierno de España, más preocupado por su flor y sus Lamborghinis que por el estricto cumplimiento de la legalidad internacional. Sin ánimo de enfangar las cosas. ¿Cuánto y cómo perciben a cambio de su «asesoramiento» Zapatero y sus colaboradores del régimen criminal de Maduro? Ignoro la respuesta, pero estoy seguro de la mía. El trabajo, cuando está bien hecho –y Zapatero lo borda–, jamás es gratuito.
España ha delinquido plegándose a una invasión eventual de su territorio. Ya lo hizo, años atrás, de forma menos oficial. Recuérdese el episodio del embajador Máximo Cajal, y su confusa firmeza siendo embajador de España en Guatemala. Aquella confusión, que facilitó el asalto guerrillero a la Embajada de España en Guatemala le costó la vida a su primer secretario, Jaime Ruiz del Árbol. No obstante, Cajal, amparado por el poderoso enjambre de Prisa, apenas padeció profesionalmente sus errores. Pero fueron errores personales, no de España. Y en el caso que nos ocupa, el delincuente ha sido España, y los impulsores del delito, algunos más de los mencionados en los primeros párrafos de este texto.
Tenemos un ministro de Exteriores que nos ha obligado a delinquir sin pedirnos permiso.
Artículo publicado en el diario El Debate de España
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