El nuevo informe de la Cruz Roja sobre Colombia es contundente: entre enero y mayo, aumentaron 35% las víctimas de artefactos explosivos, 49% los desplazamientos masivos y 101% los confinamientos. También se registraron 78 desapariciones y 116 actos violentos contra personal médico. Aunque este deterioro es «bastante preocupante», Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del […]
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El nuevo informe de la Cruz Roja sobre Colombia es contundente: entre enero y mayo, aumentaron 35% las víctimas de artefactos explosivos, 49% los desplazamientos masivos y 101% los confinamientos. También se registraron 78 desapariciones y 116 actos violentos contra personal médico.
Aunque este deterioro es «bastante preocupante», Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, afirma que ya viene dándose desde 2018: “El año 2017, luego de los Acuerdos de Paz de 2016, fue el año con menores consecuencias humanitarias registradas. A partir de 2018 se vio un deterioro que fue de hecho constante hasta este año, y los primeros cinco meses de 2024 no cambiaron esta tendencia”.
Si bien se trata de un fenómeno nacional, lo cierto es que está concentrado en algunos territorios. “Hoy en día hay una parte del país, sustancialmente la parte central, que vive su vida y que no está afectada directamente por los conflictos. Pero hay una parte del país donde la situación no ha cambiado mucho comparado a hace años, y donde se ha probablemente vuelto más complejo por la multiplicidad de actores armados que están operando hoy en día para el control territorial: la frontera con Venezuela, el norte de Antioquia, el sur de Bolívar, el oeste del país, el sureste del país”, detalla Caraffi.
En estas zonas en conflicto, la mayoría de la población es indígena o afrodescendiente. Lo que explica que representen al 60% de las personas afectadas por estas problemáticas. En tanto, los civiles se ven cada vez más afectados por esta escalada de la violencia.
Ejemplo de ello son las 194 víctimas -18 de ellas mortales- de artefactos explosivos, como minas antipersona y otras bombas de fabricación artesanal, en 43 municipios del país, incluidas zonas donde no se habían registrado casos. 69% de estas fueron civiles, el porcentaje más alto en seis años.
“Las comunidades están literalmente en el medio de los enfrentamientos entre grupos armados por el control territorial. Intentan tener su vida normal y naturalmente que están afectadas por los enfrentamientos, la lucha para el control territorial, y que hay víctimas con mucha frecuencia. No sólo ellos físicamente, pero también sus bienes, sin naturalmente esconder lo que es menos visible, que es el impacto no sólo socioeconómico pero psicológico”, subraya el experto.
Pese a la firma del Acuerdo de Paz en 2016 con las FARC, la violencia persiste ante la continua ausencia del Estado en las zonas en conflicto. Son varios los grupos armados que operan en estas regiones, incluidas facciones disidentes de las FARC que rechazan el pacto de paz, el Ejército de Liberación Nacional, paramilitares y bandas implicadas en el narcotráfico.
Mientras esta falta de presencia estatal persista, el responsable de la Cruz Roja considera difícil que la situación mejore: “Colombia es un país donde la presencia de infraestructura y oportunidades en esos territorios ha sido faltante históricamente, y eso desafortunadamente es algo que continúa. Con el Acuerdo de Paz de 2016, que tiene el objetivo también de enfrentar los problemas sistémicos estructurales en sus territorios, hubo un gran optimismo. El Acuerdo de Paz de 2016 naturalmente sigue siendo relevante, central. Pero mientras, esos territorios continúan sufriendo por la consecuencia de falta de infraestructura, de educación, de servicios esenciales, y eso crea las condiciones, establece las raíces para que esos territorios sean territorios más afectados por la violencia y en disputa para el control territorial”, analiza.
Según la clasificación de la Cruz Roja, actualmente hay ocho conflictos armados activos en Colombia: tres entre el Gobierno y grupos armados, y cinco entre grupos armados no estatales. El presidente Gustavo Petro abrió negociaciones con la mayoría de esas agrupaciones, pero sin resultados concretos hasta la fecha.
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