En marzo de 2023, este diario publicó la historia de una joven alicantina que, después de intentar suicidarse, recibió una factura por el rescate de los bomberos: se le reclamaban 211 euros en concepto de rescate. El caso generó un gran revuelo en el Ayuntamiento alicantino a escasas semanas del comienzo de la campaña electoral, y provocó una rápida respuesta del gobierno local, en ese momento conformado por el PP y Ciudadanos: "Ya estamos trabajando en la modificación de la ordenanza para que se contemple la exención expresa de aquellos supuestos donde la intervención de los bomberos tiene por objetivo salvar vidas o la integridad física de las personas", anunció el alcalde, Luis Barcala. Un año después, nada se sabe de aquella modificación "exprés" prometida por el dirigente popular.
