El escándalo LIBRA, la emergencia por Bahía Blanca, los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema y el DNU por el acuerdo con el FMI se cuelan en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, en donde el oficialismo de Javier Milei, los aliados circunstanciales y la oposición dura comenzaron a dirimir fuerzas antes de que al año se lo coma la campaña electoral, en donde típicamente merma la actividad legislativa.
Ayer por la mañana, la Jefatura de Gabinete aceleró el envío del Decreto de Necesidad y Urgencia -a pedido del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo- para que su ratificación parlamentaria se haga de manera veloz. Se trata de un gesto direccionado al ámbito bursátil para que se dé a entender que el oficialismo está confiado en su aprobación.
Esta se tratará inicialmente en la Bicameral de Trámite Legislativo, la cual habilitará que el texto se dirima en ambas cámaras del Congreso. El primer recinto será Diputados. Allí es donde el Gobierno tiene una proporción de bancas propias y aliadas más importante que el Senado, por lo que será el lugar donde se defina si, finalmente, el DNU podrá sostenerse. Los legisladores no pueden hacer modificaciones al texto, sino que se debe convalidar u oponerse. Si ambas cámaras lo rechazan, el Decreto se cae.
El ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los que pidió que se acelere el tratamiento del DNU
En la Casa Rosada hay un sospechoso optimismo de que no habrá reveses en Diputados. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantiene conversaciones subterráneas con alfiles de la oposición que pueden garantizarle el número al oficialismo. Tanto el PRO, como la UCR de Rodrigo de Loredo, el MID y otros bloques minoritarios son clave para que Milei no vea volteado su DNU.
No hubo pronunciamientos de ningún tipo en esos bloques. Aunque sí lo hizo el presidente nacional del PRO, Mauricio Macri, que criticó la modalidad bajo la cual Milei se dio la venia para acordar con el Fondo Monetario.
Uno de los hombres más importantes de la Casa Rosada afirmó que la postura del expresidente no es representativa de los diputados del PRO: "No voy a detonar la relación con el PRO porque no sabe de derecho. Un DNU aprobado en ambas cámaras es jurídicamente exactamente lo mismo que una ley. No me imagino a sus legisladores rechazando el acuerdo".
En el cortísimo plazo, este mismo miércoles habrá una sesión solicitada por bloques opositores para abordar el caso de la criptomoneda LIBRA y declarar la emergencia ambiental en Bahía Blanca.
El diputado de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, solicitó días atrás una sesión especial para crear una comisión investigadora sobre el criptogate, que contempla también pedidos de informe a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vocero presidencial, Manuel Adorni; entre otros.
Ayer el temario tuvo una ampliación y se le agregó la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional de 90 días para la ciudad de Bahía Blanca; un proyecto creado por la diputada nacional de UxP, Victoria Tolosa Paz, el cual puede interpelar al gobierno a enviar mayores fondos u otro tipo de asistencias a la ciudad bonaerense.
Todas las miradas están puestas en el artículo 4 de la iniciativa, que apuesta por la adopción de medidas financieras especiales. El Gobierno ya le giró a la provincia de Buenos Aires un total de $ 10.000 millones, mientras que la Municipalidad de Bahía Blanca calculó que se precisan $ 400.000 millones para la reconstrucción de la ciudad y sus alrededores.
El artículo 4 del proyecto presentado por Victoria Tolosa Paz
Los bloques solicitantes creen que pueden llegar a conseguir quórum (es decir, 129 diputados presentes), aunque no es algo que esté asegurado. Acompañan Unión por la Patria, una parte de Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y Democracia para Siempre.
El PRO y la UCR estarían dispuestos a acompañar la emergencia ambiental pero no la comisión LIBRA. "Es un tema que lo tiene que resolver la Justicia", dijeron en el bloque amarillo en una reunión de bloque hecha ayer. Todas estas cuestiones precisan los dos tercios de los votos presentes ya que ninguna pasó por aprobación en comisiones.
Este miércoles también se reunirá las comisiones que tratan el proyecto de Régimen Penal Juvenil. Se espera que el proyecto que más adhesiones junte sea el de la baja de imputabilidad a 14 años.
El suceso clave del Senado de esta semana transcurrirá mañana en la Comisión de Acuerdos, en donde la oposición buscará terminar de completar la firma del pliego de Manuel García-Mansilla, uno de los dos nombrados por decreto por Milei en la Corte Suprema (y el único que ya logró jurar como miembro de ese tribunal).
Mientras que Ariel Lijo consiguió meses atrás las nueve firmas de su pliego -lo que posibilita que no se precisen dos tercios para habilitar su discusión en el recinto-, García-Mansilla no tenía los avales suficientes porque el kirchnerismo no se aprestaba a aprobar su candidatura.
Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo
A diferencia de ese escenario, el bloque de Unión por la Patria ahora sí quiere que se completen las nueve firmas del catedrático, pero para rechazarlo en una próxima sesión especial. Ese espacio aportará siete firmas en un dictamen, mientras que los porteños Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Martín Lousteau (UCR) harán lo propio en otro texto aparte. De esa manera, se entiende que estarán las nueve adhesiones para evitar que su pliego deba ser aprobado sobre tablas.
En la Casa Rosada afirman que no retirarán ninguno de los dos pliegos que descansan en la Cámara alta. De suceder un rechazo para García-Mansilla y Lijo, ninguno podrá asumir como miembro vitalicio.
Sin embargo, en el círculo presidencial interpretan que el primero podrá mantenerse como el cuarto miembro de la Corte (porque ya juró y solo podría ser expulsado por juicio político) hasta el 30 de noviembre; mientras que el segundo debería renunciar a su juzgado federal en Comodoro Py para poder juramentarse, también hasta el fin de las sesiones ordinarias. "El decreto con los nombramientos en comisión sigue vigente", interpretan.
"Si el senado avanza un año y medio después [de presentados las candidaturas] es indicador que quieren dañar al Gobierno", afirmó un encumbrado miembro de la cúpula presidencial.
