Los centros educativos van a poder activar un protocolo frente a las agresiones que sufren los profesores, ya sean físicas o verbales, de carácter amenazante, humillantes, discriminatorias, intimidatorias o situaciones de acoso, incluyendo las que se ejercen a través de los medios digitales. Tendrán que ser, eso sí, actos que estén tipificados como delito grave, delito menos grave y delito leve.
