Javier Milei mantiene como objetivo la privatización de las empresas públicas incluidas en la Ley Bases. En este sentido, un informe especial de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) confirmó que se encontraron incumplimientos, movimientos sin justificación, deudas millonarias con AFIP e irregularidades. La respuesta de la empresa de Santa Cruz.
Si bien existe la intención del gobernador Claudio Vidal de mantener la empresa pública, el gobierno nacional extendió por 60 días el plazo para que la firma se transforme en Sociedad Anónima mientras que trascendió, de fuentes vinculadas, que ya hay posibles inversores extranjeros interesados.
Sin embargo, la auditoría de 56 páginas ofrece un panorama sobrio sobre las finanzas de la empresa pública chubutense. En el mismo, muestra irregularidades en el funcionamiento de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos, algo que proviene de larga data.
"Persisten la falta de planificación presupuestaria e inconsistencias en el registro de la ejecución contable-presupuestaria, importantes debilidades que comprometen la confiabilidad e integridad de los sistemas (software y hardware), de la seguridad informática y consecuentemente, de la información que resguardan y suministran, la ausencia de inventarios de bienes de uso e inversiones que contenga la totalidad de los bienes debidamente valorizados, entre otras cuestiones observadas", reza el informe llevado a cabo por la gestión.
Por su parte, el organismo advirtió que la empresa no envió la totalidad de la documentación sobre los últimos documentos emitidos hasta el 23/09 de los distintos puntos de venta -facturas, recibos, notas de débito y crédito.
Además, resultó incompleta la documentación sobre algunas cuentas bancarias, dónde se omitió información sobre los últimos cheques emitidos. "Las situaciones descriptas no permitieron reconocer fehacientemente las últimas operaciones registradas en el ejercicio", afirmaron.
En cuanto la operación y mantenimiento de la empresa, la SIGEN indicó que existe una "carencia" de un sistema de información necesario para la toma de decisiones y el control de la empresa.
"Es el corte de la gestión anterior, que terminó el 23 de septiembre. Hemos iniciado un saneamiento fiscal y tributario de la empresa en primer término", indicó en diálogo con El Cronista el actual presidente de la empresa Pablo Pavel Gordillo.
Es una clara referencia al escándalo que ocurrió en octubre tras que el gobierno anunciara la salida de Thierry Decoud, quien había sido apuntado por Javier Milei. El funcionario había quedado envuelto en un caso de corrupción luego de que una investigación periodística revelara que dos "intermediarios" habrían solicitado un retorno en su nombre para concretar una operación de venta de carbón con la empresa israelí TEGI.
Las dos personas involucradas son Andrés Gross y Alejandro Saleme, quienes quedaron registrados en conversaciones donde realizan los presuntos pedidos de coimas a los ejecutivos de la compañía israelí.
La operación se dio a mediados de junio e iba a ser una compra de 30 mil toneladas de carbón por alrededor de US$2.100.000. Cuando el acuerdo estaba por cerrarse, apareció Gross para solicitar un pago adicional al representante de TEGI en la Argentina, Juan Agustín Yarke Ariet.
En este sentido, Gordillo espetó que su gestión, a partir del 23 de septiembre, canceló una deuda de casi 8.000 millones de pesos con el ARCA.
Según el funcionario, el plan de reactivación está en marcha y la subasta del carbón que había adelantado El Cronista se hará en los próximos días.
Asimismo, Gordillo indicó que se encuentran armando las presentaciones de la nueva gestión para la SIGEN y que desconoce porque la gestión no contestó los pedidos llevados a cabo por el organismo. "La salida fue bastante compleja porque hubo denuncia", remarcó.
La minera está en la mira del gobierno libertario desde su asunción por sus números en rojos para y el flujo de recursos que demanda para funcionar. Al cierre del tercer trimestre del 2024, tuvo un resultado económico negativo de $8.728 millones, tras haber recibido giros del Tesoro nacional, en los primeros nueve meses del año pasado, por $53.837 millones. Sin estos recursos, su rojo operativo fue de $62.565 millones.
Esta situación fue advertida por la SIGEN, que señala en su informe que "la inmensa mayoría de los Ingresos del Yacimiento corresponden a Transferencias del Tesoro Nacional. Lo señalado evidencia que la operatoria del YCRT no resulta suficiente para solventar su gestión".
Según el informe y en base a la información brindada por las autoridades de YCRT, en el complejo minero trabajan 2.094 agentes, con una remuneración bruta promedio de $2,4 millones. Bajo esta gestión, hubo 30 empleados que adhirieron al retiro voluntario por un total de $ 587,7 millones.
El Ejecutivo provincial sostienen que se debe "encontrar una salida" a la compleja situación de la empresa sin caer en la privatización.
En este sentido, Vidal le acercó una propuesta alternativa al presidente Javier Milei cuando viajó a Río Gallegos. Paralelamente, el gobernador se encarga de recordar el tema cada vez que habla con un funcionario nacional. En un principio, fuentes cercanas a Vidal calificaron como un logro que en un principio no se privatice y se logre que sea de gestión mixta.
Según indicó en diálogo con El Cronista el nuevo interventor Pablo Pavel Gordillo, puesto por Vidal y aceptado por el gobierno nacional, la empresa avanza en marcha segura hacia una sociedad anónima.
Con respecto al plan de reactivación, la próxima semana la empresa subastará 30.000 toneladas de carbón acopiadas en el puerto de Punta Loyola. Esto tiene como objetivo acumular reservas para poder reactivar una mina que hasta ahora es deficitaria y representa pérdidas para el Estado Nacional.
Gordillo indicó que la subasta la llevará a cabo el Banco Ciudad y que hay cinco oferentes extranjeros interesados. Entre ellos estaría China. que ya en octubre visitó con una delegación la sede ubicada en Río Turbio.
Acorde a fuentes oficiales se enmarca en la estrategia de fortalecimiento lazos internacionales impulsada por el Vidal en su reciente viaje a aquel país, con el fin de asegurar la venta de carbón y aumentar la producción y evitar así una futura privatización a la vez de preservar los empleos y la estabilidad social en la Cuenca Carbonífera.
Gordillo expresó que están puliendo un posible intercambio comercial con el gigante asiático pero advirtió que lleva su tiempo. En ese sentido, los santacruceños venderían el carbón a cambio de que los chinos den insumos para la maquinaria.
Por otra parte, ya en octubre, Vidal junto con Gordillo habían anunciado el proyecto usina 240mW para sumar energía al interconectado. En ese momento, y en una reunión con los intendentes y sindicatos, Vidal había anunciado un plan de trabajo que proyectan implementarlo dentro de los próximos tres meses, pero por el momento dicha iniciativa se encuentra sin resultados.
