En una sociedad en transición de una dictadura a la democracia surge una tensión entre la justicia y la estabilidad democrática. Esto es, se plantea si frente a la necesidad de hacer un tránsito a la democracia que sea más o menos estable, es mucho más prudente dejar de lado la justicia y optar […]
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En una sociedad en transición de una dictadura a la democracia surge una tensión entre la justicia y la estabilidad democrática. Esto es, se plantea si frente a la necesidad de hacer un tránsito a la democracia que sea más o menos estable, es mucho más prudente dejar de lado la justicia y optar por una política de perdón y olvido que garantice la consolidación de la democracia, incluso al precio de desconocer los derechos de las víctimas.
Hay un conjunto de problemas alrededor de esta discusión. Un primer problema que surge es acerca de la responsabilidad del Estado y la reparación de las víctimas. ¿Es viable pensar en una justicia restaurativa cuando el propio Estado perpetró o fue cómplice de violaciones contra sus propios ciudadanos? ¿Es responsable el Estado de haber secuestrado e implementado una dictadura?
Creo que no es necesario, como no ha sido en otros países, por ejemplo, en Argentina, Chile, Uruguay, discutir el tema de la responsabilidad del Estado. Hemos sustentado la tesis de que el Estado es un instrumento para servicio de la sociedad, se confía el uso de la fuerza para ser garante de los derechos de los ciudadanos, su manejo lo determina la soberanía popular a través del voto. Teóricamente, puede afirmarse que la sociedad es responsable in eligendo e in vigilando de quienes asumen el poder político.
La sociedad venezolana, pueblo y un sector empresarial, debido a la problemática social y la deficiencia del Estado, se encandiló con el discurso populista. La gente elegida, una vez con el poder político, iniciaron un proceso sistemático de destrucción del Estado de derecho, de sus instituciones, para crear otro aparato estatal a su antojo, convirtiéndolo en un Estado que aplasta la sociedad venezolana. Es más, la cúpula chavista convirtió al Estado democrático en un Estado terrorista. Cuestión que se manifiesta en el uso de la coacción o persecución ilegítima, el secuestro, desapariciones forzosas, la tortura, el asesinato o ejecución extrajudicial. En la creación en secreto de organizaciones terroristas (colectivos) clandestinas convencionales, apoyo a las mismas (pagos) o negligencia deliberada en su persecución. Estas organizaciones funcionan como extremistas de las fuerzas opositoras, lo que otorga justificación a sus promotores frente a la opinión pública. Mediante la instrucción o inducción a las fuerzas policiales y tropa propia para que actúe de tal manera que cause terror en la población civil o en el enemigo, o negativa a introducir medidas que limiten o persigan tales acciones. Mediante las expropiaciones destruyeron la economía, para silenciar a la prensa y la libre expresión, persiguieron a los periodistas, a los directivos de los medios, algunos los cerraron o urdieron infames procesos.
A través del poder del Estado se han violado los derechos humanos y se ha aplastado a la sociedad, no solo sometiéndola políticamente, sino a través de criminales políticas de importación y distribución de alimentos, de salarios infames y creando condiciones socio-económicas de expulsión que han provocado éxodo de millones de venezolanos. Las víctimas merecen justicia, esto es, derecho al acceso a la justicia para pedir castigo a los responsables y la consecuente reparación.
Conforme a la Constitución nacional, artículo 6º, el gobierno “es y será” siempre responsable. Se establece un sistema de responsabilidad, como lo estipulado en el artículo 43: “responsable de la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”. Además, está la responsabilidad individual penal, civil y administrativa, establecida en el artículo 25. Es incuestionable que el Estado debe reparar el daño antijurídico causado por sus actos a través de sus funcionarios. Es evidentemente una reparación patrimonial, pues la penal es para los funcionarios ejecutores del acto que produce el daño. Se trata de resarcir el equivalente patrimonial producido por la violación de los derechos de los ciudadanos. El problema es que la actuación de los funcionarios compromete de manera directa al Estado. Véase solo el caso de las expropiaciones, cuyo resultado ha sido calamitoso, fincas abandonadas y llena de zarzales o fábricas destruidas.
Existen críticas a esta posición, porque en última instancia es una carga para la sociedad entera. Pensamos que en los casos de las dictaduras populistas ha sido la propia sociedad que ha cometido los errores in eligendo. Lo cual en la práctica ha resquebrajado el tejido social. Reconocer los derechos a las víctimas es una forma de favorecer la reconciliación y reparar la cohesión social. Que el Estado repare patrimonialmente tiene la finalidad de que esos hechos no se repitan en el futuro y la sociedad genere los controles suficientes para que no haya usurpación ni desvío del poder hacia la arbitrariedad o para beneficio personal. En todo caso, las víctimas pueden impulsar sus casos ante la CPI o acudir a Estados soberanos valiéndose del principio de jurisdicción universal.
El autor es doctor en Derecho. Miembro fundador del capítulo España. Bloque Constitucional
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