El Comité Europeo de Derechos Sociales ha dictaminado que la indemnización por despido improcedente en España es insuficiente y en absoluto repara la pérdida sufrida por el trabajador y aún menos disuade al empresario de llevarlo a cabo. Es decir, ni se compensa ni se persuade. La Carta Social Europea, cuyo garante es el propio Comité de Derechos Sociales, señala que se debe garantizar al trabajador el derecho a una indemnización acorde, como se reconoce en su artículo 24.
