En la Casa Rosada son conscientes de que los años con elecciones la actividad legislativa es significativamente menor que en los años pares. Los diputados y senadores nacionales a los que se les vencen las bancan piensan en su renovación o reposicionamiento político y no solo merman la cantidad de leyes sancionadas sino las sesiones y las reuniones de comisiones.
Ese escenario está planteado en la mesa política libertaria, la cual integran el círculo de dirigentes de estrechísima confianza de Javier Milei. Pero consideran que, aun así, hay un tiempo para impulsar un paquete de medidas clave antes de que comience la dinámica electoral.
En reuniones privadas, el Presidente se convenció de que hay "una ventanita" de tiempo en la que pueden presentar proyectos antes de que se bajen las persianas del Congreso Nacional con el comienzo de la campaña.
La posibilidad de presentar proyectos o imponer agenda será mayor en la medida que La Libertad Avanza logre eliminar las PASO, iniciativa que quieren tratar en extraordinarias en febrero o, en su defecto, en marzo. Aun así, el PRO y otras fuerzas que podrían dar los votos apuestan por suspenderlo. Matices que deben resolverse.
El Presidente estudia enviar la reforma tributaria que anunció en el discurso por su año de gestión. Busca hacerlo en el período de sesiones ordinarias y antes de que comience la campaña. "Tenemos un tiempo para poder hacerlo y lo vamos a intentar", les aseguró a sus interlocutores. También tiene en mente una reforma laboral, una política-electoral y una previsional.
El 10 de diciembre pasado, Milei aseguró en conferencia de prensa que estaba terminándose en las usinas del Ministerio de Economía una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y les devolverá a las provincias "la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido". En la Presidencia dicen que no sería de más de seis impuestos.
Un informe del Instituto Argentino para el Análisis Fiscal (Iaraf) identificó 155 diferentes tipos de tributos entre impuestos, tasas y contribuciones: 46 a nivel nacional, 25 a nivel provincial y 84 a nivel municipal. Según IDESA, IVA y Ganancias explican el 54% de la presión tributaria total, mientras que Ingresos Brutos, Cheque y Derechos a la Exportación son las otras tres que le siguen en recaudación. Las tres primeras financian a las provincias, lo que las configura como cajas clave a las que los gobernadores miran atentos, al igual que Ingresos Brutos.
Luis Caputo y Javier Milei
La cuestión tributaria es una sobre la que Milei no puede regular ni siquiera con facultades extraordinarias. Lo indica el art. 99, inc. 3 de la Constitución Nacional, la misma que lo obliga a pasar por allí los asuntos penales, electorales o de régimen de los partidos políticos.
Es por eso que La Libertad Avanza apunta todos los cañones para lograr la eliminación de las PASO. Menos auspicioso es el panorama para la reforma del sistema de partidos que El Cronista dio cuenta en noviembre del año pasado, que se basa en una reforma del financiamiento de los partidos políticos y de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
Esta última descansa en la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, el área a cargo de la abogada administrativista María Ibarzábal, que responde a Santiago Caputo.
Amparado por las facultades que tiene por la Ley Bases, en la Casa Rosada avisan que está al caer una reforma financiera, la cual tendría varios componentes pero que está orientada a evitar autocorridas y para que se puedan utilizar reservas ante ese tipo de circunstancias. "Ya está en marcha", avisa Milei.
Hasta ayer, las reservas del Banco Central eran de u$s 32.804 millones, el resultante de una compra en ese día de u$s 107 millones. En paralelo, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, continúa con el cierre de la negociación de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con fondos privados para seguir sumando reservas necesarias para levantar el cepo. La reforma estaría atada a la consecución de esos dólares, avisaron en un despacho oficial.
En otro orden están las reformas laboral y previsional, las cuales aún están cerrándose y -ahí sí- el oficialismo tiene menos previsiones de presentarlo antes de que se renueve la composición de Diputados y el Senado. La primera está orientada a flexibilizar la extensión de la jornada de trabajo a 12 horas a través de un banco de horas y habilita las negociaciones a la baja en los convenios colectivos de trabajo.
La segunda pretende enviarse al Congreso al unísono de la reforma laboral. Esta busca "premiar" a quienes se jubilaron sin la moratoria, dándole un instrumento financiero que esté atado al crecimiento del PBI. Por esa misma cuestión, el Gobierno no estaría pensando en prorrogar la moratoria, que vence en marzo.
Esto vendría aparejado con una suba de la edad jubilatoria, la baja de las cargas sociales y la simplificación del sistema regímenes jubilatorios especiales.
