Un pequeño grupo de venezolanos en Madrid, España, reclamó este domingo, una vez más, la libertad de la activista de los derechos humanos Rocío San Miguel y «todos los presos de conciencia, más de 300» de su país; además de manifestar temor por un posible «fraude» en las elecciones presidenciales de julio.
Cuando se cumplen 100 días de la detención de San Miguel y de su exmarido Alejandro González de Canales, ambos hispanovenezolanos, unas 50 personas se concentraron en el centro de Madrid en señal de «solidaridad» y «apoyo». También para denunciar cómo el «régimen» chavista ha estado 20 años «amenazando y destruyendo» la nación y «violando» los derechos humanos.
En un manifiesto, alertaron de que cualquiera puede ser llevado «preso» por el simple hecho de salir a protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Igualmente, «no se tienen garantías» de que los próximos comicios vayan a ser un proceso electoral «libre y plenamente democrático». Esto en alusión a «trabas» administrativas para registrarse y votar o la presentación de candidatos.
En declaraciones a EFE, Yajaira González de Canales denunció que su hermano, Alejandro, lo detuvieron el 9 de febrero en su domicilio y lo encarcelaron provisionalmente.
Por ahora, ni él ni la familia saben oficialmente de qué es acusado, ya que no tienen acceso al sumario; tampoco se le permite ser defendido por un abogado de su confianza y desconoce cuál es el de oficio que se le haya podido asignar.
Por algunas informaciones recibidas y conjeturas, podría tratarse de «espionaje militar» a favor de Estados Unidos; aunque Alejandro González de Canales dejó las Fuerzas Armadas hace 13 años, según su hermana.
Ha perdido en la prisión Rodeo 1 entre 10 y 15 kilos; y su padre, de 83 años, lo puede visitar solo unos 15 minutos a la semana, explicó Yajaira, que valoró el apoyo de las autoridades consulares españolas en Venezuela. Además, la familia tiene «miedo a represalias» en caso de reclamar que se aclare su situación.
Verónica, hermana de Fernando Noya, condenado en agosto de 2020 a 24 años por «terrorismo», denunció también «indefensión». Pues no se les permitió contar con un abogado particular, y tampoco han tenido acceso al expediente judicial.
Cumple condena en Rodeo 1 en condiciones «inhumanas» y en régimen de «aislamiento», con visitas de 10 minutos semanales.
El 9 de febrero también detuvieron de manera «arbitraria» a Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano; acusada por la Fiscalía de un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio de Maduro.
La arrestaron en el aeropuerto de Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
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