El jueves 15 de agosto la Asamblea Nacional aprobó, en segunda discusión, la Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, un extenso título para nombrar un instrumento legal con el que se busca someter a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Venezuela.
El documento, redactado en términos más cercanos a las consignas ideológicas que a un texto legal, plantea que el Estado venezolano debe asumir el rol de vigilante de las ONG y despliega, en un lenguaje peligrosamente ambiguo y amplio, todo un conjunto de normas y restricciones que impiden el trabajo de la sociedad civil organizada sin que cuente con la aprobación de los poderosos que nos gobiernan.
La imposición de complejos protocolos para la evaluación de las ONG, la definición, siempre parcial y arbitraria, de lo que debe ser el trabajo de la sociedad civil, la imposibilidad de que la personas que se organizan en torno a una organización, puedan hacer críticas al Estado, defender libremente los derechos humanos y ejercer el activismo político, las restricciones a los financistas, las limitaciones burocráticas que imponen a estas organizaciones y un extenso articulado que permite la suspensión, por vía judicial, de las actividades de las ONG, nos confirma lo que sabíamos desde nuestra experiencia de trabajo y que muchos líderes en las comunidades han venido advirtiendo, sobre la verdadera filosofía que hay en Miraflores sobre lo que debe ser la organización popular y el trabajo de la sociedad civil organizada.
Para los poderosos que nos gobiernan el espacio público, donde la gente se organiza para hacer frente a sus problemas, debe ser una zona controlada por el activismo político de un solo color, una extensión del partido de gobierno y un coto cerrado donde la organización popular se construye bajo un sistema de dominación donde el trabajo, los recursos y el apoyo a la gente, sea correspondido por una lealtad política y un sometimiento a la estructura de mando de un partido único. El Estado venezolano no promueve la organización popular, por el contrario le teme y aspira a controlarla desde el chantaje y la amenaza.
No es casualidad que esta ley, con la que nos habían amenazado durante años, aparezca justo en el momento en que los venezolanos reafirmamos con contundencia nuestro deseo de lograr el cambio pacífico hacia la democracia. El régimen, consciente del verdadero resultado electoral del pasado 28 de julio, se siente amenazado en sus bases y está recurriendo a formas elementales como la persecución, amenazas y censuras para lograr un control de una sociedad que ha decidido ser libre. La Ley contra las ONG es un capítulo más de este oscuro recorrido iniciado por Miraflores para consolidar un Estado totalitario en momentos cuando más necesario es el trabajo de estas organizaciones para el registro, denuncia y defensa de su pueblo en medio de la masiva violación de derechos humanos en el país.
Sin lugar a dudas es una mala noticia para quienes trabajamos en las comunidades, apoyando los liderazgos que se construyen de abajo hacia arriba y promoviendo espacios democráticos para el consenso y el esfuerzo común para la solución de los problemas. Estamos viviendo tiempos muy complejos donde se pone a prueba la resiliencia que tengamos y nuestros valores democráticos. Hoy más que nunca, debemos seguir insistiendo en el trabajo en las comunidades, en el esfuerzo colectivo por la organización popular y en el activismo en defensa de los derechos humanos y las libertades civiles. A pesar de las amenazas, estamos seguros de que las organizaciones sin fines de lucro seguirán en la calle trabajando, guiados como siempre por los valores de la solidaridad.
Importante: varias ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos tienen habilitados números telefónicos para que quienes se sientan vulnerados en sus derechos puedan denunciar. Además podrán recibir asesoría psicológica y jurídica.
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