No existe un solo tipo de terrorismo. Se ha creído, erróneamente, que el terrorismo es monopolio de los grupos políticos de extrema izquierda o extrema derecha, o del fanatismo religioso radical, que lo usan como método de lucha. También existen gobiernos criminales que ejecutan múltiples actos de terror y de terrorismo, para preservar el poder en manos de la cúpula gobernante, erigida en oligarquía autócrata, como fue el régimen militarista argentino, en Chile Pinochet, Castro en Cuba, Hussein en Irán, o Mao o Stalin. El régimen de Maduro ha convertido al Estado venezolano en un Estado terrorista contra sus ciudadanos, no sólo contra quienes se oponen a su proyecto de continuidad gubernamental, sino, también, contra la ciudadanía atemorizándola exhibiendo que no tienen límites y pueden cometer crímenes impunemente.
El terrorismo de Estado es una forma del ejercicio del poder como instrumento para crear temor generalizado, la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico pregonado, la obstaculización o sometimiento del poder judicial, así como el uso del aparato del Estado como agente activo en la lucha por preservar el poder. Dado que no existe un tipo penal que se denomine terrorismo de Estado, estos actos criminales los disfrazan como cuidado a la legalidad. Estas acciones criminales cometidas por sujetos concretos se amparan por ese mismo Estado, dirigido por manos de criminales, como defensas autorizadas por el ordenamiento jurídico.
Estos actos, especialmente, se dirigen contra personas o grupos organizados que defienden los derechos de los ciudadanos, quienes son calificados por el régimen como terroristas y enemigos del pueblo, ensañándose contra sus líderes y algunos miembros (Rocío San Miguel y otros), llegando a actos que se ubican en genocidio y crímenes lesa humanidad. Los informes de ONU sobre Derechos humanos así lo han tipificado y son fundamento del expediente en la Corte Penal Internacional. No obstante, continúan violando los derechos humanos e incrementando el número de víctimas.
El régimen madurista, siguiendo las pautas de las dictaduras comunistas, dirigió sus primeros actos represivos contra la libre expresión, mediante supresión de permisos de funcionamiento a medios de comunicación, estrangulamiento económico, persecución de periodistas e instrucción de procedimientos judiciales infames y amañados con la finalidad de acallarlos y destruirlos. A diario hay noticias de periodistas acosados, maltratados o encarcelados por el siniestro régimen. Someter o acallar la prensa libre es un acto terrorista de alto calibre, pues tiene la finalidad de decirle a la ciudadanía “cállese o vamos contra usted”. El pueblo no se ha callado, a través de múltiples formas manifiesta su rechazo a la autócrata oligarquía madurista.
Hoy vivimos momentos de terrorismo desde el Estado, financiado y ejecutado por funcionarios del Estado o por mercenarios pagados por el Estado. El régimen ha empleado el monopolio de la fuerza del Estado para mantenerse en el poder y cometer fechorías. Sigue usando de la coacción o persecución ilegítima, el secuestro, desapariciones forzosas, la tortura, el asesinato o ejecución extrajudicial. Impúdico gira instrucción o inducción a la tropa propia para que actúe de tal manera que cause terror en la población civil y no ejerza su derecho al voto y amenaza no reconocer la voluntad popular. Millones de venezolanos pueden considerarse como víctimas del terrorismo ejercitado desde el Estado por la cúpula y los sigüises, que tienen derecho a la reparación. Son muchos los sufrimientos padecidos por la familia venezolana que demandan justicia.
En los últimos días, en su desesperación, el régimen terrorista madurista que lo ejercita bajo la forma de terrorismo de Estado, ha ejecutado acciones violentas institucionales y por grupos, para preservar su permanencia en el poder e impedir el cambio que a gritos y decisión clama el pueblo venezolano. Cierra pequeños restaurantes, hoteles, allana moradas, sin escrúpulos tumba árboles y daña carreteras, corta la energía eléctrica sin importarles los enfermos que requieren máquinas para tratamiento. Ejercen el poder con violencia y odio. Esta violencia va generando un amplio número de víctimas. Estas, al igual, que las muchas víctimas del perverso régimen, tienen derecho a la reparación y aplicación de la ley a los responsables. Debe tenerse presente que el terrorismo de Estado es contrario al sistema democrático, y frente a él, las víctimas del terrorismo constituyen el estandarte de la libertad y del Estado de Derecho. Es por ello que su dignidad y protección asienta el primordial deber de la sociedad agradecida, que reconoce y se solidariza con su sacrificio en beneficio de la democracia.
Ya el pueblo ha dado su veredicto, está dispuesto a votar masivamente para echarlos del poder. Está organizado para no ser víctima de un fraude electoral y se desconozca su voluntad. Con entusiasmo y convicción grita ¡hasta el final!
Rodrigo Rivera Morales es doctor en Derecho Procesal y Constitucional. Bloque Constitucional. Capítulo España
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