En medio de una de las mayores crisis económicas desde la revolución de 1959, que ha provocado un éxodo sin precedentes de ciudadanos hacia el exterior, el gobierno de Cuba anunció una serie de medidas para intentar revertir la situación. Las medidas pretenden ajustar el presupuesto público “a las condiciones de economía de guerra”, dijo […]
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En medio de una de las mayores crisis económicas desde la revolución de 1959, que ha provocado un éxodo sin precedentes de ciudadanos hacia el exterior, el gobierno de Cuba anunció una serie de medidas para intentar revertir la situación.
Las medidas pretenden ajustar el presupuesto público “a las condiciones de economía de guerra”, dijo la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo, en una reunión del Consejo de Ministros, el máximo órgano ejecutivo del país, según informó este lunes el medio oficialista Granma.
Los testimonios de los cubanos que no tienen acceso a medicinas o a productos básicos para sobrevivir, evidencian las duras condiciones con las que deben lidiar diariamente, calificadas por analistas como peores que las vividas durante los años 90 durante el llamado “Período Especial”.
La situación se ha vuelto tan crítica, que a fines de febrero el gobierno solicitó oficialmente ayuda al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para mantener la distribución de leche subsidiada a los niños menores de 7 años.
«Todos nosotros estamos para salvar la revolución y para salvar el socialismo», argumentó el presidente Díaz-Canel en la reunión.
Además de un recorte presupuestario, que implicará suspender inversiones, el anuncio incluye medidas como establecer una política de precios únicos y reducir la evasión fiscal, con el objetivo de “corregir distorsiones”.
La idea, explicó Granadillo, es enfrentar los desequilibrios macroeconómicos, aumentar el flujo de divisas que entran al país y estimular la producción nacional de alimentos, entre otras cosas.
Una de las medidas que más ha llamado la atención, aunque se desconocen los detalles, es el control de precios, el cual teóricamente se aplicaría “en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto al sector estatal como al no estatal».
Si se implementa, el anuncio afectaría a las empresas privadas que fueron autorizadas para operar en Cuba luego que en 2021 se levantara la prohibición que les impedía realizar actividades comerciales, la cual existía desde el inicio de la revolución
Fuentes extraoficiales señalan que el gobierno ha establecido contactos con el sector privado para comunicarles la aplicación de topes de precios en productos básicos como la leche en polvo, el detergente, el pollo o el aceite, aunque se desconoce la lista completa y la fecha en que el control de precios entraría en vigor.
Como el país se encuentra en una “economía de guerra”, el primer ministro de la isla, Manuel Marrero, sostuvo que en esa situación “es cuando más necesitamos planificar y es cuando más necesitamos ejercer un control”.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la economía en Cuba se contrajo un 2% en 2023, mientras que la inflación alcanzó el 30%.
El nuevo paquete de medidas se suma a un severo plan de ajuste anunciado por el gobierno en diciembre, que incluyó un aumento de 500% del precio de los combustibles, una subida en el precio de las tarifas de electricidad y un incremento en el costo del gas natural licuado.
El ajuste encareció aún más la vida para los cubanos, que en los últimos años han visto caer su poder adquisitivo por la inflación, la devaluación del peso cubano frente al dólar y la disminución del turismo, el principal motor económico de la isla.
En paralelo, el mercado negro y las remesas familiares siguen teniendo un peso vital para adquirir múltiples productos básicos en la isla.
La crisis económica, según las autoridades de Cuba, se debe al endurecimiento del embargo estadounidense en los últimos años, el efecto de la pandemia de covid en el turismo y la ola inflacionaria que ha afectado al mundo.
Pascal Fletcher
Analista de BBC Monitoring
Las medidas anunciadas por el gobierno esta semana fueron sólo el último indicio de alarma y urgencia oficial ante los problemas económicos crónicos que enfrentan el país y sus gobernantes.
Una vez más, el énfasis estuvo puesto en la idea de ejercer control. En ninguna parte hubo ninguna intención declarada de lanzar reformas liberalizadoras significativas en la economía estatal cubana para crear incentivos para la producción, por ejemplo, en el importante sector agrícola, que sigue estancado y es incapaz de abastecer a la población.
Los líderes de Cuba argumentan que la base de la «economía de guerra» es la respuesta necesaria a lo que llaman «un acto de guerra en tiempo de paz», infligido en la isla por las prolongadas sanciones económicas de Estados Unidos, descritas durante mucho tiempo por La Habana como «el bloqueo».
En los últimos meses, los líderes comunistas han estado utilizando cada vez más el término «economía de guerra» para describir lo que los expertos dicen que es la situación económica más catastrófica jamás experimentada por la isla sancionada por Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución de Fidel Castro en 1959.
Desde hace varios años, los cubanos comunes y corrientes han estado experimentando cortes de energía a diario que van de mal en peor -exacerbados en los calurosos meses de verano-, combinados con una escasez crónica de productos alimenticios, medicinas y una serie de artículos de consumo básico, en medio de un escenario de colapso generalizado de la agricultura y producción industrial, lo que hace que la isla, con problemas de liquidez, dependa en gran medida de importaciones que apenas puede permitirse, a menos que sean donadas o subsidiadas por los aliados políticos de La Habana.
La inflación real, que ha alcanzado niveles récord, ha dejado incluso los alimentos y artículos de primera necesidad más básicos fuera del alcance de muchos cubanos, a menos que tengan acceso a dólares de familiares en el extranjero, trabajen en el incipiente sector privado o tengan privilegios o acceso especiales en la jerarquía del Estado.
«Economía de guerra» o no, todo apunta a que los cubanos enfrentarán otro verano prolongado, caluroso y difícil, incluida la siempre presente posibilidad de que Cuba, a pesar de la persistente represión de las autoridades contra la disidencia y la oposición política, pueda ver una repetición de las protestas gubernamentales que se extendieron por toda la isla en julio de 2021.
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