El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la modificación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Discapacidad para establecer un procedimiento de urgencia para la valoración del grado de dependencia, ahora no regulado.